La UCO apunta a que Koldo y Ábalos 'apañaron' el reparto de 14 obras de seguridad de ADIF
Una grabación muestra como la trama amañaba presuntamente contratos para grandes constructoras
Koldo García y el exministro José Luis Ábalos. | Ilustración de Alejandra Svriz
La seguridad ferroviaria está en el centro del debate público. El motivo: una sucesión de incidencias que han colocado bajo escrutinio la gestión de la infraestructura, el mantenimiento y la calidad de las obras. Un documento policial aporta un ángulo distinto, pero políticamente decisivo: no discute balastos, traviesas o protocolos, sino cómo se habría intentado influir en la adjudicación de obra pública vinculada al ferrocarril. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado en junio del año pasado e incorporado al caso Koldo transcribe y analiza audios grabados por Koldo García. En las conversaciones, en las que interviene el entonces ministro José Luis Ábalos, se habla del «reparto» de obras de ADIF con referencias explícitas a trabajos «muy importantes de seguridad».
En el audio que grabó Koldo García del 9 de abril de 2019, el asesor ministerial relata a Ábalos que «lo de ADIF» tiene una fecha inminente y que «se aprueban 14 obras». Le insiste en que son «14 presupuestos» para «sacarlos ya a licitación». El proceso debía iniciarse unos días más tarde, el 26 de abril.
La conversación no se limita a una mención genérica: Koldo García sostiene que, de ese paquete de 14, hay cinco obras que le habría señalado «Isabel», identificada en el informe como Isabel Pardo de Vera, que entonces ejercía como presidenta de ADIF. Tanto ella como el ex director general de Carreteras Javier Herrero están imputados en la Audiencia Nacional por el posible amaño de obras. El asesor del Ministerio de Transportes verbaliza una instrucción: «Estas cinco hay que dárselas a…». A continuación da el nombre de cuatro grandes constructoras. La UCO considera que el contenido apunta a un planteamiento de asignación previa de licitaciones antes de su publicación formal.
Los audios de Koldo
La frase que convierte el extracto en material de alto voltaje político es la justificación que se invoca para defender ese reparto: «Son muy complicadas, son muy importantes de seguridad y no podemos quedar mal», señala Koldo García. La seguridad, en obra ferroviaria, es un concepto regulatorio y técnico: delimita requisitos, supervisiones y responsabilidades. En el audio, en cambio, opera como argumento para concentrar adjudicaciones en un listado de compañías con una lógica de «encargo» que la UCO interpreta como presuntamente irregular. En el mismo fragmento se mencionan empresas como Acciona, Sacyr y Ferrovial y se habla de «dar» determinadas obras a unas u otras.
El audio está incorporado al sumario del caso Koldo, que investiga la adjudicación de mascarillas al inicio de la pandemia. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente abrió el pasado septiembre una pieza separada para indagar en el cobro de comisiones a cambio de obra pública después de que la UCO aportara el informe con las grabaciones, en las que participan los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, Ábalos y Santos Cerdán. Ambos han pedido que no se tengan en cuenta, alegando irregularidades y manipulación en su contenido. Los expertos de la Guardia Civil certificaron que no habían sido adulteradas.
El contenido de la conversación apunta a que se trató de influir en la contratación pública. El documento subraya una cautela esencial: lo expuesto debe entenderse «en términos de presunción» en el marco de una investigación que se somete a control judicial y a contradicción procesal. En plena conversación sobre el reparto de obras, Ábalos sugiere «habla[r] con Santos» y Koldo García responde que «ya [ha] hablado con él». La UCO sostiene que detrás de ese nombre se encuentra Cerdán y utiliza ese intercambio para sostener que el esquema descrito en la grabación se movería en un plano de coordinación política informal.
El informe no se limita a los audios. Dedica parte de su análisis a explicar un mecanismo plausible por el que una empresa podría resultar adjudicataria en procedimientos reglados sin necesidad de manipular, en apariencia, el acto formal de adjudicación. La clave estaría en el peso de la valoración técnica en determinados concursos en los que el componente técnico permite compensar una oferta económica menos competitiva.
Contraprestaciones a la trama
El documento incluye ejemplos en los que la empresa o UTE (Unión Temporal de Empresas) investigada queda primera en puntuación técnica pese a no presentar el mejor precio. La UCO utiliza esa pauta para argumentar que, si se pretende orientar un contrato, el punto crítico puede estar en informes y criterios técnicos con margen de apreciación.
El informe incorpora un apartado económico que refuerza la hipótesis de una trama. La UCO sostiene que existirían contraprestaciones asociadas a determinadas adjudicaciones y maneja cifras globales que se habrían movido o quedarían pendientes. Esa parte del documento forma parte de las pruebas que la Guardia Civil remitió al Supremo y describe el presunto circuito de pagos y el modo en que se hablaría de importes vinculados a expedientes concretos en conversaciones posteriores. El contenido, de nuevo, se mueve en el terreno de la investigación y no equivale a condena ni a acreditación de delito.
Lo mismo sucede con las tres reuniones que mantuvo Koldo García con representantes de Azvi entre febrero y junio de 2021. Como avanzó este diario, se trata de los meses previos a la adjudicación del primer contrato para la mejora integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla, en la que está incluida el tramo del accidente que ha costado la vida a 45 personas en Adamuz (Córdoba). Según la agenda del antiguo asesor, la primera cita se produjo el 9 de febrero, apenas un mes antes de que se licitara el proyecto. La constructora sevillana acabó beneficiándose de dos adjudicaciones que superaron los 51,9 millones de euros mediante una UTE junto a Convensa, Guinovart y Ferrovial.
Los investigadores señalan que, aunque cuando se produjo la primera adjudicación, en septiembre de 2019, la ministra de Transportes era Raquel Sánchez, la fase determinante del concurso se produjo durante la etapa de Ábalos, en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre. De hecho, la apertura de sobres con las tres ofertas recibidas y las valoraciones de criterios subjetivos y económicos se producen en mayo de ese 2021, dos meses antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidiera prescindir del dirigente valenciano.