Militares españoles en la OTAN denuncian a la 'número tres' de Defensa ante el Supremo

Un total de 17 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas han presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y coacciones. La denuncia, presentada por el bufete dirigido por Antonio Suárez-Valdés en nombre de los firmantes, se enmarca «en la cerril negativa» del departamento que dirige Margarita Robles a que el personal militar español pueda desarrollar puestos en las agencias internacionales de la OTAN en contra de lo expresamente establecido en la normativa vigente.

En la querella, desvelada por Europa Press y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se explica que los firmantes tienen puestos como personal civil internacional de la Alianza Atlántica y están contratados como personal estatutario por diversas agencias de dicha organización internacional. También son militares de carrera en situación de excedencia por interés particular o de servicios especiales.

La representación legal de los querellantes, que reclama a la Sala de lo Penal del Supremo que se llame a Mateos a declarar como investigada, indica que la alto cargo del Ministerio de Defensa «viene denegando, de forma contraria al ordenamiento jurídico vigente, la concesión del pase a la situación de servicios especiales de los militares españoles que habían sido contratados como personal civil de la OTAN», ellos incluidos.

En este sentido, señala que cuando se les ofrecieron contratos como personal civil internacional de la OTAN por sus agencias o la renovación de los mismos, los querellantes pidieron su pase a la situación de servicios especiales, «aportando a tal efecto un certificado emitido por su agencia respectiva en el que se definía el puesto a ocupar y se indicaba el carácter estatutario del mismo».

«Con carácter subsidiario y al venir detectando una práctica supuestamente fraudulenta por parte del Ministerio tendente a la negación de su derecho al pase a la situación de servicios especiales con motivo de su trabajo en la OTAN, los querellantes tuvieron también que solicitar el pase a la situación de excedencia por interés particular ante la noticia de que la intención de Defensa fuera la de denegar indiscriminadamente y de forma arbitraria sus solicitudes principales de pase a servicios especiales», añade.

Los militares hacen hincapié en que a varios de ellos les había sido concedido anteriormente el pase a la situación de servicios especiales por la subsecretaria de Defensa, «lo cual, como han destacado posteriormente los tribunales de justicia, abundaba en el carácter arbitrario de la posible denegación de su solicitud de continuidad» en esa situación.

«Sin embargo, de forma contraria al ordenamiento jurídico vigente y de forma completamente arbitraria, la subsecretaria, por cuestiones puramente políticas, cambió de criterio y pasó de conceder con normalidad la gran mayoría de las solicitudes de pase a la situación de servicios especiales de los militares españoles que habían sido contratados como personal civil de la OTAN, a denegar éstas de forma sistemática a la gran mayoría de los peticionarios», denuncian.

En este sentido, Defensa habría alegado «una pretendida necesidad de autorización previa por parte del Estado español, no contemplada por la normativa vigente». Y ese ha sido el caso «de la totalidad de los querellantes», a quienes, «de forma expresa o presunta, por la subsecretaria, se les ha denegado el pase o continuidad en la situación de servicios especiales y se les ha obligado de facto a solicitar un pase a la situación de excedencia, mientras se sustancian sus procedimientos judiciales, para evitar poder incurrir en una situación de incompatibilidad o de pérdida del puesto de trabajo ofertado por la OTAN».

Sobre el presunto delito de prevaricación, los querellantes exponen que la «arbitrariedad» se da al «sostener un criterio restrictivo sin cobertura normativa (y contrario al sentido de la regulación vigente), manteniéndolo de forma reiterada pese a la existencia de pronunciamientos judiciales estimatorios y advertencias institucionales».

Y en cuanto a las presuntas coacciones, inciden en que no se produce mediante violencia física, sino a través de «la utilización del poder público como fuerza compulsiva, colocando a los querellantes ante una alternativa forzada e ilegítima». En este sentido, alertan de la dicotomía de «o renunciar al puesto en la OTAN ya obtenido, con el consiguiente perjuicio profesional y económico, además del perjuicio institucional para la representación española en estructuras OTAN, o solicitar y aceptar una situación administrativa distinta y más gravosa excedencia, como única vía práctica para poder incorporarse al puesto civil internacional.