El Gobierno lleva a la Fiscalía el amaño de unas oposiciones en Galicia destapado por TO

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha remitido a la Fiscalía Provincial de La Coruña la investigación interna que abrió por las presuntas irregularidades detectadas en unas oposiciones al cuerpo administrativo de la Seguridad Social celebradas en Galicia. El traslado a Fiscalía llega después de que el departamento concluyera que los hechos analizados «podrían ser constitutivos de varios delitos» y que, por tanto, debían ser examinados fuera del circuito estrictamente administrativo. El caso, de este modo, escala a la instancia que evalúa indicios de delito y decide qué actuaciones corresponden.

La decisión se produce tras las presuntas irregularidades que destapó THE OBJECTIVE el pasado noviembre y que alimentaron las sospechas sobre la limpieza del proceso. Los listados oficiales analizados por este periódico reflejaban una concentración fuera de lo habitual de máximas puntuaciones en la sede de La Coruña: las 34 mejores notas del primer ejercicio tipo test correspondieron a aspirantes examinados en esa provincia.

Una ampliación posterior añadió un segundo elemento: 25 de las 50 mejores calificaciones de toda España salieron también de esa sede pese a representar aproximadamente el 10% del total de opositores admitidos. Esos números, por sí solos, no prueban una conducta irregular, pero sí describen una distribución estadísticamente extrema e incompresible en una prueba nacional diseñada para discriminar entre miles de candidatos.

Filtraciones del examen de oposición

La controversia no se centró únicamente en el número de aprobados, sino en la concentración de las mejores puntuaciones en un único punto del mapa. En un examen de alta dificultad y con corrección centralizada, el hecho de que el grueso del top se aglutinase en una sola sede activó inevitablemente preguntas sobre el perímetro de seguridad del cuestionario: cómo se elaboró, quién tuvo acceso, cómo se custodió, cómo se distribuyó y qué controles se aplicaron en cada fase. Preparadores y opositores subrayaron además a THE OBJECTIVE que el elemento más disruptivo era la acumulación de sobresalientes y resultados casi perfectos en una sola sede, un patrón difícil de explicar por variables ordinarias como la existencia de academias locales o un supuesto efecto sede.

Con esos datos sobre la mesa, se multiplicaron las quejas y reclamaciones. Muchos de los aspirantes pidieron explicaciones oficiales, solicitaron revisar garantías del procedimiento y reclamaron que se verificara la cadena de custodia del examen. También se planteó la necesidad de analizar evidencias de patrón: coincidencias improbables en respuestas y errores, similitudes entre plantillas y cualquier señal que permita distinguir entre una rareza estadística y un posible acceso indebido al contenido. Ese tipo de análisis, habitual cuando se cuestiona la integridad de un test masivo, es clave para convertir la sospecha en una conclusión verificable o, por el contrario, para descartarla con evidencia técnica.

Freno de nombramientos

A partir de ahí, el Ministerio abrió una investigación interna sobre las oposiciones. Según informaciones difundidas en Galicia, el trabajo incluyó entrevistas, análisis y revisión de procedimientos y documentación vinculados al proceso. El resultado es el que desemboca ahora en Fiscalía: el departamento entiende que lo observado excede la discusión administrativa y decide trasladar el expediente al Ministerio Público, que es el órgano competente para valorar indicios y, en su caso, impulsar diligencias a través de la Policía Judicial o canalizar actuaciones posteriores.

Mientras se esclarecen los hechos, distintas informaciones han apuntado a medidas de contención para evitar que el proceso quede consolidado antes de despejar las dudas. Entre ellas figura el freno de nombramientos vinculados a esa convocatoria, una decisión que busca preservar derechos de los aspirantes y reducir el riesgo de que un eventual defecto de origen obligue a rehacer fases ya cerradas. La Administración, en este escenario, se mueve entre dos obligaciones: garantizar la continuidad del servicio y proteger la credibilidad del sistema de acceso por mérito y capacidad, que se resiente cada vez que un proceso selectivo queda bajo sospecha.

En mano de la Fiscalía

Según una información publicada por La Voz de Galicia, el caso de las oposiciones en Galicia está ya en manos de la Fiscalía y de la Policía Judicial en La Coruña tras el traslado del expediente por parte del Ministerio. Ese paso marca, en la práctica, un punto de inflexión: el foco deja de estar en la mera discusión sobre resultados y se desplaza hacia la verificación de garantías del procedimiento y la eventual existencia de responsabilidades.

A partir de ahora, el recorrido dependerá de dos ejes probatorios. El primero es la trazabilidad completa del examen: elaboración, impresión, custodia, distribución y perímetro de acceso en cada momento. El segundo es el análisis de patrones de respuesta que permitan detectar coincidencias incompatibles con la aleatoriedad de un test. Si esos elementos arrojan evidencias consistentes, el caso se consolidará; si, por el contrario, la revisión técnica logra explicar la concentración de notas sin quiebra de controles, el episodio quedará como una anomalía estadística excepcional.