García Ortiz, el fiscal general que destronó el Supremo
El Alto Tribunal le condenó a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados del novio de Ayuso
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. | Ilustración de Alejandra Svriz
Álvaro García Ortiz se encuentra en un limbo desde que se convirtió en el primer fiscal general condenado por un delito penal. Falta por conocer si la decisión le acarreará la expulsión definitiva de la carrera o solo la inhabilitación de dos años, como sentenció el Tribunal Supremo en noviembre. Avalado por dos décadas de trabajo en Galicia, García Ortiz continúa siendo el fiscal más votado de la historia en unas elecciones internas, las del Consejo Fiscal. Y eso, a pesar de ser miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). En esa organización ligó su futuro al de Dolores Delgado, que lo convirtió en su mano derecha en el Ministerio Público y, en julio de 2022, le dio el relevo de la institución. Su aterrizaje fue convulso, pero las sombras se acrecentaron durante su gestión.
García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 58 años) pasó su infancia entre Zamora y Valladolid, donde estudió Derecho. Fiscal de carrera desde 1999, su primer destino fue Mahón (Menorca). Tres años más tarde se convirtió en fiscal coordinador de Menorca. En 2002 dio el salto a Galicia, donde permaneció casi dos décadas como especialista en Medio Ambiente. Esa labor le granjeó cierta notoriedad al asumir la causa del Prestige, el petrolero que vertió toneladas de crudo frente a las costas de la región. Delgado le nombró fiscal de Sala de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en marzo de 2020. Dos años más tarde se convirtió en su sustituto.
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE señalan que García Ortiz fue «el brazo ejecutor» de Delgado, que habría seguido maniobrando entre bambalinas. Antes de su caída a los infiernos, el Supremo ya anuló dos intentos de ascenderla a la máxima categoría de la carrera contra el criterio del Consejo Fiscal. Los magistrados advirtieron que había incurrido en «una desviación de poder» al entender que había facilitado el ascenso de su predecesora cuando la nombró fiscal de Sala de lo Militar del Supremo. Meses después, también anuló su nombramiento del recién creado puesto de fiscal de Sala de Memoria Democrática.
El dedazo de García Ortiz
Los dos varapalos judiciales dejaron tocado a García Ortiz. Aun así, el Gobierno decidió renovarle en noviembre de 2023, tan solo un día después de que el Supremo apreciara «desviación de poder» en su propuesta a favor de Delgado y anulara el dedazo. Eso supuso que meses más tarde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le considerara un candidato no idóneo para el cargo. A pesar de eso, el Ejecutivo volvió a nombrarle fiscal general. Como no hay dos sin tres, el Alto Tribunal le condenó el pasado noviembre a dos años de inhabilitación por revelar datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La sentencia señala que García Ortiz «o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento» filtró el email en el que la pareja de Ayuso se prestaba a admitir dos delitos fiscales. El fallo sostiene que el acusado «no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito», en alusión al comunicado de prensa que se difundió, y que quebró su deber de reserva «sin justificación». En opinión de los magistrados, «la nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa».
El Supremo también se refiere a la urgencia que el ex fiscal general mostró la noche del 13 de marzo del año pasado por hacerse con los correos filtrados. La histórica resolución alude a las llamadas de periodistas, a los «recelos» expresados por algunos de sus subordinados en difundir una nota de prensa «para ganar el relato» y al borrado de mensajes, que los magistrados califican como «una estratégica destrucción de toda información» que pudiera comprometerle. Unos mensajes que ni siquiera la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudo recuperar.
El histórico fallo deja el futuro de García Ortiz en manos de la Fiscalía. El Supremo indica que la pena por revelación de datos reservados conlleva «la privación definitiva del cargo», como solicitó la acusación particular. No obstante, los magistrados consideran que la acotación de dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general es «proporcionada» desde «una perspectiva estrictamente penal». Insisten en que no les corresponde «dilucidar las consecuencias extraprocesales de la condena, que se mueven en otro plano».
Borrado de mensajes
Como avanzó este diario, la condena a García Ortiz suponía un escenario sin precedentes. A pesar de que la pena no implica automáticamente su expulsión de la carrera fiscal, activa un mecanismo interno que podría desembocar en la pérdida definitiva de su condición de fiscal. Un caso inédito que abre múltiples posibilidades jurídicas. La normativa es ambigua, como se contempla en el artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y en el artículo 32.4 del Reglamento de la Fiscalía.
La decisión final dependerá de la fiscal jefa de Inspección, María Antonia Sanz Gaite, la subordinada que no investigó internamente la filtración del novio de Ayuso. El futuro de García Ortiz se antoja tan convulso como su aterrizaje en la Fiscalía General del Estado. El PP le recibió con acusaciones de «complicidad y colaboración con ETA» por el criterio del Ministerio Público sobre la prescripción del asesinato del edil popular Miguel Ángel Blanco. El ex fiscal general también fue acusado de reunirse en secreto con el banquero que impulsó la investigación contra Mariano Rajoy en Andorra, aunque ese encuentro nunca existió.
Su respaldo a la ley de amnistía y su aplicación a todos los delitos, también al de malversación, aumentó su choque con la cúpula fiscal. Dentro de la carrera ha tenido que afrontar la hostilidad de los fiscales conservadores y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que se personó en el caso del novio de Ayuso, por el que acabó destronado. De hecho, fue la acusación popular que reclamó la pena más alta: seis años de prisión.
A García Ortiz ya se le acusó cuando era número dos de Delgado de alargar de forma artificial un expediente interno contra el fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa, que investigaba el caso Villarejo, donde están acusados algunos de los clientes del despacho de Baltasar Garzón, pareja de Delgado. Stampa señala a la exministra, aunque a través de órdenes encubiertas a García Ortiz. Buena parte de la carrera fiscal también ve la mano de la exdirigente socialista en la elección de la nueva fiscal general, Teresa Peramato.