La Justicia revoca la orden de Peinado para analizar los correos de Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid vuelve a enmendar a Juan Carlos Peinado. El órgano provincial ha dejado sin efecto la decisión del juez de analizar los correos electrónicos que emitió y recibió Begoña Gómez desde el 11 de julio de 2018 hasta la fecha. Los magistrados consideran que la decisión no está suficientemente motivada e incumple «los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad». La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está investigada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida e intrusismo profesional.

En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la sección número 23 de la Audiencia de Madrid estima los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez contra la providencia dictada por Peinado el pasado 3 de septiembre. Los magistrados revocan la parte dispositiva al considerar que la petición de los correos electrónicos y su posterior análisis por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil carece de justificación.

Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, reclamó a Presidencia del Gobierno que le enviase las comunicaciones de la esposa del presidente del Gobierno. El juez recibió semanas atrás una memoria USB de los emails enviados y recibidos por Begoña Gómez entre el 18 de julio de 2018 y el pasado 23 de septiembre desde la cuenta que le asignaron en Moncloa. A continuación los remitió a la UCO a través de una providencia dictada el 2 de noviembre.

Los mensajes de Begoña Gómez

Los magistrados anulan la diligencia «a fin de que se proceda a dictar resolución en forma de auto con la motivación oportuna». Peinado reclamó a Moncloa si Begoña Gómez disponía de una dirección oficial de correo electrónico al considerar «útil y pertinente conocer la posible existencia de un correo electrónico que pudiera ser utilizado por la citada investigada».

Tanto el ponente de los recursos, Enrique Berges, como los otros dos magistrados que los han, María del Rosario Esteban y José Sierra, coinciden en que la petición no puede acordarse mediante providencia y explican que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) exige que intervenir las comunicaciones «implica una valoración sobre la gravedad del delito, sobre los indicios y sobre la intervención de los investigados, y sobre la necesidad de la medida». Un escenario que no ha contemplado Peinado respecto a Begoña Gómez.

En el escrito, los magistrados citan una sentencia de 2019 donde el Tribunal Supremo concluyó que para que sea constitucionalmente legítimo el levantamiento del derecho al secreto de las comunicaciones el juez «ha de verificar la presencia de indicios constatables por un tercero. No bastan afirmaciones apodícticas de sospecha rubricadas por la policía». En su opinión, Peinado debe valorar «datos objetivables» para determinar si resulta proporcional una medida de estas características.

Peinado había solicitado los correos electrónicos para investigar si Begoña Gómez favoreció a las empresas de Juan Carlos Barrabés, beneficiario de contratos públicos. También trataba de discernir su papel en una cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid, la apropiación de un software desarrollado por la institución académica y el posible uso de su asistente en Moncloa para actividades de carácter privado. La Fiscalía y la defensa recurrieron la decisión al considerarla desproporcionada y entender que vulneraba derechos fundamentales y la normativa en vigor.

Las tareas de la asistente

Peinado ya pidió a la UCO que analizase los correos electrónicos que había intercambiado la asistente de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, con el exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense Juan Carlos Doadrio. Los emails revelaron que la asesora realizó gestiones clave de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno que «trascendían de los cometidos inherentes al puesto que ocupaba».

Begoña Gómez y su asistente están imputadas por un delito de malversación por la contratación de Álvarez y su supuesta participación en actividades privadas. En caso de que el asunto llegue a juicio, Peinado ha decidido que sean juzgadas por un tribunal popular. La Audiencia de Madrid avaló el procedimiento, pero determinó que esa pieza separada se juzgue junto al resto de delitos por los que se investiga la mujer del presidente del Gobierno en la causa principal.