El juez rechaza la petición de Koldo para investigar la responsabilidad civil de Aldama
El magistrado reclama 60.000 euros a Ábalos y a su antiguo asesor para asegurar posibles responsabilidades pecunarias
Ilustración de Alejandra Svriz.
Nuevo varapalo para Koldo García. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la petición para que se abriese una nueva pieza por responsabilidad civil al empresario Víctor de Aldama, también procesado por la adjudicación de las mascarillas al inicio de la pandemia. El magistrado no pidió fianza al comisionista para asegurar posibles responsabilidades pecuniarias, como sí hizo en el caso de José Luis Ábalos y su antiguo asesor, a quienes reclama 60.000 euros.
En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Puente contesta a dicha solicitud que el hecho de abrir pieza de responsabilidad civil a Ábalos y Koldo García, y que no se haya hecho con Aldama, no es debido a que estos se encuentren en prisión provisional y en libertad el tercero de los acusados.
«La razón es más simple: las eventuales responsabilidades civiles que con ello tratan de asegurarse traerían causa de la posible comisión de ilícitos penales que solo a aquéllos (y no al señor Aldama) se atribuyen por las acusaciones en esta causa especial (posibles indemnizaciones en favor de Ineco y Tragsatec), constituyendo dichas responsabilidades civiles, tal y como también se explica en el auto de apertura de juicio oral, la parte notablemente sustancial de las posibles responsabilidades pecuniarias cuya satisfacción trata aquí de asegurarse cautelarmente», explica la resolución.
Koldo versus Aldama
El magistrado afirma que es evidente que el acusado Koldo García «carece por completo de legitimación para interesar la adopción de medidas cautelares orientadas a asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de este procedimiento frente a otro de los también acusados en esta causa especial. Es claro que, no estando legitimado para interesar en este procedimiento frente a otros de los acusados responsabilidad pecuniaria alguna, mal podría estarlo para solicitar el aseguramiento cautelar de unas eventuales responsabilidades que no puede interesar».
«A mayor abundamiento, siendo solidaria la responsabilidad civil de los condenados por la comisión de un determinado hecho delictivo, carecería cualquiera de los así declarados responsables, si hubiere lugar a ello, de la posibilidad de exigir que aquella se ejecutara sobre el patrimonio de otro y no sobre el propio, fuera mayor o menor la capacidad patrimonial de uno u otro».
Puente envió a juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama el pasado 11 de diciembre acusados de integración en una organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para su antiguo asesor. Las acusaciones populares elevan la petición a 30 años para cada uno de ellos. Para el comisionista rebajan la solicitud a siete años al aplicarle el atenuante de colaboración.
La decisión sorprendió a Ábalos y Koldo García privados de libertad. Puente decidió enviarles a prisión preventiva el pasado 27 de noviembre al advertir riesgo «extremo» de fuga. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares habían solicitado prisión incondicional para ambos al considerar que podían evadir a la justicia ante la cercanía del juicio, aún sin fecha. La vista solo afectará a la pieza principal de la investigación, la trama de las mascarillas, ya que el magistrado abrió en septiembre otra pieza separada por los presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas en la que el exministro y su antiguo figuran como investigados.
La influencia de Ábalos
El juez considera que tras la toma de posesión de Ábalos, los tres procesados «se concertaron» para aprovechar esa circunstancia «y la natural influencia que este proyectaba, para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos (…) así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia».
El magistrado considera que Aldama estaba encargado de «la localización de las empresas o particulares que estuvieran dispuestas a satisfacer los pagos correspondientes para contactar o contratar con la Administración, obteniendo por ello un beneficio económico para sí». De Koldo García señala que, aprovechando su condición de asesor y la confianza de Ábalos, «se encargaba de realizar las gestiones ordinarias oportunas que, en cada caso, resultaran precisas; reservándose la intervención personal del ministro para cuando su firma o su directa influencia fueran indispensables».
La empresa aragonesa, con la mediación de Aldama, consiguió la adjudicación de una docena de contratos durante la pandemia por 53 millones de euros, todos ellos de Administraciones gobernadas por los socialistas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Koldo García habría informado al comisionista de la necesidad de comprar material sanitario y este habría compartido la información con Juan Carlos Cueto para dotar de músculo a la sociedad.
Puente sostiene que «existen muy consistentes indicios (…) de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a Ábalos y Koldo García «con el propósito de que se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos». Puente insiste en que existen indicios de que el exministro y su antiguo asesor «recibieron dichas retribuciones económicas en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía y como contraprestación a dichas conductas desleales».
Aldama aseguró hace un año en la Audiencia Nacional que entregó un total de 650.000 euros a Ábalos. De esa cantidad, 250.000 euros habrían sido por comisiones de las mascarillas. El empresario también afirmó que había dado otros 300.000 euros a Koldo García, 100.000 por los cubrebocas. Los investigadores revelan que el comisionista pagó 10.000 euros mensuales al asesor entre octubre de 2019 hasta el cese de Ábalos como ministro y que le facilitó un chalé en la costa gaditana por sus gestiones.
Los agentes también nombran como posible mordida el alquiler del chalé en la costa gaditana que compró una empresa vinculada al comisionista. La UCO también constató los pagos de 10.000 euros al mes que realizó Aldama a Koldo García. Estos se prolongaron desde octubre de 2019 hasta 2021, año en que fue cesado Ábalos. En al menos dos ocasiones, las entregas de dinero se produjeron en República Dominicana, país hasta donde se desplazó el hermano de su asesor para recogerlo.