El juez del 'caso SEPI' involucra a «diversos cargos públicos» en el cobro de comisiones
Los investigados actuaban bajo el grupo ‘Hiroruk’ y habrían mediado en operaciones por valor de 133 millones de euros
El expresidente de la SEPI Vicente Fernández abandona la Audiencia Nacional. | Diego Radamés (EP)
El grupo Hiroruk («los tres» en vasco) cobró más de 750.000 euros en comisiones. El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, considera que la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el dueño de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, formaron una estructura paralela a la empresa pública entre 2021 y 2023 para favorecer contratos y rescates gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia». La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que mediaron en al menos cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros y que en esa tarea se sirvieron de la ayuda de «diversos cargos públicos».
«Fueron detectadas hasta cinco operaciones concretas, en las que los componentes del grupo habrían desplegado sus capacidades, obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas Administraciones Públicas y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI», explica el auto judicial por el que Piña dejó en libertad con medidas cautelares a los tres detenidos.
Fernández presidió el ente público entre junio de 2018 y octubre del año siguiente, cuando dimitió tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Luego trabajó para Servinabar, donde cobró 128.000 euros entre junio de 2021 y abril de 2023. La UCO sostiene que las comisiones del grupo Hiroruk se canalizaron, supuestamente, a través de la empresa Mediaciones Martínez. Los investigadores creen que la trama «podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración Pública en beneficio propio o de terceros».
La SEPI y el grupo Hiroruk
«En la perfección de este sistema, los integrantes del grupo habrían actuado de forma coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones», insiste el auto. Los investigadores sostienen que la mayor parte de los fondos canalizados a través de Mediaciones Martínez se destinaron a inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), activos que se presumen comunes a los tres investigados. El auto detalla beneficios directos para Fernández. La investigación ha acreditado la asignación personal de al menos 49.350 euros a través de transferencias e ingresos en efectivo.
La principal operación que realizó la trama por la que han sido detenidos Díez, Fernández y Alonso fue la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones. «Los indicios recopilados ponen de manifiesto que, por parte del grupo Hiroruk, se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por la sociedad Mediaciones Martínez», revela el auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
«Las acciones desarrolladas por Hiroruk habrían consistido, según las propias palabras de los investigados, en su intermediación, la cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda», insiste Piña en su escrito. El eje de la investigación sitúa a Fernández como pieza clave de un grupo criminal autodenominado Hirurok. El nombre proviene de un grupo de WhatsApp que integraban los tres investigados, a los que el juez ha retirado el pasaporte, prohibido salir de España y obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado.
Una segunda operación, adelantada por este diario, implica ayudas públicas de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), participada por la SEPI, por valor de 17,3 millones a favor de Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia. Los investigadores destacan que «por este otorgamiento se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros». La ayuda se otorgó a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip), creado a finales de diciembre de 2020 para combatir los efectos de la pandemia mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.
Cinco operaciones
Otra de las operaciones destacadas tuvo lugar en Asturias y está relacionada con el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). La trama habría influido en el presidente de la mesa de contratación para adjudicar un contrato de 2,8 millones de euros a la UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente. Como contraprestación, el grupo Hirurok habría recibió 400.000 euros mediante «operativas complejas diseñadas para encubrir el origen de los fondos y desconectarlos de sus destinatarios finales».
La trama también consiguió la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa a Servinabar por importe de 18.120 euros. «Los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esa justificación y, por otro, propiciaba un beneficio económico al grupo. Fruto de esta operación, la empresa de Alonso elaboró «un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede».
La Audiencia Nacional también investiga sobrecostes en Enusa. Los investigadores ponen en el foco al que fuera su responsable, José Vicente Berlanga, hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos. En el marco de una operación con Acciona, la trama habría orquestado la contratación del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes por parte de la empresa que gestiona el Uranio en España. Los investigadores sospechan que se introdujeron sobrecostes del 50% en el contrato. La trama se habría hecho con 17.545 euros.