El 'contable' de la trama SEPI usó durante seis años el nombre de un asesor fiscal jubilado
La UCO otorga un papel clave a Mediaciones Martínez, a través de la que habrían canalizado las comisiones obtenidas
Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. | Ilustración de Alejandra Svriz
José María Martínez era un jubilado feliz hasta el sábado pasado. Ese día, este zaragozano de 72 años se vio ligado a una presunta red de corrupción que investiga la Audiencia Nacional a través de una de sus criaturas, Mediaciones Martínez, la empresa que fundó en 2010 y que vendió ocho años más tarde. Desde entonces, su administrador único es Carmelo Aznárez, que esperó hasta agosto del año pasado para cambiar su denominación social a Promociones Inmobiliarias Ku-Ma. Los investigadores sospechan que la trama SEPI canalizó a través de esta firma al menos 750.000 euros que habrían conseguido en comisiones por, presuntamente, haber amañado contratos públicos.
Este antiguo asesor fiscal desconoce los motivos que llevaron a Aznárez a mantener seis años el nombre de la empresa que vendió en 2018. Mucho más cuando cambió el domicilio y el objeto social. «Me lo compró un señor mayor, serio, que había sido director de Ibercaja muchos años. Creo que Aznárez era familiar de ese hombre», explica José María Martínez a THE OBJECTIVE en una conversación telefónica. A pesar de las noticias de los últimos días, asegura que está tranquilo.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestó la semana pasada a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al dueño de Servinabar, Joseba Antxon Alonso. El juez Antonio Piña les dejó el sábado en libertad, aunque con medidas cautelares. Los investigadores sospechan que conformaban un grupo autodenominado Hiroruk («los tres» en vasco) que cobró más de 750.000 euros en comisiones gracias a una estructura con la que favorecía contratos y rescates gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia».
«Una SEPI paralela»
La trama «podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración Pública en beneficio propio o de terceros». En esa tarea habrían contado con la ayuda de «diversos cargos públicos». La trama, según los investigadores actuaban como una «SEPI paralela», habría intervenido en al menos cinco operaciones que alcanzan los 132,9 millones de euros entre 2021 y 2023. La UCO cree que el grupo Hirurok canalizó las comisiones a través de una empresa sin empleados, Mediaciones Martínez, y que la mayor parte de esos fondos se destinaron a inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca).
El teléfono de José María Martínez ardió el sábado. Desde entonces, sus antiguos clientes le llaman alarmados tras advertir el nombre de Mediaciones Martínez en periódicos y televisiones. «Encontrarse esta historia no es nada agradable», lamenta el jubilado. El afectado relata que fundó la empresa en enero de 2010 como agencia de seguros de crédito, pero que en la actualidad no tiene ninguna relación con ella porque la vendió al jubilarse.
«La vendí en 2018 a Anci Soluciones, que se hizo cargo de la cartera de clientes y siguió operando hasta que, un año más tarde, se deshizo de ella. Los nuevos propietarios procedieron al cambio de administrador, la sustitución del objeto social y cambió de denominación y de domicilio social, que actualmente es Promociones Inmobiliarias Ku-Ma», explica Martínez desde su residencia en la capital aragonesa. Unos datos que confirman los portales sobre consultas mercantiles.
Aznárez se convirtió en administrador único de Mediaciones Martínez el 18 de junio de 2018. Desde entonces está al frente de una sociedad que comenzó dedicándose a la mediación de seguros pero que, en agosto de 2021, cambió su objeto social para dedicarse a actividades empresariales en las áreas de explotación de infraestructuras, inmobiliario y promoción de suelo, energía y agua, transporte y servicios complementarios, entre otros. Sin embargo, el conocido como contable de la trama SEPI siguió utilizando su nombre original hasta agosto del año pasado, cuando pasó a denominarse Promociones Inmobiliarias Ku-Ma.
El grupo Hiroruk
La nueva denominación no está manchada porque los investigadores y los medios se refieren a la sociedad que presuntamente trató de ocultar los beneficios del grupo Hiroruk con su nombre anterior. José María Martínez quiere poner blanco sobre negro y acabar con las especulaciones: «No me gusta que me relacionen con esta gente y este tipo de cosas». Este zaragozano jubilado desde hace años afirma sentirse «tranquilo» porque nunca ha cometido ninguna ilegalidad: «No me he puesto en contacto con la Guardia Civil, pero estoy esperando que alguien me llame».
«Cuando vi mi nombre no sabía lo que había pasado. Pedí información sobre la actividad de la empresa y me di cuenta de lo que ocurría. Yo en su momento facturaba 60.000 euros anuales y ahora esa cantidad aumentó mucho», señala José María Martínez. Le han llamado clientes antiguos sorprendidos por lo que está pasando y asegura que no han sido días «agradables». Su intención es que se aclare todo y está dispuesto a acudir donde se le requiera para dar las explicaciones necesarias: «Todo está en el registro».
Los investigadores han detectado diferentes pagos de Mediaciones Martínez a Servinabar y desde la constructora navarra a la que presuntamente estaría ligado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a la actual Promociones Inmobiliarias Ku-Ma. Entre 2022 y 2023, la empresa que administra Aznárez pagó 148.406 euros a la sociedad de Joseba Antxon Alonso. Un poco antes, a finales de 2021, fue Servinabar la que abonó más de 60.000 euros a Mediaciones Martínez, a la que la UCO otorga un papel fundamental en la trama SEPI.
José María tiene la conciencia tranquila porque hace años que no está relacionado con la empresa. Al frente se encuentra Aznárez, socio de la asesoría fiscal Conaudire y administrador (único o concursal) en una docena de sociedades, entre las que destacan Habitat Ibon de IP, Lucosal 2006, Innova Recyclinn and Services, Mascun Obra Civil, Azpe Economistas y Anci Soluciones. También creó una firma, Residencias Tuteladas de Aragón, para gestionar residencias de inmigrantes en plena crisis de las pateras en Canarias, en la primavera de 2024.