Alvise pide el embargo de las cuentas de Ábalos al no abonar las costas de un juicio perdido
El equipo legal del líder de SALF cree que la decisión judicial contra el exministro tardará «de seis meses hasta un año»
Alejandra Svriz
Los abogados de Luis ‘Alvise’ Pérez han presentado un escrito en la Audiencia Provincial de Madrid en el que solicitan el embargo de las cuentas del exministro José Luis Ábalos, después de que este último no haya abonado las costas de un caso judicial que perdió contra él tras una demanda al actual líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) por unas palabras suyas en junio de 2021 en el diario Vozpópuli.
El equipo legal de Avise estima que el embargo de las cuentas como tal «puede tardar perfectamente de seis meses hasta un año», por lo que no se espera que una decisión judicial contra Ábalos por insolvente se produzca a corto plazo, según señalan fuentes de SALF a THE OBJECTIVE.
El exministro remitió el 2 de diciembre un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Madrid, al que tuvo acceso este periódico, en el que impugnó la condena en costas de este caso judicial por unas palabras suyas hace cinco años. En aquella entrevista, Alvise se quejó de que «una de las personas más mafiosas del Gobierno de España» en aquel momento fuese contra él «de mil formas» y señaló que «en el árbol genealógico de Ábalos» figuraban numerosas personas que trabajaban «en cargos de libre designación de la Administración española».
El ministro presentó una demanda contra el entonces activista en redes sociales por vulneración de sus derechos al honor y a la intimidad personal y familiar, pero años después perdió el juicio en primera instancia y, posteriormente, la apelación ante la citada Audiencia Provincial de Madrid. Por todo ello, fue condenado en costas. El tribunal le remitió el pasado 20 de noviembre la tasación de costas que le exige la otra parte.
El letrado de Alvise cuantificó sus honorarios en 4.070 euros (sin IVA), el 50% de lo consignado en primera instancia. Sin embargo, la defensa de Ábalos considera que el importe de los honorarios pretendidos era «excesivo sin que ello, naturalmente, suponga el más mínimo demérito a la actuación profesional del compañero». De ahí la impugnación. En este sentido, estimó que la indemnización solicitada en primera instancia «fue exclusivamente por daño moral y, por tanto, sin haber sido fijada sobre bases objetivas», por lo que cifró únicamente el pago indemnizatorio en 1.760 euros (sin IVA).
En el equipo jurídico de Alvise ya indicaron entonces que Ábalos tenía problemas económicos para afrontar este pago tras su entrada en la prisión de Soto del Real, al igual que Koldo García, ya que «le debe aún 14.000 euros», por lo que no descartaban que el exministro de Transportes se declare insolvente.
El propio Ábalos señaló en una entrevista en El Mundo antes de su última comparecencia en el Tribunal Supremo, en la que la Fiscalía Anticorrupción terminó por pedir prisión incondicional contra él, que solo contaba con apenas 6.000 euros en sus cuentas bancarias, por lo que no podía hacer frente a una eventual fianza para evitar su ingreso en la cárcel.
Una fianza de 60.000 euros en el Supremo
Precisamente, este lunes se cumple el plazo impuesto por el Supremo para que el exministro abone el depósito de una fianza de 60.000 euros que le impuso para garantizar las posibles responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar del juicio por los supuestos contratos irregulares en la compra de mascarillas, que se celebrará en abril.
Además, Ábalos hizo hincapié antes de entrar en la prisión de Soto del Real que no tenía fondos ocultos y que su patrimonio, tras su última separación, había quedado reducido a su vivienda habitual en Valencia, que adquirió hace décadas por 27.000 euros, y el local situado bajo el inmueble, que adquirió por 90.000 euros en 2020.
Ábalos aún tiene su acta de diputado pese a su entrada en la cárcel, pero fue suspendido de sus funciones y no puede votar ni cobra el sueldo como parlamentario. Tampoco puede ejercer otras de las prerrogativas ligadas a su condición de parlamentario, como presentar preguntas al Ejecutivo. El Congreso esperó a que el Supremo confirmase el auto de prisión de Ábalos para despojarle de sus derechos de diputado, tal y como fija el reglamento.