El TS admite el recurso que pide bloquear 3.000 millones prestados a Escribano e Indra
Santa Bárbara ha pedido la suspensión cautelar de los préstamos públicos al 0% de interés a ambas empresas
Sede de Indra. | Ricardo Rubio (EP)
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo presentado por Santa Bárbara con el objetivo de que se suspendan de manera cautelar los 3.000 millones de euros en préstamos públicos al 0% de interés otorgados a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Esta financiación está destinada a poner en marcha los dos principales programas de artillería incluidos en la estrategia gubernamental de modernización militar.
La petición de paralización cautelar se integra dentro del recurso interpuesto por la histórica compañía de defensa —actualmente controlada por General Dynamics European Land Systems (GDELS)— contra la concesión de los créditos asignados a la UTE de Indra y Escribano. Dichos fondos corresponden a los programas de obuses de ruedas, dotados con 1.181 millones de euros, y de cadenas, con 1.821 millones de euros.
Ambos préstamos figuran en un real decreto aprobado el 14 de octubre de 2025, mediante el cual el Consejo de Ministros fijó las bases para la concesión directa de créditos destinados al desarrollo industrial de los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas. En conjunto, el Gobierno ha autorizado 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a distintas compañías para adelantar la financiación de estos planes.
En el caso de Indra, ya sea en solitario, en consorcio con otros socios o a través de Hisdesat —empresa que controla desde el pasado martes—, los programas en los que participa suman 7.944 millones de euros en financiación pública. Por su parte, Airbus concentra 4.030 millones de euros (incluido un proyecto conjunto con Indra valorado en 350 millones), mientras que Navantia acumula 2.292 millones de euros.
Los dos créditos cuya suspensión cautelar se solicita son los de mayor importe concedidos a Indra, que asumirá el liderazgo de proyectos en distintos ámbitos estratégicos como tierra, mar, espacio y ciberespacio. En cambio, las iniciativas asignadas a Airbus y Navantia se circunscriben principalmente a los sectores aéreo y naval, respectivamente.
Para «proteger» la tecnología española
En este contexto, fuentes de Santa Bárbara Sistemas consultadas por EP han confirmado la admisión a trámite del recurso y han explicado que la finalidad de esta acción judicial es «proteger la tecnología española, a los trabajadores y suministradores de la empresa e impulsar las capacidades actuales industriales del sector de defensa en España».
Asimismo, la compañía ha señalado que mantiene contactos con el ecosistema industrial nacional de defensa con el propósito de «cumplir con los objetivos del Gobierno» dentro de los Programas Especiales de Modernización y de la estrategia de autonomía de la Unión Europea.