La juez que investiga a un cargo de Bolaños facilitó pruebas encubiertas a la Abogacía
Trujillano rechaza en una providencia haber remitido la grabación manipulada al investigado y a su defensa
El director de Transformación Digital, Aitor Cubo, y el ministro Félix Bolaños. | Ilustración de Alejandra Svriz
Por la puerta de atrás. La juez que investiga a un alto cargo del Ministerio de Justicia por la manipulación del testimonio de un menor en una vista oral habría remitido a la Abogacía del Estado y al propio investigado, un subordinado de Félix Bolaños, una prueba de la causa sin informar a las partes, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, cuya titular es Susana Trujillano, habría enviado el vídeo que le facilitó el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid a pesar de que la prueba incluida en la instrucción es la que se custodió en los servidores de Justicia. En una providencia, la magistrada rechaza haber remitido la grabación.
Trujillano investiga desde diciembre de 2023 un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta manipulación de la grabación de un niño (entonces tenía 12 años) que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores que se celebró en marzo de 2022. La magistrada imputó al director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, subordinado de Bolaños y de la número tres de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.
La Audiencia Provincial de Madrid pidió el pasado mayo ampliar las pesquisas y que se investigara tanto la manipulación del audio como otros documentos y resoluciones judiciales que se dictaron en el mismo procedimiento. Cubo ya estaba acusado de alterar el audio de la declaración judicial de un menor. Los peritos sostienen que fue alterado con un «ruido rosa» cuya posibilidad de estar presente de forma natural en el entorno es «prácticamente nula».
Un subordinado de Bolaños
En los últimos meses, la acusación particular ha venido denunciando una serie de irregularidades en la causa que, en su opinión, afectan a la legalidad del proceso y le causan indefensión. La última, que la Abogacía del Estado, que defiende a Cubo, haya conseguido la grabación del testimonio manipulado del menor del juzgado de Valladolid a través de Trujillano.
En una providencia del pasado 19 de enero a la que ha tenido acceso este diario, la juez asegura que «en ningún caso (…) se ha dado entrega de la grabación recibida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid ni al Ministerio Fiscal ni a la Abogacía del Estado. Dicha grabación es custodiada en sede judicial por la LAJ a fin de ser remitida a la Policía Científica Unidad de Delitos Informáticos para realizar informe técnico solicitado por el Ministerio Fiscal».
El escrito señala que la conclusión de la acusación particular de que «o bien el Ministerio Fiscal ha tenido acceso a la grabación proveniente del juzgado de violencia… al igual que la defensa (del subordinado de Bolaños) y por tanto se ha excluido a esta acusación particular es totalmente infundada». E insiste: «La grabación remitida por el juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Valladolid está unida a la causa en sobre cerrado entre los folios 568 y 569». No obstante, la documentación en poder de este diario demostraría lo contrario.
Un justificante de la plataforma de intercambio de información LexNET al que ha tenido acceso este diario demuestra que el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid habría remitido a la Abogacía del Estado el CD con la declaración del menor en la vista de Valladolid el 14 de octubre del año pasado. La notificación no solo se hace por vía electrónica. En otro documento fechado el pasado 27 de octubre se comunica que se ha entregado físicamente «un sobre con CD» en la sede de los servicios jurídicos del Estado. El material también habría sido remitido al subordinado de Bolaños el pasado 1 de diciembre.
«Una modificación encubierta»
La acusación particular ya alertó a la Audiencia de Madrid que la juez instructora había pedido una copia de la grabación del testimonio del menor en el juzgado de Valladolid, tal y como solicitó la Abogacía del Estado, «sin dar traslado a las partes». Insistió en que desconocía si también se había excluido del asunto al fiscal, ya que la actuación no fue registrada en el expediente electrónico del caso.
«Como ya informamos (…) se está intentando una modificación encubierta del objeto de la causa (sustituyendo la prueba sobre la que se articula esta instrucción: la grabación original de la vista, incorporada a la denuncia y custodiada en los servidores del Ministerio de Justicia», insiste la acusación particular en un recurso de apelación presentado el 15 de enero ante la Audiencia de Madrid, que aún debe pronunciarse.
La situación, afirma la acusación particular, estaría generando una situación de indefensión que «vulnera las más elementales garantías de la cadena de custodia de la prueba y compromete la propia integridad del objeto de instrucción». Los penalistas consultados revelan que el escenario es «anómalo». No entienden que se remita una prueba al investigado de forma personal ni que la propia titular del juzgado afirme que custodia la prueba mientras las evidencias de LexNET prueban que se aportó a la Abogacía del Estado.
La juez acordó la prueba solicitada por la Fiscalía, cuya resolución está recurrida por la acusación particular ante la Audiencia
de Madrid. Lo mismo que hizo con la decisión de Trujillano de denegar la entrada y registro de la Guardia Civil en los servidores de Justicia y su petición de apartar a la Benemérita de las pesquisas en beneficio de la Policía Nacional. A pesar de que estos recursos ante el órgano regional siguen pendientes de resolución, la juez reclamó al juzgado de Valladolid la grabación, que fue a parar a la defensa de un alto cargo de Bolaños imputado.
Extravío de la prueba
Meses antes, y de forma misteriosa, el soporte (pendrive) que contenía la grabación de la vista y que la Guardia Civil había depositado en los juzgados de Plaza de Castilla se extravió del Juzgado de Instrucción número 7. Trujillano tuvo que dictar una providencia en octubre de 2024 para requerir de nuevo la prueba a la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que la entregó al Decanato días más tarde con el fin de conservar la cadena de custodia.
Las causas del extravío nunca se aclararon a pesar de que el procedimiento analiza los posibles lados oscuros de la Administración de Justicia. En este caso, la Abogacía del Estado solicitó inicialmente el sobreseimiento para Cubo, aunque más tarde rectificó y solicitó que se aportara al procedimiento otra grabación. Esta vez, desde el juzgado de Valladolid a través de la letrada de la Administración de Justicia. Casualmente, la única persona que se encontraba en la sala junto al juez el día que declaró el menor y cuyas resoluciones están siendo investigadas por posibles modificaciones.