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Tribunales

La Audiencia Nacional abre diligencias contra Puente por el accidente de Adamuz

Una asociación denuncia al ministro de Transportes y los directivos de ADIF por delitos de homicidio imprudente

La Audiencia Nacional abre diligencias contra Puente por el accidente de Adamuz

Óscar Puente en el Consejo de Ministros de este martes. | A. Martínez Vélez (EP)

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha decidido incoar diligencias previas contra el ministro de Transportes y ha pedido a la Fiscalía que realice un informe para saber si es competente para continuar con las pesquisas. La denuncia parte de la Asociación Libertad y Justicia que, entre otros, imputa al dirigente socialista un delito de homicidio imprudente por el siniestro que costó la vida a 45 personas el pasado 18 de enero.

«Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», explica Piña en el auto. La Asociación Libertad y Justicia interpuso la denuncia este lunes. Acabó en el Juzgado Central de Instrucción número 6 por el turno de reparto. El escrito reclama que se investigue a Puente por los presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave por cada uno de los fallecidos, pero también por lesiones, prevaricación administrativa y la omisión del deber de impedir delitos.

La denuncia defiende la competencia de la Audiencia Nacional porque el accidente perjudicó a víctimas de varias provincias y ha tenido una «grave repercusión nacional». Sin embargo, Puente está aforado y debe ser investigado por el Tribunal Supremo. El escrito acusa al exminstro de ignorar las advertencias sobre el estado de la infraestructura y de «priorizar la narrativa de éxito de la renovación sobre la seguridad real». En opinión de la asociación, el departamento que lidera el dirigente vallisoletano minimizó «sistemáticamente» los problemas denunciados incluso en sede parlamentaria y mantuvo activa una línea «con deficiencias estructurales».

Puente y las alertas sobre Adamuz

El escrito firmado por el abogado Pedro Muñoz Lorite se extiende contra ADIF y los directivos de esta empresa pública que tuvieron intervención en la supervisión, dirección y recepción de las obras de renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la que se incluye Adamuz. También reprocha que ignorase las alertas y denuncias de seguridad formuladas por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) el pasado agosto y la decisión del administrador de infraestructuras de mantener la velocidad máxima de circulación pese a las advertencias técnicas.

La Asociación Libertad y Justicia incluye en su denuncia a José Luis Ábalos en su condición de exministro de Transportes. Sostiene que bajo el mandato del ex secretario de Organización del PSOE, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre por la adjudicación de mascarillas durante la pandemia, se inició el proceso para licitar las obras de la línea del accidente ferroviario de Adamuz.

«Se adjudicaron contratos millonarios a empresas posteriormente vinculadas a tramas de corrupción» y «se establecieron relaciones clientelares con contratistas que pudieron comprometer la calidad de las obras públicas», insiste. La denuncia también se dirige contra Koldo García, antiguo asesor de Ábalos en Transportes, por su posible participación en una trama de corrupción que «pudo comprometer la integridad de las adjudicaciones y la calidad de las obras».

Como avanzó este diario, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado en junio del año pasado transcribe y analiza audios grabados por Koldo García. En las conversaciones se habla del «reparto» de obras con referencias explícitas a trabajos «muy importantes de seguridad». En una grabación del 9 de abril de 2019, el asesor ministerial relata a Ábalos que «lo de ADIF» tiene una fecha inminente y que «se aprueban 14 obras». Le insiste en que son «14 presupuestos» para «sacarlos ya a licitación». El proceso se inició días más tarde, el 26 de abril.

Las causas del accidente

La denuncia destaca que Koldo García estuvo contratado durante a razón de 6.000 euros mensuales por Azvi, una de las empresas incluidas en la UTE que obtuvo la adjudicación de las obras de mejora en la línea Madrid-Sevilla. Lo hizo meses después de que Ábalos fuese cesado como ministro, pero los investigadores apuntan que la fase determinante del concurso se produjo durante su etapa. De hecho, la apertura de sobres con las tres ofertas recibidas y las valoraciones de criterios subjetivos y económicos se produjo en mayo de 2021.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) abrió un expediente para determinar las causas del accidente ferroviario de Adamuz horas después del siniestro . Un informe preliminar explica que a las 19.45 horas de ese día descarrilaron los dos últimos coches de un tren de alta velocidad Iryo que había salido de Málaga y se dirigía a Madrid. Los técnicos señalan que invadieron la vía 2, por la que circulaba en sentido contrario un Alvia procedente de la capital y que tenía como destino Huelva.

Las primeras hipótesis apuntan a la rotura de una soldadura del carril por el que circulaba el Iryo. Ese tramo había sido parcialmente renovado en mayo de 2025, pero conservaba secciones antiguas, cuestión que se está investigando en estos momentos con lupa. El accidente de Adamuz ya está judicializado. El encargado de la investigación es el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), donde tomará posesión una juez recién salida de la Escuela Judicial el próximo 9 de febrero. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TJSA) ha solicitado un juez de refuerzo a través de una comisión de servicio.

«No fue una fatalidad. No fue un suceso tremendamente extraño, como cínicamente lo calificó el ministro Puente. Fue el resultado directo, previsible y evitable de una cadena de negligencias administrativas, omisiones dolosas y decisiones temerarias adoptadas por quienes tenían el deber legal y moral de garantizar a seguridad de miles de ciudadanos que cada día confían sus vidas al sistema ferroviario español», subraya la denuncia de la Asociación Libertad y Justicia.

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