Un 'boom' de decenas de miles de desahucios colapsará los juzgados tras decaer la moratoria
Los abogados piden más personal en los juzgados para atender el aluvión de procedimientos para echar a ‘inquiokupas’
Un desahucio en Carabanchel en una imagen de archivo. | EP
El rechazo del Congreso de los Diputados al decreto ómnibus provocará que la moratoria de los desahucios a familias vulnerables decaiga tras casi seis años en vigor una vez el resultado de la votación se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Aunque los representantes legales de los propietarios afectados dan por sentado que el Ejecutivo tratará de dar con una nueva fórmula legal para recuperar el mecanismo de protección después de que Junts, anterior socio de Pedro Sánchez, haya dicho «no a las okupaciones» en el pleno, los bufetes aprovecharán la ventana de oportunidad para presentar demandas de lanzamiento de forma masiva.
Esta circunstancia añadirá más presión sobre unos juzgados ya de por sí saturados: si en algunas zonas del país estos procedimientos ya se demoraban cerca de diez meses, la llegada de decenas de miles de casos que estaban hasta ahora bloqueados amenaza con un colapso todavía mayor. Arantxa Goenaga, socia del despacho AF Legis, habla de una veintena de expedientes en esta situación y que ahora se podrán reactivar, mientras que el abogado y criminólogo Pablo de Palacio tiene «entre 30 y 35» de estos procedimientos pendientes y «más compañeros también tienen otros tantos paralizados».
Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE cuantifican los desahucios bloqueados de inquiokupas —inquilinos que dejan de pagar el alquiler o acceden a él mediante contratos fraudulentos— en decenas de miles. Aunque no se han hecho públicas cifras oficiales, plataformas provivienda como la PAH han estimado que se trata de cerca de 60.000 desahucios paralizados, mientras que la Plataforma de Afectados por la Ocupación calcula que el número real es más cercano a los 80.000. Esta organización ha solicitado sin éxito los datos oficiales y ha reclamado mensualmente una reunión al Ejecutivo, petición ignorada sistemáticamente.
La plataforma, que ha celebrado en un comunicado «el fin del blindaje a los okupas» y ha pedido al Gobierno «que deje de usar a los propietarios como escudo social» al «confiscar viviendas de pequeños tenedores», denunció recientemente el caso de María Elena López, una residente de Collado Villalba (Madrid) que se declara «propietaria indigente» al no poder pagar un alquiler solamente con su sueldo, puesto que dependía de los ingresos de alquiler para amortizar la hipoteca del piso que tenía arrendado pero sus inquilinos impagaron. «Hay casos dramáticos», corrobora Goenaga, sobre todo cuando «el alquiler es inferior a la hipoteca».
La abogada especialista en derecho inmobiliario explica que muchos propietarios «han gastado en luz y gas porque tienen que asumir ese coste y si se baja la potencia les pueden decir que es un delito de coacciones». «Estas medidas han perjudicado a muchos propietarios, ya que el 80% del parque inmobiliario son pequeños propietarios que están complementando su pensión o su sueldo». Lamenta que el Estado no haya «hecho nada» para reubicar a los inquilinos vulnerables en pisos sociales «pese a que el decreto decía que tenían que hacerlo» y anticipa que en cuanto el BOE publique la suspensión «vendrá un boom de lanzamientos que llevan parados estos años», que con los retrasos actuales prevé que tendrán fecha para finales de año.
De Palacio celebra el fin de la medida, pero coincide en que los juzgados van a tener que «hacer frente a una gran demanda de lanzamientos». Anticipa que la cantidad de procedimientos para solicitar desahucios de inquiokupas hasta ahora protegidos «va a ser abrumadora porque llevamos seis años» y pide «reforzar los juzgados para hacer frente a esta demanda», por ejemplo mediante el incremento del número de secretarios judiciales y las comisiones judiciales que acuden a los lanzamientos. Además, Goenaga cree que será necesario ampliar el personal encargado de determinar la fecha del desahucio.