La UCO descubrió la trama SEPI por unos mensajes en el móvil del dueño de Servinabar

De rebote. Así fue como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió la trama SEPI. El pasado 10 de junio, los agentes registraron la casa de Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar, la constructora de la que Santos Cerdán presuntamente tenía el 45% de las acciones. Buscaban pruebas sobre el pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública relacionada con la pieza separada del caso Koldo que investiga el Tribunal Supremo. Hallaron la escritura de compraventa firmada por el ex secretario de Organización del PSOE, pero también encontraron en el teléfono móvil del empresario un grupo de WhatsApp llamado Hirurok («los tres» en vasco) que levantó las suspicacias.

Alonso compartía ese grupo con la exmilitante del PSOE Leire Díez y con el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández. Los tres fueron detenidos el pasado 10 de diciembre por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Los investigadores precipitaron los arrestos porque los sospechosos detectaron que les vigilaban. Días más tarde, el juez Antonio Piña les dejó en libertad, aunque con medidas cautelares. La UCO les acusa de formar una estructura «paralela» a la empresa pública entre 2021 y 2023 para favorecer contratos gracias a sus «relaciones y capacidad de influencia».

Los investigadores sospechan que mediaron en al menos cinco operaciones que cifran en 132,9 millones de euros y que para esa tarea se sirvieron de la ayuda de «diversos cargos públicos». El grupo Hirurok habría cobrado supuestamente más de 750.000 euros en comisiones por «haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración Pública en beneficio propio o de terceros». Ese dinero se habría canalizado a través de la empresa Mediaciones Martínez, cuyo administrador es Carmelo Aznárez, y habría servido para realizar inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca).

Los arrestos de la UCO

La UCO comenzó a trabajar en esta nueva trama desde el hallazgo casual en el teléfono de Alonso. No había terminado de armar el puzle cuando tuvo que pasar a la acción, explican a THE OBJECTIVE fuentes de la investigación. Los agentes tuvieron que precipitar los arrestos al advertir que los sospechosos detectaron que les estaban siguiendo, por lo que se incrementó el riesgo de fuga o destrucción de pruebas. Díez y Fernández habían quedado en verse el día que estalló la operación, tal y como informó ABC. El expresidente de la SEPI estaba «mosqueado» al pensar que le seguían fuerzas policiales, por lo que cambió la ubicación de la reunión.

La detención de Díez se produjo el 10 de diciembre, pasadas las 13 horas, en un atasco en el Paseo de la Castellana, una de las arterias principales de la capital. La exmilitante socialista se dirigía en su coche a ver a su abogado, Jacobo Teijelo. Un vehículo camuflado le cerró el paso y le trasladó a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid). Las fuentes consultadas por este diario explican que llevaba varios días en la ciudad y tenía previsto regresar a Vega de Pas (Cantabria) esa misma tarde.

Los agentes se incautaron de numerosa documentación e intervinieron dos teléfonos móviles, según avanzó Voz Pópuli. En uno de esos terminales se encontraba instalado el grupo de WhatsApp Hirurok, al que pertenecía Díez junto al expresidente de la SEPI y el dueño de Servinabar. También incautaron su cuenta de correo electrónico, de la que pudieron extraer numerosa información porque la exmilitante socialista no había eliminado nada. La investigación, bajo secreto, está dirigida por el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

«En la perfección de este sistema, los integrantes del grupo habrían actuado de forma coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones», sostienen los investigadores respecto a la trama SEPI. La principal operación que realizó habría sido la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones. El grupo integrado por Díez, Fernández y Alonso habrían percibido por ello un total de 114.950 euros.

Cinco operaciones

Una segunda operación, adelantada por este diario, implica ayudas públicas de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), participada por la SEPI, por valor de 17,3 millones a favor de Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia. Los investigadores destacan que «por este otorgamiento se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros». La ayuda se otorgó a través del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip), creado a finales de diciembre de 2020 para combatir los efectos de la pandemia mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

La trama SEPI también habría mediado en la concesión de un contrato de 2,8 millones de euros a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente en un proyecto en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA). Díez, Fernández y Alonso habrían influido en el presidente de la mesa de contratación para conseguir la adjudicación. Como contraprestación, el grupo Hirurok habría recibió 400.000 euros mediante «operativas complejas diseñadas para encubrir el origen de los fondos y desconectarlos de sus destinatarios finales».

La trama también consiguió la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa a Servinabar por importe de 18.120 euros. «Los investigados, en connivencia con una serie de directivos de la sociedad pública, diseñaron una operativa, la cual, por un lado, generaba de forma mendaz esa justificación y, por otro, propiciaba un beneficio económico al grupo». Fruto de esta operación, la empresa de Alonso elaboró «un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede».

La Audiencia Nacional también investiga sobrecostes en Enusa. Los investigadores ponen en el foco al que fuera su responsable, José Vicente Berlanga, hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos. En el marco de una operación con Acciona, la trama habría orquestado la contratación del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes por parte de la empresa que gestiona el Uranio en España. Los investigadores sospechan que se introdujeron sobrecostes del 50% en el contrato. La trama se habría hecho con 17.545 euros por esta operación.