La renuncia de Ábalos aboca la causa de los amaños de Cerdán a la Audiencia Nacional

La renuncia de José Luis Ábalos a su acta de diputado tendrá consecuencias. La decisión, que ya le recomendó su primer abogado, le lleva a perder al aforamiento, lo que abocará a la Audiencia Nacional la causa por los supuestos amaños en adjudicaciones públicas en la que también está investigado Santos Cerdán. El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente abrió la pieza separada en septiembre. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que el Alto tribunal mantendrá el juicio de las mascarillas, del que ya se conoce la composición del tribunal, aunque falta que se concrete la fecha de la vista.

Ábalos, en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, ha presentado este miércoles ante la Mesa del Congreso su renuncia al acta de diputado, condición que ha tenido durante siete legislaturas. La noticia la ha adelantado el propio dirigente valenciano a través de redes sociales. En un mensaje de su perfil de X, ahora administrado por colaboradores, el exministro de Transportes ha explicado que toda la decisión después de que el Supremo resolviera rechazar su recurso y mantenerle en prisión a la espera de juicio.

Los juristas consideran que la defensa de Ábalos dará debida cuenta de la renuncia al Supremo y, por tanto, de la pérdida de aforamiento una vez que la Mesa del Congreso certifique su cese. Como consecuencia, el Alto tribunal perderá la competencia para instruir la pieza separada por los presuntos amaños en obra pública que también implica a Cerdán. La causa pasará a la Audiencia Nacional, menos ágil en instruir las causas por la acumulación de asuntos que maneja.

Ábalos arrastra a Cerdán

«Al dejar de estar aforado Ábalos, el asunto de los amaños debe derivarse a la Audiencia Nacional, que es el órgano competente», avanza Alfredo Arrien, de Paredes Abogados y Asociados. Una opinión que secunda la penalista María de la Torre, de GovCom abogados: «Debe ir a la Audiencia Nacional porque es una pieza separada y debe instruirse ahora, una vez que ha dejado de ser diputado, por lo que el Supremo ya no tiene competencia».

El escenario es distinto para el juicio por las presuntas comisiones por los contratos de mascarillas en pandemia al que se enfrentan Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Las fuentes jurídicas señalan que, en este caso, la competencia para el enjuiciamiento la fija el auto de apertura del juicio oral que el magistrado Leopoldo Puente dictó el pasado 11 de diciembre, por lo que a partir de ese momento, el Supremo se aseguraba ya la competencia del procedimiento aunque el dirigente valenciano renunciara al acta.

«No hay leyes procesales, pero existe un principio, perpetuatio iurisdictionis, que señala que cuando existe un auto de procesamiento, y para evitar peregrinajes jurídicos y dilatar el procedimiento, se mantiene la competencia del aforado», sostiene Arrien. Lo secunda De la Torre, aunque esta penalista explica que existe jurisprudencia por la que el Supremo podría inhibirse, aunque lo considera poco probable una vez que ya se ha anunciado la composición del tribunal que va a juzgar a Ábalos por el caso mascarillas, por el que se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía que la acusación popular eleva a 30 años.

Un acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal del 2 de diciembre de 2014 subraya que «en las causas con aforados, la resolución judicial que acuerda la apertura de juicio oral constituye el momento en el que queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado». Esa resolución parece no dejar lugar a dudas de que el juicio de las mascarillas se celebrará en el Supremo.