Un abogado español denuncia a Trump ante La Haya por sus ataques a barcos de Venezuela
Jonay Guerra lleva al presidente de Estados Unidos ante la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad y de guerra
Donald Trump el pasado 10 de diciembre en Washington. | Aaron Schwartz (Zuma Press)
David contra Goliat. El abogado español Jonay Guerra ha denunciado a Donald Trump ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los ataques a barcos de Venezuela. El letrado ha remitido una comunicación al tribunal ubicado en La Haya (Países Bajos) al considerar que las operaciones que inició Estados Unidos en septiembre podrían constituir crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Alude al artículo 15 del Tratado de Roma, por lo que será un fiscal el que inicie las pesquisas para determinar si existe base suficiente para abrir una investigación formal.
Trump desplegó el pasado agosto 15.000 efectivos frente a las costas de Venezuela para, según los analistas, forzar la destitución de Nicolás Maduro. Estados Unidos intensificó desde entonces las operaciones militares apuntando a embarcaciones sospechosas de estar vinculadas al narcotráfico, al narcoterrorismo o a petroleros que trataban de eludir las sanciones impuestas al régimen chavista. No existen cifras oficiales, pero desde entonces se han producido al menos una treintena de ataques en los que han muerto un centenar de personas.
La Administración Trump sostiene que esas acciones buscan desmantelar redes de narcotráfico y sancionar la transferencia ilegal de petróleo. El presidente de Estados Unidos anunció el 29 de noviembre el cierre total del espacio aéreo de Venezuela. La reacción desde Caracas no se hizo esperar. El Gobierno de Maduro calificó la decisión de «hostil, unilateral y arbitraria». En su opinión, Estados Unidos supone una «amenaza colonialista» y la campaña una agresión militar así como actos de piratería y bloqueo marítimo que violarían el derecho internacional.
Trump y el espacio aéreo de Venezuela
Guerra documenta en su escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los ataques que se habrían producido hasta el 5 de diciembre, fecha en la que registró su comunicación contra la Administración Trump en la CPI. Este abogado de origen canario reportó hasta entonces 87 muertes en una veintena de agresiones que han continuado produciéndose. El documento, redactado en inglés, acusa a Estados Unidos de crear aislamiento y opacidad operativa con el cierre del espacio aéreo de Venezuela.
«El concepto narcoterrorista ofrece una justificación política para el uso de la fuerza», lamenta Guerra en la denuncia. El abogado canario, colegiado en Madrid, acusa a Trump de tener «un plan sistemático» y pide a la CPI que inicie «un examen preliminar» de la situación en base al artículo 15 del Estatuto de Roma. Dicho precepto establece que el fiscal puede abrir una investigación tras ser alertado de un crimen que competa al tribunal ubicado en La Haya.
El abogado sostiene en su comunicación a la CPI que la Administración Trump habría realizado «ejecuciones extrajudiciales (crímenes contra la humanidad); crímenes de guerra contra no combatientes y un potencial crimen de agresión contra Venezuela». Guerra se ha basado en fuentes abiertas para documentar los ataques de Estados Unidos a las embarcaciones.
Las denuncias ante la CPI pueden interponerlas tanto individuos como Estados. Deben presentar una comunicación a la Fiscalía por presuntos crímenes graves de su competencia: genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, agresión. Guerra subraya en su escrito que la operación militar ha sido formalmente reconocido y que la presencia de buques de guerra, el uso de la fuerza y la limitación aérea suponen «un instrumento coercitivo complementario».
Crímenes de lesa humanidad
Para llevar a cabo su tarea, el fiscal puede recabar más información a través de los Estados miembros, de órganos dependientes de la ONU y de otras organizaciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales. Si concluye que existe base suficiente para abrir una investigación, pedirá a la Sala de Cuestiones Preliminares una autorización. Si tras examinar la documentación, este órgano considera que existen pruebas suficientes, dará luz verde a las pesquisas. Si opta por no hacerlo, el fiscal puede continuar recabando indicios y volver a solicitar una investigación.
«Los recientes avances en el derecho internacional, junto con la doctrina marítima moderna, proporcionan una base sólida para evaluar la legalidad y la posible criminalidad de las operaciones navales dirigidas contra buques civiles o mercantes. En particular, la combinación de restricciones del espacio aéreo, el despliegue de buques de guerra y los ataques letales contra embarcaciones civiles, incluso fuera de una guerra declarada, puede ser objeto de escrutinio bajo el mandato de la CPI», detalla la denuncia de Guerra.
Los juristas consultados por este diario consideran «poco probable» que Trump vaya a enfrentarse a una investigación de la CPI. El tribunal de La Haya se somete al Estatuto de Roma y desde que comenzó a operar en 2002 apenas ha emitido una decena de condenas, todas contra dirigentes africanos. En la actualidad, está integrada por 123 Estados miembros. A pesar de que Estados Unidos firmó el Estatuto, no ratificó su legislación. En la misma situación se encuentran Rusia e Israel. China e India incluso han criticado el tratado. Otros 41 países nunca lo han firmado.
La legislación estadounidense permite castigar a terceros países y ciudadanos extranjeros, pero siempre se ha opuesto de manera férrea a someterse a los organismos internacionales. Su relación histórica con la CPI ha sido controvertida. De hecho, la Administración Trump impuso sanciones a los fiscales del tribunal de La Haya en 2020: inmovilización de fondos y revocación de visados. Y hace unas semanas, sancionó a dos jueces por investigar a Israel por supuestos crímenes en Palestina. La institución lo calificó como «un ataque flagrante» contra su independencia.