La Audiencia decide si investiga al general que Delcy promueve para la transición en Venezuela
Urvex recurrió la decisión de rechazar la querella contra Rodríguez Torres por delitos de lesa humanidad y torturas
Miguel Rodríguez Torres en una imagen de archivo.
El futuro de Venezuela también pasa por España. La Audiencia Nacional debe decidir si investiga al general chavista Miguel Rodríguez Torres, asilado en nuestro país tras enfrentarse a Nicolás Maduro. El juez Antonio Piña abrió en mayo del año pasado diligencias previas contra él y la ex fiscal general Luisa Ortega por delitos de lesa humanidad y torturas tras una querella de la Unión de la Resistencia Venezolana en el Exilio (Urvex) que posteriormente fue rechazada después de un informe contrario de la Fiscalía. La asociación recurrió, por lo que la última palabra la tendrá la Sección Segunda de la Sala de lo Penal.
Los magistrados Fernando Andreu, María Teresa García (ponente) y Joaquín Delgado se reunieron el pasado 12 de diciembre para deliberar sobre el recurso de los abogados de la Urvex, que defienden que la Audiencia Nacional es competente para abrir una investigación sobre Rodríguez Torres y Ortega. Su decisión, que aún no ha trascendido, tendrá lugar en un momento de especial relevancia para Venezuela. Los querellantes consideran que la justicia española está legitimada para investigar en virtud del principio de justicia universal.
Tras la captura de Maduro por Estados Unidos, donde se le acusa de delitos de narcotráfico, la nueva presidenta Delcy Rodríguez estaría promoviendo a Rodríguez Torres para asumir las riendas del país una vez que ella deje el poder en 2031, año en el que concluye el mandato actual. Según avanzó ABC, el exministro y antiguo director de la inteligencia venezolana sería el elegido para dirigir el país al ser considerado un chavista de primera generación que tuvo que salir de Caracas tras enfrentarse al sucesor de Hugo Chávez.
Cambios en Venezuela
La Audiencia Nacional abrió en mayo diligencias previas contra Rodríguez Torres y Ortega por delitos de lesa humanidad y torturas tras la querella de Urvex, a la que se adhirió Manos Limpias. Los abogados Javier Peiró y Ricardo Miracle la interpusieron en nombre de Dulce Bravo, una venezolana de 57 años refugiada en Argentina desde 2013. La mujer describe las detenciones y los abusos que padeció desde mayo de 2003. Unos actos que habrían sido amparados por estos dos antiguos altos cargos del chavismo.
Piña dictó destacó que los hechos denunciados contra Rodríguez Torres y Ortega «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Además, entendía que, «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente instruir diligencias previas y practicar aquellas encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable».
Unas semanas más tarde, el 17 de junio, los abogados ampliaron la querella inicial con los testimonios de otras diez víctimas del régimen chavista. Sin embargo, Piña la inadmitió el 8 de julio, unos días después de que el Ministerio Público informara de la existencia de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela que según los querellantes no guarda relación con la cuestión que buscan dirimir en la Audiencia Nacional.
La fiscal Raquel de Miguel argumentó que era necesario consultar al tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) si los hechos de la querella estaban tipificados como delitos de lesa humanidad y qué organismo era competente para investigarlos. Además, sostenía que se imponía «la necesidad de esclarecer previamente la cuestión» antes de acudir a la jurisdicción nacional en virtud del principio de justicia universal al que aluden los querellantes.
Investigación en la CPI
Los abogados de Urvex recurrieron la decisión de Piña, que se decantó por archivar la querella contra los dos ex altos cargos del chavismo afincados en España al considerar que carecía de competencia jurisdiccional. Tanto Rodríguez Torres como Ortega impugnaron en julio la querella al entender que esta se basa en informaciones periodísticas, algo que rechazaron los recurrentes. La Fiscalía emitió un nuevo informe en octubre del año pasado en línea con la decisión del magistrado.
«Reiterando la actual configuración del principio de subsidiariedad en la atribución del conocimiento de los denominados delitos de justicia universal, de conformidad con el apartado 5 del artículo 23 de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) los delitos a los que se refiere el apartado anterior no serán perseguibles en España en los siguientes supuestos: a) cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un tribunal internacional constituido conforme a los tratados y convenios en que España fuera parte», esgrimió la fiscal De Miguel.
Rodríguez Torres era un peso pesado del chavismo que cayó en desgracia tras enfrentarse a Maduro. Fue encarcelado en 2018 acusado de traición y liberado casi cinco años más tarde para ser desterrado a Madrid y pasar a formar parte del nutrido exilio venezolano en España. Sus primeras palabras al salir de prisión fueron de agradecimiento al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero: «Le estaré eternamente agradecido con su gesto, su solidaridad y con su afecto».
A Rodríguez Torres se le atribuye la reestructuración de la antigua Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) que dio paso al temido Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Entre sus hitos destaca la creación de La Tumba, uno de los centros de detención más temidos. El general favorito de Chávez fue acusado de iniciar una serie de maniobras para perpetuar el régimen sacrificando a Maduro. Los movimientos en su contra favorecieron a Delcy Rodríguez, que se convirtió en vicepresidenta.
Diversos opositores denuncian en la querella las formas de Rodríguez Torres. Una de ellas, Dulce Bravo, afirma que grabaron las torturas que sufrió y que le dijeron que «quedaría como advertencia a todos» por orden del general chavista. La mujer relata que en una ocasión le colocaron electrodos y sintió «como ese hormigueo recorría mi cuerpo y aceleraba mi corazón». Recibió un golpe seco por el que se le desprendió una muela y le obligaron a tragarse su sangre. Luego la llevaron al despacho de Rodríguez Torres, que exhibía «una risa burlona».