Las denunciantes de Julio Iglesias testificarán en la Audiencia como testigos protegidos
La directora ejecutiva de Women’s Link Legal ha confirmado que las mujeres siguen siendo empleadas del cantante
El cantante Julio Iglesias.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha otorgado a las dos mujeres que han denunciado al artista Julio Iglesias por presuntos abusos sexuales la condición de testigo protegido.
Así lo ha anunciado la directora ejecutiva de Women’s Link Legal, Jovana Ríos Cisnero, quien también ha confirmado que las denunciantes siguen siendo empleadas del cantante.
Desde la organización explican que esta decisión responde a su reclamación para la protección de las víctimas porque «temen» que Iglesias «pueda localizarlas y, quizá, tratar de disuadirlas de las acciones que están llevando a cabo».
Por otro lado, han explicado que la Fiscalía ha decidido tomar declaración a las denunciantes aunque aún no hay una fecha prevista. La Fiscalía podría usar medios telemáticos para tomarles declaración, pero desde la entidad añaden que son detalles de la investigación que tienen que mantenerse «con una cierta reserva».
Entre los delitos de los que se acusa a Iglesias están el de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, que se habría producido en concurso con varios delitos contra la libertad, de acoso sexual, agresión sexual y con un delito de lesiones. Además le acusan de delitos contra los derechos de los trabajadores.
«Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección», ha añadido Ríos Cisnero.
Desde Women’s Link están acompañando legalmente a las denunciantes y hacen el papel de representantes legales en el territorio en el que se ha interpuesto la denuncia.
Woman’s Link ha sido contactado por «otras mujeres»
La organización ha adelantado que han sido contactadas «por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado» pero no han añadido más información por aspectos de seguridad.
Los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía en España y no en Republica Dominicana porque la legislación española permite investigar y perseguir determinados delitos aunque se hayan cometido fuera del territorio nacional por el principio de extraterritorialidad, como ha explicado Ríos.
«Se aplica especialmente además a las violaciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales que España ha ratificado. Concretamente, el Convenio de Varsovia, que es el convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata, y el convenio de Estambul, que es el convenio del Consejo de Europa de lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, de los que España es parte», ha explicado.
A partir de ahora, ha explicado la responsable jurídica de la entidad, Gema Fernández, la Fiscalía dispone de seis meses para judicializar la causa. En caso de que se archiven las diligencias, las denunciantes podrán querellarse como acusación particular.
Por su parte, la responsable de investigación de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez, ha señalado que, a nivel internacional, se encuentran realizando investigaciones que demuestran que lo que supuestamente les ha ocurrido a Rebeca y a Laura «es parte de un patrón» que han visto en otros países.
«En los sectores analizados por la organización, la situación de explotación no puede, como digo, considerarse como un hecho aislado, sino como estructuras laborales montadas sobre la idea de que el tiempo, el cuerpo y el trabajo de las mujeres es barato y sustituible», ha asegurado.
Asimismo, ha advertido de que «cuanto más precario es el estatus migratorio de muchas de estas personas, más riesgo hay de explotación». En esta misma línea, ha reclamado a los Estados marcos normativos que protejan a todas las víctimas de violencia sexual y víctimas de explotación.
Además, ha valorado la «valentía» que han tenido las denunciantes y ha confiado en que se puedan conseguir «cambios estructurales que afecten a muchas más víctimas y a muchas más supervivientes».
En el caso de que se decida no continuar por parte de Fiscalía, ha señalado que se podría valorar la interposición de una denuncia por parte de las propias víctimas. Si bien, ha agregado que habría que estudiar cuál sería el juzgado «más apropiado» para hacerlo y que existe un camino de organismos internacionales de derechos humanos que «quizá también pueda ser explorado».
«Es necesario tener en cuenta que el denunciado ostenta un poder diametralmente distinto al de las denunciantes, derivado de su capacidad económica y también de su influencia, lo cual fundamenta nuestra solicitud de medidas de protección», ha añadido Ríos Cisnero.