Ningún abogado quiere defender a Ábalos: «Es como revivir a un muerto»

José Luis Ábalos tiene una misión: encontrar abogado. El último, Carlos Bautista, notificó el pasado miércoles al Tribunal Supremo su intención de abandonar un barco al que pocos profesionales parecen dispuestos a subirse. El entorno del exdirigente socialista ha sondeado a varios penalistas para que le representen en las causas en las que está imputado. Hay urgencia porque será juzgado en los próximos meses por una de ellas, la de las mascarillas. Esos letrados han dado una respuesta negativa, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Consideran que el político valenciano ha errado en la estrategia desde el inicio de la investigación, critican su «adherencia» al PSOE y ven muy complicado su horizonte procesal.

«El que se meta, se mete a perder», afirma uno de los abogados tanteados por el entorno de Ábalos. En su opinión, representarle supondría el equivalente a «revivir a un muerto», ya que considera que su defensa se antoja muy difícil porque hay indicios que le dejan en una posición difícil. E insiste: «Acabará con un abogado de oficio». El exministro incluso podría cumplir los requisitos de asistencia jurídica gratuita después de que el Congreso le suspendiera de sueldo tras su ingreso en prisión.

Este letrado recibió la llamada días antes de que el despacho para el que trabaja Bautista anunciara su decisión de abandonar a Ábalos. En teoría, porque el exministro dejó de pagar los honorarios profesionales. Sin embargo, otras fuentes avanzan a este diario que la causa estaría relacionada con los intereses del antiguo dirigente socialista de no alterar el plan inicial, algo que ya le llevó a romper con su primer letrado, José Aníbal Álvarez, tras una discusión por el acta de diputado.

La estrategia de Ábalos

Ábalos pretendía dar un giro a su estrategia y pactar con la Fiscalía con el fichaje de Bautista, que ejerció durante tres décadas como fiscal de la Audiencia Nacional. Se encargó del caso Faisán, los atentados del 11-M y las concesiones de terceros grados a miembros de ETA, asunto con el que se mostró especialmente exigente. Su perfil le convertía en idóneo para comenzar una colaboración con el Ministerio Público a cambio de ciertos atenuantes, como los que ha conseguido Víctor de Aldama.

La Fiscalía y las acusaciones populares han reducido los años de prisión que piden para el comisionista por la adjudicación de las mascarillas. Coinciden en reclamar siete años de cárcel tras aplicar el atenuante de la colaboración. En cambio, para Ábalos solicitan 24 y 30 años de cárcel respectivamente. Y eso sin contar con lo que pueda pasar con la pieza separada por el presunto cobro de comisiones a cambio de supuestos amaños en obras públicas, en la que también está investigado.

El exministro no ha dado su brazo a torcer. Las fuentes consultadas señalan que habría recibido presiones para no colaborar con la Fiscalía, por lo que habría enterrado esa vía. Ese sería el motivo real por el que el Ábalos no habría satisfecho a Bautista la cantidad que le adeudaba antes del 31 de diciembre, ultimátum que le dio Chabaneix, el despacho para el que trabaja el letrado. «No hace caso a los consejos profesionales», destaca otro abogado que fue tanteado para llevar la defensa del ex secretario de Organización del PSOE.

«Debería haber tenido una estrategia colaborativa con la Fiscalía desde el inicio», sostiene este penalista que prefiere mantener el anonimato. Las conversaciones que mantuvo con el entorno de Ábalos le dejaron claro que este no quería pagar los honorarios de los abogados: «Formaba parte de su estrategia para decir que no tenía dinero, que vivía de su sueldo como diputado y que no disponía de patrimonio en el extranjero. Para él, eso bastaba para demostrar que no había robado». En su opinión, no pagar a Bautista lanza «un mensaje muy negativo».

Adherencia al PSOE

El Congreso retiró a mediados de diciembre el voto y el sueldo a Ábalos, tras confirmarse el auto de procesamiento. Así lo marca el Reglamento de la Cámara. El magistrado del Supremo Leopoldo Puente envió hace justo un mes a juicio al exministro, a su antiguo asesor Koldo García y a Aldama por la supuesta trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia. Están acusados de integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada.

Cuando recibió la noticia, Ábalos ya llevaba dos semanas en prisión preventiva. Algunos de los abogados sondeados le advirtieron de la posibilidad de ser encarcelado, pero él nunca lo vio como una amenaza real. «Sigue una estrategia emocional que no está basada en la lógica jurídica, sino en la ideología y en su adherencia al PSOE», señala este penalista. En su opinión, el exministro no quiere colaborar con la Fiscalía porque piensa que se convertiría en un chivato. A largo plazo, está convencido de que obtendrá el indulto del Gobierno.

Es la segunda vez que Ábalos se queda sin abogado. A pesar de aceptar su renuncia, el juez ha obligado a Bautista a asistirle en la vista que tiene señalada el próximo jueves en el Supremo para resolver el recurso de apelación contra el auto que acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza el pasado 27 de noviembre. Lo mismo que ocurrió en octubre con José Aníbal Álvarez, cuando Puente consideró que el movimiento repentino del exministro atendía a un «fraude de ley» que buscaba retrasar los plazos del procedimiento.

El magistrado ha pedido a Ábalos que designe nuevo letrado en el plazo de cinco días hábiles o, en caso contrario, se procederá a un nombramiento de oficio. Fuentes del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) explican que cuando una persona carece de abogado se le asigna uno por el turno de oficio. No obstante, eso no significa que sea gratis. Para conseguir asistencia jurídica gratuita es necesario solicitarlo y cumplir unos requisitos, entre los que se incluyen no superar el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples); ser víctima de violencia de género, de terrorismo o de trata; o ser una asociación de utilidad pública.