El Supremo notifica que Arrieta y Marchena juzgarán a Ábalos y Koldo por las mascarillas
El presidente de la Sala de lo Penal y su predecesor estarán entre los siete magistrados que integrarán el tribunal
Ábalos y Koldo García antes de comparecer en el Supremo. | Europa Press
El presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena estarán en el tribunal que juzgará a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso mascarillas, aún sin fecha. El Tribunal Supremo ha notificado este miércoles la composición de la Sala, que contará con siete magistrados. Son los cinco integrantes de la Sala de Admisión, entre los que se encuentran los dos jueces mencionados Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres. La lista la completan Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández por turno de mayor y menor antigüedad, respectivamente.
En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sala de lo Penal del Supremo explica que, una vez finalizada la fase de instrucción, procede a nombrar los magistrados según las normas de reparto publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 13 de febrero de 2020. Este indica que el tribunal deber estar formado «por el presidente de la Sala y dos o cuatro magistrados, según los casos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 145 de la LECrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal)».
«Estos magistrados serán nombrados por un periodo de cuatro meses; siguiendo un doble turno: uno o dos, en su caso, por turno de antigüedad (de mayor a menor) y el otro o los otros dos, por turno de menor a mayor antigüedad», insiste la providencia. El tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo García y Aldama estará integrado por tanto por seis magistrados y una sola magistrada. La elección llega tan solo un día antes de que el Supremo decida sobre los recursos del exministro y su antiguo asesor contra su encarcelamiento el pasado 27 de noviembre.
Ábalos y Koldo, en prisión
El magistrado del Supremo Leopoldo Puente envió a juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama el pasado 11 de diciembre acusados de integración en una organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su antiguo asesor. Las acusaciones populares elevan la petición a 30 años para cada uno de ellos. Para el comisionista rebajan la solicitud a siete años al aplicarle el atenuante de colaboración.
La decisión sorprendió a Ábalos y Koldo García privados de libertad. Puente decidió enviarles a prisión preventiva al advertir riesgo «extremo» de fuga. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares habían solicitado prisión incondicional para ambos al considerar que podían evadir a la justicia ante la cercanía del juicio. La vista solo afectará a la pieza principal de la investigación, la trama de las mascarillas, ya que el magistrado abrió en septiembre otra pieza separada por los presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas en la que el exministro y su antiguo figuran como investigados.
El juez considera que tras la toma de posesión de Ábalos, los tres procesados «se concertaron» para aprovechar esa circunstancia «y la natural influencia que este proyectaba, para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos (…) así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia». El magistrado sostiene que la entrada de Aldama en Transportes se produjo a través de su hermano Rubén, que era escolta de Ábalos. Este entabló una «frecuente relación» con Koldo García que llevó al comisionista hasta el entonces ministro.
Puente considera que Aldama estaba encargado de «la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí». De Koldo García señala que, aprovechando su condición de asesor y la confianza de Ábalos, «se encargaba de realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables».
Un juicio sin fecha
La empresa aragonesa, con la mediación de Aldama, consiguió la adjudicación de una docena de contratos durante la pandemia por 53 millones de euros, todos ellos de Administraciones gobernadas por los socialistas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Koldo García habría informado al comisionista de la necesidad de comprar material sanitario y este habría compartido la información con Juan Carlos Cueto para dotar de músculo a la sociedad. De hecho, suscribieron un acuerdo seis días antes de saber que obtendrían la adjudicación. Transportes llegó a declinar una oferta más barata para la compra de mascarillas.
El magistrado sostiene que «existen muy consistentes indicios (…) de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a Ábalos y Koldo García «con el propósito de que se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos». Puente insiste en que existen indicios de que el exministro y su antiguo asesor «recibieron dichas retribuciones económicas en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía y como contraprestación a dichas conductas desleales».
Aldama aseguró hace un año en la Audiencia Nacional que entregó un total de 650.000 euros a Ábalos. De esa cantidad, 250.000 euros habrían sido por comisiones de las mascarillas. El empresario también afirmó que había dado otros 300.000 euros a Koldo García, 100.000 por los cubrebocas. Las investigaciones desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan que el comisionista suscribió un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana, para garantizar el pago de comisiones al exministro. No obstante, la operación nunca llegó a fructificar.
Los agentes también nombran como posible mordida el alquiler del chalé en la costa gaditana que compró una empresa vinculada al comisionista. La UCO también constató los pagos de 10.000 euros al mes que realizó Aldama a Koldo García. Estos se prolongaron desde octubre de 2019 hasta 2021, año en que fue cesado Ábalos. En al menos dos ocasiones, las entregas de dinero se produjeron en República Dominicana, país hasta donde se desplazó el hermano de su asesor para recogerlo.
El juez considera que, tras la toma de posesión del exministro, este, su asesor y Aldama «se concertaron» para aprovechar esa circunstancia «y la natural influencia que este proyectaba, para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos (…) así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar».