El 'yonki del dinero' vuelve al banquillo por mordidas en contratos de Cultura

Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública valenciana Imelsa y autodenominado ‘yonki del dinero’, ha regresado este lunes a la Ciudad de la Justicia de Valencia para ser juzgado por presuntos amaños en contratos del Ayuntamiento de Valencia. A su llegada, ante los medios de comunicación, ha defendido: «Yo no soy zombie. Los zombies son otros».

Benavent se ha acercado al juzgado sobre las 9.45 horas, donde desde este lunes va a ser juzgado por la sección quinta de la Audiencia de Valencia por la pieza E del denominado caso Taula, relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2003 y 2007, época de la fallecida María José Alcón.

Marcos Benavent ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de entrar al juzgado, que él no es un zombie: «Yo no soy un trabajador zombie, los zombies son otros». Interpelado entonces por si trabajaba en la empresa, ha dicho: «Claro que trabajaba y ahora lo diré dentro» -se refería en la Sala-.

Junto a Benavent hay cuatro acusados más por delitos continuados de cohecho, malversación y prevaricación: Vicente Burgos, exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just y tres representantes legales o apoderados de empresas adjudicatarias.

Los contratos por los que versa el proceso se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de València como La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. También guardan relación con la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y la XXVII edición de la edición del festival de cine de la Mostra.

Las penas

Fiscalía Anticorrupción pide para el ‘yonki del dinero’ seis años de prisión. El fiscal atribuye a Benavent, que fue antes de su cargo en Imelsa empleado de la Fundación Jaume II el Just, los delitos de cohecho -como cooperador-, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Junto a la pena de cárcel, el ministerio público le reclama el pago de una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años.

Así mismo, el fiscal reclama otros cinco años de cárcel para Vicente Burgos, exmarido de Alcón; y tres años de cárcel para los empresarios Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent. En concepto de responsabilidad civil, el fiscal interesa que Benavent y Burgos indemnicen a la Generalitat Valenciana en 164.626,08 euros por el desvío de dinero público efectuado en la Fundación Jaume II El Just.

«Colocado», comisiones y pérdidas

En el escrito de calificación provisional, el fiscal expone que Benavent fue «colocado» por el Partido Popular, con el conocimiento de Burgos, en la fundación, «el cual, a pesar de cobrar un sueldo público, en realidad desempeñaba sus funciones exclusivamente para el PP, como reconocen los propios acusados en sus declaraciones judiciales».

El 26 de diciembre de 2017 la Generalitat extinguió la fundación con pérdidas asumidas por las cuentas públicas por importe de más de 13 millones de euros, «la cual no había sido fiscalizada nunca por la Sindicatura de Cuentas, siendo en 2016 cuando presenta su primer informe», añade el fiscal.

Durante estos años -siempre según el mismo escrito fiscal-, «Benavent se dedicó a cobrar comisiones a empresas que licitaban contratos públicos, de tal forma que aseguraban a las empresas ser las adjudicatarias de los contratos a cambio de un porcentaje variable que percibían en metálico una vez se había adjudicado el contrato».

Este dinero era recaudado por Benavent y luego se repartía: «En algunas ocasiones suponía un incremento en los costes de la obra para que el dinero ilícitamente obtenido supusiera una mayor cantidad», agrega el fiscal. Además del dinero, en el contrato de la Mostra, Enrique Aleixandre llegó a dar un vehículo a Benavent.