La Justicia asume la dificultad de encontrar un refuerzo para el 'caso Adamuz': «Es un marrón»

Cristina Pastor conoció su primer destino como juez de carrera el pasado 20 de enero: el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba). El mismo sobre el que recayó dos días antes la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, donde perdieron la vida 45 personas. Una plaza «difícil» que nadie reclama porque «tiene mucha carga de trabajo», según los magistrados consultados. En previsión de la magnitud de la causa, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitó un juez de refuerzo. La convocatoria se realizó a través de una comisión de servicio, pero varias fuentes aseguran a THE OBJECTIVE que ha tenido poco éxito porque «es un marrón». Si ningún profesional pide el cambio, el TSJA activará la bolsa de sustitutos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofertó el pasado viernes una comisión de servicios durante seis meses renovables «para cubrir una plaza de magistrado en la sección Civil y de Instrucción» del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro, según el nombre que le otorga la nueva Ley de Eficiencia. Dio un plazo de tres días para presentar las solicitudes. Puede concurrir cualquier magistrado en España, aunque estos reconocen que el retraso habitual y la situación actual van a frenar a sus colegas.

Fuentes extraoficiales señalan que la convocatoria ha tenido poco éxito, aunque desde el TSJA por el momento no facilitan cifras de los aspirantes que han solicitado el puesto para «reforzar y apoyar» el juzgado «tanto en la llevanza ordinaria» como «en la colaboración» con la investigación del accidente de Adamuz. El máximo órgano regional y el CGPJ asumen la dificultad para encontrar un candidato. De no hacerlo, activarán las bolsas de jueces sustitutos, lo que alejaría cualquier duda sobre la politización del siniestro en los juzgados.

El accidente de Adamuz

Fuentes del TSJA rechazan cualquier atisbo de duda sobre el proceso, lo mismo que las asociaciones profesionales. Desde el órgano regional explican que la encargada de seleccionar al juez de refuerzo será su Sala de Gobierno. Lo hará basándose en el escalafón (la antigüedad) y la situación en la que se encuentra su juzgado. El CGPJ debe dar luz verde a la incorporación, cuyo salario abona el departamento que lidera Félix Bolaños. Rechazan que el Ministerio de Justicia tome alguna decisión. En cambio, hay magistrados que señalan la «poca transparencia» en los criterios por los que se adjudican estas plazas.

«Las comisiones de servicio suponen un amplio margen de discrecionalidad, aunque es el mecanismo normal para reforzar juzgados de forma urgente, como es el caso», reconoce Roberto García Ceniceros, presidente de Foro Judicial Independiente (FJI). En su opinión, el problema es que la oferta incluye llevar tanto los asuntos ordinarios como la «colaboración» en la instrucción del accidente de Adamuz.

García Ceniceros señala que el término colaborar es muy ambiguo: «La figura del juez colaborador no existe. No sabemos cuáles son sus competencias. Teniendo en cuenta que la titular es una juez recién salida de la Escuela, se puede pensar que el comisionado podría supervisarla o tutelarla». El presidente de FJI lamenta que desde el TSJA y el CGPJ «no confían» en la preparación y formación de los jueces y exige que el comisionado acuda a Montoro a «liberar de carga ordinaria a la titular para que esta pueda dedicarse a la instrucción de la causa compleja con una mayor tranquilidad».

El TSJA insiste a este diario que la decisión de los asuntos que llevará el juez de refuerzo aún no se ha tomado. No obstante, la convocatoria de la comisión del servicio que ofertó el CGPJ es clara: «reformar y apoyar» las secciones de Civil y de Instrucción «tanto en la llevanza ordinaria de la misma como en la colaboración en la tramitación» de la instrucción del accidente de Adamuz.

«Tutelar» a la nueva juez

«Las plazas de Montoro siempre quedan para los nuevos. Es un lugar complicado, con mucha carga de trabajo y nadie las pide», revela un magistrado andaluz con varias décadas de experiencia. En esta ocasión no ha sido diferente. Pastor y otra compañera recién salida de la Escuela Judicial, María del Carmen Blanque (que se encargará del Juzgado de Instrucción número 1 de Montoro), asumirán su nuevo destino el próximo 9 de febrero.

Pastor asume un reto mayúsculo, aunque fuentes judiciales señalan que está perfectamente capacitada para dirigir la instrucción del accidente de Adamuz. Compañeros veteranos le aconsejan demostrar personalidad porque van a intentar «tutelarla» nombrando un juez de refuerzo. «Es un caso muy goloso», destaca un magistrado con varias décadas de servicio.

Licenciada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada, Pastor inició su carrera profesional en el despacho LTA Abogados & Economistas. Sin embargo, acabó decantándose por la judicatura. Hizo prácticas en el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada y hasta el pasado 30 de noviembre cubrió una baja de tres meses en el Tribunal de Instancia de Loja.

Hasta su incorporación, ha asumido las pesquisas del accidente de Adamuz la juez sustituta Carmen Troyano, que decidió el pasado viernes no declarar secreta la causa pese a la petición de la Guardia Civil, que le entregó las dos cajas negras de los trenes y 2.500 fotografías y vídeos sobre el siniestro. Su instrucción supondrá un ingente trabajo, a lo que hay que añadir las cuestiones ordinarias.

Eso motivó que el TSJA reclamara refuerzos para el juzgado, que en la actualidad cuenta con 12 funcionarios, nueve en el servicio de Tramitación y tres en el Registro Civil. La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ya hizo efectiva la llegada de dos funcionarios para reforzar los juzgados de Montoro: un gestor y una tramitadora.