Un investigado por el fuel declara al juez que un exchófer de Sánchez le ofreció ser un testaferro

José Fernández Rosado, investigado en la trama de hidrocarburos, ha asegurado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa que el empresario Cristian Corvillo —chófer de Pedro Sánchez en unas primarias para liderar el PSOE— le ofreció ser testaferro de una empresa.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración como investigado, Fernández Rosado ha dicho que fueron Corvillo y Miguel Romero Bravo quienes le ofrecieron figurar como administrador de Espaeventos, una de las empresas investigadas, a cambio de cobrar una cantidad de dinero que no habría llegado a percibir.

Las citadas fuentes indican que Fernández ha señalado ante el magistrado Santiago Pedraz que ambos investigados dirigían Espaeventos y daban las órdenes de las operaciones y transferencias bancarias que él mismo debía firmar.

Fernández Rosado ha sostenido que salió de la empresa en 2023 tras un desencuentro con Corvillo y Romero por las transferencias que le pedían realizar a sociedades en Portugal y por un ingreso de un millón de euros que recibió la sociedad y cuyo origen desconocía.

Según las fuentes presentes en su declaración, Fernández ha afirmado que se negó a reconocer ese ingreso, lo que provocó su salida de la empresa. Antes de abandonarla, ha añadido, reconoció ante la Agencia Tributaria que Espaeventos debía más de 10 millones de euros en impuestos. Su declaración ha llegado después de que, este martes, el investigado Javier Sequi reconociera que le colocaron como administrador de otra empresa asociada a la trama a cambio de 3.500 euros mensuales «por no hacer nada».

Influencia en varios ministerios

La UCO ha apuntado en el último informe aportado a la causa que la trama de hidrocarburos no solo habría conseguido infiltrarse en la cúpula del Ministerio de Transportes, cuando lo dirigía José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces a cargo de Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.

Una infiltración que se habría realizado a través de Aldama, «persona con acceso al entorno» de Ábalos, con la finalidad de «influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos» y «todo ello a cambio de una contraprestación económica», según el instituto armado.

Además, los agentes han señalado a Aldama y al también empresario Claudio Rivas como presuntos cabecillas de la trama, indicando que «ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras». La trama habría formado «una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos», que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras empresas vinculadas al sector.

«De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas», según el informe.

La UCO establece el inicio de las presuntas operaciones delictivas en 2020, cuando desde el «entorno de la presunta organización criminal» se habría pedido a Aldama «que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes», con el objetivo de que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.

Finalmente, sostiene que la trama habría gastado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.