Alicante lleva a la Fiscalía las adjudicaciones de vivienda para saber si hay «irregularidades»

El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado este martes la presentación de una denuncia en Fiscalía tras la polémica surgida por las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en una promoción construida sobre suelo municipal en Playa de San Juan. El objetivo es determinar si algún funcionario ha podido cometer «irregularidades» en el proceso.

Así lo ha indicado el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (PP), en la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno local. Durante esta comparecencia ante la prensa, ha incidido en que la decisión también se debe a la «falta de competencias» del consistorio para indagar sobre este caso.

Por otro lado, ha informado de que Rocío Gómez ya ha formalizado su renuncia como concejala de la corporación municipal, donde era encargada del área de Urbanismo dentro del equipo de gobierno popular. Además, ha señalado que este jueves se celebrará un pleno extraordinario en el que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, dará «explicaciones».

Gómez anunció su dimisión el pasado viernes tras conocerse que ella está entre las adjudicatarias de estas viviendas. La ya exedil justificó la decisión en que se apartaba del cargo «para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación» requerida.

Esto se suma a la renuncia de María Pérez-Hickman como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento, tras las informaciones periodísticas que señalan que varios familiares suyos son beneficiarios de VPP. Asimismo, la Generalitat ha abierto expediente a un funcionario por un visado de esta promoción, al ser cónyuge de una solicitante y supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.