Ábalos pide que Marlaska, Torres y Armengol testifiquen en el juicio de las mascarillas

José Luis Ábalos ha pedido que 60 personas testifiquen en el juicio por la adjudicación de las mascarillas. Entre ellas, los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Todo ellos compraron cubrebocas al inicio de la pandemia a Soluciones de Gestión. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decidió hace un mes que el exministro y Koldo García se sienten en el banquillo por la adquisición de material sanitario. En el escrito de la defensa al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el exdirigente socialista también ha vuelto a atacar la auditoría que encargó Óscar Puente y que le señala directamente.

El escrito de defensa firmado por el abogado Carlos Bautista, que este miércoles ha renunciado a seguir representando a Ábalos, solicita al juez que interrogue a Marlaska por la adquisición de mascarillas que realizó el Ministerio del Interior al inicio de la pandemia. También reclama que cite a Torres y Armengol para que respondan por la compra de material sanitario en Canarias y Baleares cuando eran presidentes autonómicos.

El documento sostiene que Soluciones de Gestión contrató con ADIF y Puertos del Estado «para todo el ámbito de competencias del Ministerio de Transportes, sin que conste, como afirma la acusación, la presunta influencia de nuestro representado en el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni en el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez». La defensa de Ábalos afirma que lo mismo sucede con Torres y Armengol y con «el resto de administraciones gobernadas entonces por el PSOE sobre las que teóricamente hubiera tenido capacidad de influencia como secretario de Organización».

Compra de mascarillas

El departamento que dirige Marlaska adquirió un millón de mascarillas a Soluciones de Gestión, representada por Víctor de Aldama, por el que pagó 3,5 millones de euros. El Gobierno de Torres en Canarias pagó 6,87 millones de euros por 2,7 millones de cubrebocas. La empresa recibió dos encargos para proveer hospitales de las islas de tapabocas tipo FFP2 o K95. El precio inicial de la primera oferta era muy superior al que se terminó pagando. Como la calidad era inferior de la acordada, el Servicio de Salud renegoció la cantidad logrando disminuir el importe.

Armengol también adquirió 1,4 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, con la actuación de Aldama como intermediario. El Gobierno balear pagó 3,7 millones de euros, aunque los cubrebocas jamás llegaron a utilizarse y quedaron almacenados. Se entregaron el 26 de abril de 2020, un día después de la propuesta, pero la formalización del contrato se produjo el 8 de mayo. Meses más tarde se certificó que esos equipos de protección no cumplían los estándares.

Ábalos, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, también propone en su escrito de defensa que cite a declarar en el juicio de las mascarillas a otros cargos y excargos públicos como el expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo; la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera; el exdirector de Carreteras Javier Herrero; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el antiguo jefe de personal de ADIF Michaux Miranda; el exsecretario de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares; o el presidente de Correos, Pedro Saura, que durante la pandemia ejercía como secretario de Estado de Transportes.

En la lista que ha aportado Ábalos también aparece el nombre del exgerente del PSOE Mariano Moreno y de la empleada del área de Organización del partido Celia Rodríguez, que habría entregado a Koldo García y a su expareja dinero en metálico para reembolsar supuestos gastos del exministro. Su defensa también reclama la testifical de varios guardias civiles; el hermano de su antiguo asesor; y distintos empresarios entre los que destacan José Ruz, Claudio Rivas y Carmen Pano, que contó en este periódico cómo había entregado 90.000 euros en efectivo en la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz.

Ábalos a juicio

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente acordó enviar a juicio a Ábalos por la adjudicación de las mascarillas el pasado 11 de diciembre al entender que este, Koldo García y Aldama «se concertaron» para aprovechar la condición del entonces ministro y su «influencia». El magistrado sostiene que la intención sería «beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar».

Puente dio este paso después de que en septiembre abriera una pieza separada por el presunto cobro de comisiones irregulares a cambio del amaño de adjudicaciones de obra pública, en la que también están investigados Ábalos y su antiguo asesor. En el caso de las mascarillas, la Fiscalía pide 24 años de prisión para el exministro, 19 años y medio para Koldo García y siete años para Aldama. La acusación popular reclaman 30 años de cárcel para ambos exdirigentes públicos.

El escrito de defensa de Ábalos también pone en tela de juicio la auditoría que sobre la adjudicación de mascarillas que encargó Óscar Puente. En opinión de los abogados del exministro, el informe se solicitó «con un escenario político comprometido judicialmente y cuatro años después de las órdenes de compra auditadas». También llama la atención de que la encomienda no fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que garantiza «la transparencia y legalidad» del proceso.

Los abogados del exministro insisten en que la auditoría del Ministerio de Transportes no tuvo en cuenta las medidas antifraude del Gobierno, «esenciales para garantizar la correcta utilización de los fondos públicos y prevenir irregularidades». El informe que Puente adelantó en agosto de 2024 durante una comparecencia en el Senado no citaba a su predecesor, pero resultó demoledor al confirmar, entre otras cosas, que la firma de Ábalos permitió doblar el pedido de mascarillas de cuatro a ocho millones en apenas 38 minutos.