Los fiscales estallan: «García Ortiz no ha sido apartado y percibe 10.000 euros mensuales»
El ex fiscal general del Estado fue condenado por revelar datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso
Álvaro García Ortiz.
La Fiscalía española vive un momento de tensión que no se veía desde hace décadas. Fiscales de distintas asociaciones y profesionales del Ministerio Público están formalizando un malestar que hasta hace poco se expresaba en los pasillos, cafeterías y grupos internos, pero que ahora se está haciendo cada vez más evidente. El detonante es uno de los casos más comentados de la reciente historia jurídica del país: la reincorporación de Álvaro García Ortiz a la carrera fiscal después de haber sido condenado por el Tribunal Supremo y la correspondiente decisión de no apartarlo definitivamente de la carrera. Esto, según declaran a THE OBJECTIVE, le permite cobrar una nómina que ronda los 10.000 euros brutos al mes por su puesto como fiscal de Sala de lo Social del alto tribunal.
García Ortiz fue fiscal general del Estado hasta que la Sala Segunda del Tribunal Supremo le condenara en noviembre de 2025 por un delito de revelación de secretos al filtrar, según la sentencia, información reservada relacionada con el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La condena incluyó una multa de 7.200 euros, una indemnización de 10.000 euros por daños morales y una inhabilitación especial de dos años para el cargo de fiscal general del Estado.
Pese a ello, cuando su sucesora, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, recibió el informe de la Inspección Fiscal sobre el alcance de la condena, decidió que García Ortiz podía reincorporarse a la carrera fiscal en otro destino dentro de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Esta decisión, a ojos de muchos fiscales, ha abierto una grieta profunda en la credibilidad de la institución y cuestiona los límites de lo que significa ser una carrera independiente y sometida a los más altos estándares éticos.
La presencia de García Ortiz en la Fiscalía ha provocado indignación no solo por el hecho de que pueda reintegrarse tras una condena por delito doloso, sino también por el hecho de que ocupa una plaza de fiscal de sala en el Tribunal Supremo con retribuciones muy elevadas. Según los presupuestos generales más recientes, un fiscal de Sala del Tribunal Supremo percibe unas retribuciones brutas anuales de alrededor de 124.200 euros, incluyendo sueldo y complementos. Esa cifra, repartida en 12 pagas prorrateadas, se traduce en aproximadamente 10.350 euros brutos al mes. Desde la perspectiva de muchos fiscales de carrera, ese salario —que ya de por sí está entre los más altos dentro de la profesión jurídica en España— no debería percibirse por alguien que, hasta hace poco, fue condenado por vulnerar la confidencialidad de datos reservados de un ciudadano.
La protesta interna crece
La Asociación de Fiscales y otras organizaciones profesionales han emitido comunicaciones internas y han reclamado que se publique el decreto que formaliza la decisión de Peramato de readmitir a García Ortiz en la carrera fiscal, algo que —según algunas fuentes consultadas por este medio— todavía no se ha hecho público de forma clara. Esta falta de transparencia alimenta aún más la percepción de opacidad y favoritismo. Algunos fiscales consultados aseguran que no se trata solo de una cuestión económica, sino de principio y de confianza institucional: «No podemos entender que una condena por delito doloso no tenga consecuencias en el ejercicio de la función pública. Esto debilita la confianza en la fiscalía como garante de la legalidad», declara uno de ellos, remarcando que la indignación «no es solo por García Ortiz, sino por lo que representa esta decisión».
Por su parte, voces internas también señalan que existe malestar porque la interpretación jurídica en la que se basa la decisión —la delimita estrictamente al cargo de fiscal general y no a la condición de fiscal de carrera— no está desprovista de debate doctrinal y de diferencias de criterio en el seno del propio Ministerio Público. Hasta el momento, Teresa Peramato no ha ofrecido una defensa pública extensa de su decisión más allá de apoyarse en la interpretación legal que, según la Inspección Fiscal, permite que la condena impuesta a García Ortiz afecte solo al cargo que ocupaba y no a su condición de fiscal de carrera.
Esta interpretación parte de una lectura combinada de la normativa estatutaria y de jurisprudencia previa del propio Tribunal Supremo, que ha señalado en sentencias anteriores que solo la pena de privación de libertad superior a seis meses obliga a perder la condición de miembro de la carrera fiscal. Esa lectura legal, en manos de muchos fiscales, es percibida como una interpretación excesivamente favorable que deja un enorme margen para mantener a García Ortiz dentro de la estructura de la Fiscalía pese a su condena por delito doloso.