Aldama admite pagos a Ábalos por sus gestiones en favor de Air Europa y Villafuel

Víctor de Aldama vuelve a señalar a José Luis Ábalos y a Koldo García. El comisionista de las mascarillas ha presentado este jueves su escrito de defensa ante el Tribunal Supremo, que tiene previsto juzgar en los próximos meses la presunta trama de corrupción con epicentro en el Ministerio de Transportes. El empresario admite su implicación en varios delitos, aunque insiste en su «colaboración proactiva con la Justicia» para conseguir una rebaja de la pena. En su escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción solicitó siete años de prisión tras aplicarle el atenuante por aportar «información relevante». En cambio, pidió 30 años de cárcel para el exministro y su antiguo asesor.

Aldama reconoce por primera vez los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada de cara al juicio por la adjudicación de mascarillas al inicio de la pandemia. En el escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, propone a la Fiscalía que modifique su petición de siete años de cárcel y la reduzca dada su colaboración. El empresario ha propuesto una treintena de testigos de cara a la vista, entre los que destacan la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, el antiguo secretario de Estado de Transportes Pedro Saura y el hijo de Ábalos.

«Las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal deben rebajarse en un grado adicional, en virtud de la apreciación de la atenuante [de confesión] como muy cualificada», sostiene el documento firmado por el abogado José Antonio Choclán. En su opinión, Aldama «inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia en una fecha temprana, lo que ha permitido impulsar y ampliar la investigación. Su colaboración se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales, confesando los hechos criminales en los que había participado el mismo, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados».

Gestiones de Ábalos

El comisionista de las mascarillas ha aceptado en buena medida el relato de los hechos descrito por la Fiscalía. Reconoce haber facturado 6,6 millones de euros y que la mitad de esa cuantía la habría destinado a pagar a Ábalos y Koldo García. La defensa del empresario admite pagos de 10.000 euros mensuales al exministro por sus gestiones. «Puntualmente, alguna de estas gestiones era especialmente retribuida al margen de las periódicas entregas de dinero en efectiva referidas. Este fue el caso del denominado rescate de la aerolínea Air Europa, compañía a la que asesoraba Aldama», tarea por la que percibió 12.100 euros al mes entre noviembre de 2019 y el mismo mes del año siguiente.

El escrito cifra en dos millones y 500.000 euros las comisiones solicitadas por Ábalos y Koldo García respectivamente. Aldama matiza el pago de las vacaciones al exministro en un chalé de Marbella asegurando que no realizó ningún desembolso específico; el antiguo asesor abonó la estancia «con cargo a los fondos líquidos que le venía proporcionando en virtud del acuerdo global de pagos de comisiones al objeto de que estos le facilitaran la obtención de contratos públicos o la práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar».

El comisionista también admite compensaciones por la consecución de una licencia como operador de hidrocarburos a favor de Villafuel, de cuya estructura se ha desvinculado. Aldama reconoce la «ineficacia» de sus gestiones para el citado permiso, de las que se aparta en diciembre de 2021, casi diez meses antes de que se consiguiera. Eso le llevó a tomar la decisión de iniciar los trámites para resolver el contrato de arrendamiento con opción a compra de un chalé en la costa gaditana que la trama se habría comprometido regalar a Ábalos.

Choclán describe en su escrito, de 26 páginas, que los intereses que compartía Aldama y el empresario Claudio Rivas se centraban en negocios inmobiliarios y la participación en una sociedad que explotaba restaurantes en las Cuatro Torres de Madrid. La defensa del comisionista detalla que, cuando se inició la intermediación para obtener la licencia como operador de hidrocarburos de Villafuel, era «completamente ajeno a la sociedad» y que su participación se limitó a acudir a Koldo García, que se encargó de gestionar varias reuniones en el Ministerio de Industria.

El papel de Aldama

De cara al juicio, Aldama ha solicitado que comparezcan como testigos los empresarios Juan Carlos Cueto y Claudio Rivas, a quien la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala como «codirector» de la presunta trama de hidrocarburos relacionada con Villafuel. También pide que testifiquen el exCEO de Globalia, Javier Hidalgo; Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra María Jesús Montero, y personas del entorno familiar y personal de Ábalos y Koldo García, entre los que se encuentran el hijo del exministro, Jésica Rodríguez, Claudia Montes, Patricia Úriz y Joseba García.

El juez del Supremo Leopoldo Puente envió a juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama el pasado 11 de diciembre acusados de integración en una organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada. El magistrado considera que, tras la toma de posesión del exministro, los tres «se concertaron» para aprovechar esa circunstancia «y la natural influencia que este proyectaba, para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos (…) así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar».

El magistrado considera que Aldama era el encargado de «la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí». De Koldo García señala que, aprovechando su condición de asesor y la confianza de Ábalos, «se encargaba de realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables».

La decisión llegó con ambos exdirigentes públicos en la cárcel. Puente decidió enviarlos a prisión el pasado 27 de noviembre al advertir un riesgo  «extremo» de fuga. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares habían solicitado prisión incondicional para ambos al considerar que podían evadir a la justicia ante la cercanía del juicio, que solo atañe a la causa principal, la adjudicación de las mascarillas. El magistrado abrió en septiembre una pieza separada por el presunto cobro de comisiones a cambio de supuestos amaños en obras públicas, en la que también están investigado Ábalos, Koldo García y Aldama.