Peinado exime al delegado del Gobierno en Madrid del delito de malversación

El delegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín, ya puede respirar tranquilo. El juez Juan Carlos Peinado ha archivado la causa contra el dirigente socialista por un delito de malversación en la contratación y labores de la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez. Lo hace después de que la Audiencia Provincial de Madrid le emplazara a archivar la causa al considerar que la imputación se basó en «meras suposiciones».

«Visto el contenido de las presentes actuaciones y de la resolución de la Audiencia Provincial acordando la inadmisión de la querella presentada (por Vox) contra Fran Martín por malversación de caudales públicos, y visto el contenido de la indicada resolución, resulta plenamente acreditado que el investigado no ha participado en el delito de malversación de caudales públicos», afirma Peinado en un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

A principios de diciembre, la Audiencia de Madrid estimó los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, a los que se sumaron Begoña Gómez y su asesora. La resolución del órgano provincial abocó al archivo de la causa contra Fran Martín, al que Peinado decidió imputar en mayo por su posible participación en la contratación y conocimiento del trabajo de Álvarez en Moncloa. El actual delegado del Gobierno ejerció como secretario general de Presidencia entre 2021 y 2023, años después de su contratación.

La Audiencia de Madrid

Los magistrados consideraron que «no consta que (el actual delegado del Gobierno en Madrid) supiera» que la asistente estuviera «excediéndose de sus funciones por indicación de Begoña Gómez, (…) tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad». Estos también señalaron que «los recurrentes, casi de forma unánime, se centran en la legalidad del nombramiento de Álvarez (…), cuestión que está fuera de toda duda».

La Audiencia Provincial ya recordó en junio que la investigación debía centrarse en si el desempeño de las funciones públicas de la asesora fueron sobrepasadas para favorecer el presunto «plan delictivo» de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, en dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del presidente del Gobierno», insistieron los magistrado.

Sin embargo, los correos electrónicos que aportó a la causa el ex vicerrector de Relaciones Institucionales en la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio revelaron que la asesora en Moncloa realizó gestiones clave de la cátedra de Begoña Gómez. Gracias a esos mensajes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditó que la directora de Programas de Presidencia se encargó de tareas que «trascendían de los cometidos inherentes al puesto que ocupaba».

Begoña Gómez y su asistente están imputadas por un delito de malversación por la contratación de Álvarez y por su supuesta participación en actividades privadas de la esposa de Sánchez. En caso de que el asunto llegue a juicio, Peinado ha decidido que sean juzgadas por un tribunal popular. La Audiencia de Madrid avaló el procedimiento, pero determinó que esa pieza separada se juzgue junto al resto de delitos por los que se investiga la mujer del presidente del Gobierno.

Correos a los patrocinadores

Álvarez fue contratada el 16 de julio de 2018, mes y medio después de que Sánchez llegara a Moncloa. Desde entonces desempeña el cargo de directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia con un sueldo de 37.000 euros netos (algo más de 52.000 euros brutos por llevar su agenda. Hazte Oír presentó en julio del año pasado una querella contra la asesora de Begoña Gómez por supuesta malversación de fondos públicos tras comprobar que había solicitado a uno de los colaboradores de la cátedra que mantuviera la asignación económica. Es solo uno de los indicios que constan en la causa.

La asistente escribió un email el 8 de febrero del año pasado a Pilar Suárez-Inclán, directora de Comunicación y Reputación Corporativa de Reale Seguros, que ya sufragaba el proyecto académico de Begoña Gómez con 15.000 euros al año. Álvarez le comentó que la esposa de Sánchez le había pedido que le trasladara que «le encantaría» que siguieran patrocinando la cátedra. Lo hizo desde su cuenta personal. Sin embargo, en el primer correo que le envió, tres años antes, en noviembre de 2021, la asesora utilizó un dominio oficial de Presidencia.