Condenados seis exalcaldes del PP en la Comunidad de Madrid por la trama Púnica

La Audiencia Nacional ha condenado a 29 personas, seis de ellas exalcaldes de la Comunidad de Madrid, por delitos de corrupción cometidos mediante adjudicaciones de contratos millonarios a la empresa Cofely a cambio de comisiones y dádivas entre 2012 y 2014 en la denominada trama Púnica.

La Audiencia ha condenado a penas de prisión al exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, al de Collado Villalba Agustín Juárez, al de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, todos del PP; al de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, de un partido independiente, además de al socialista José María Fraile, exregidor de Parla.

Asimismo, condena a prisión a los hermanos Alejandro y Mario Utrilla, el primero exconcejal de Medio Ambiente de Móstoles y el segundo exdiputado regional del PP y exalcalde de Sevilla La Nueva. Para el regidor de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas, del PP, la pena es de inhabilitación especial, en tanto que han sido absueltos los de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato y de Valdemoro, José Carlos Boza, del mismo partido.

La Audiencia Nacional ha impuesto la principal condena a David Marjaliza, corruptor de la trama y antiguo socio de Francisco Granados, sentenciándolo a ocho años y dos meses de prisión.

El tribunal ha declarado culpables a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas juzgadas en la pieza seis del caso Púnica. La sentencia determina que los acusados emplearon «prácticas corruptas» para amañar contratos públicos de eficiencia energética a favor de la empresa Cofely mediante sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de la Comunidad de Madrid.

Se imponen penas de más de seis años de cárcel al entonces director general de Cofely Didier Roger Maurice, al exdirector Comercial Constantino Álvarez o al que fuera director Comercial de Cofely Pedro García Pérez. A la empresa Cofely se le ha impuesto una multa de más de 3,5 millones de euros.

Una organización criminal que amañaba contratos

A juicio del tribunal, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los directivos de Cofely y Marjaliza actuaron como una organización criminal con una planificación integral para obtener la adjudicación de contratos de eficiencia energética en ayuntamientos ofreciendo o aceptando acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban.

La empresa conseguía datos de consumo y estado de las instalaciones antes de la licitación, pero también participaba en la conformación del expediente administrativo mediante aportación de los elementos esenciales del contrato, como el precio, la fórmula de valoración económica, duración, criterios de valoración, en su propio interés.

No solo eso, sino que en el cálculo del precio se incluían las partidas de project y de auditoría, que eran los dos mecanismos defraudatorios usados para canalizar el pago de las dádivas comprometidas con políticos o funcionarios, de manera que, si este precio ofertado era aceptado como precio de licitación y finalmente se adjudicaba el contrato a Cofely, el contrato llevaría un sobrecoste a cargo del Ayuntamiento.

«Esta dinámica se ha repetido, con las variantes propias de cada caso, en la práctica totalidad de los Ayuntamientos afectados, objeto de esta pieza separada», concluye el tribunal.

Una demora de más de once años en la sentencia

A muchos de los condenados, se les aplican las atenuantes de confesión tardía, dilaciones de indebidas y reparación del daño. El tribunal ha admitido que la sentencia se dicta once años después de que se iniciara el caso en junio de 2014, tardanza que atribuye, entre otros déficit estructurales, a «la sobrecarga de macrocausas que padece la Sala Penal de la Audiencia Nacional».

Hasta el momento, la justicia solo ha juzgado al principal acusado del caso Púnica, Francisco Granados, por una cuestión tangencial: el chivatazo que le dio un guardia civil mientras lo investigaban.