Montoro alega indefensión para anular la investigación por la trama de favores fiscales

Cristóbal Montoro alega indefensión para anular la investigación por su participación en una presunta trama de favores fiscales a empresas. La defensa del exministro de Hacienda, que ejerce el abogado Javier Gómez-Ferrer, ha registrado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona en el que acusa al juez Rubén Rus de vulnerar derechos fundamentales de su cliente. El letrado critica que el magistrado prorrogara la instrucción el pasado 26 de enero sin oír previamente a las partes, que podían presentar alegaciones hasta el 29. El problema es que, en ese caso, habría incumplido el plazo para extender las pesquisas otros seis meses.

En un escrito al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la defensa de Montoro solicita la nulidad de la prórroga por vulneración del derecho a la defensa; del plazo máximo de instrucción recogido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim); de tutela judicial efectiva; y de audiencia. Eso ha generado «indefensión» al que fue ministro de Hacienda con José María Aznar y con Mariano Rajoy. Se le investiga por ese último periodo por, presuntamente, beneficiar a clientes de Equipo Económico, el despacho de abogados que creó en 2006 y que abandonó dos años más tarde.

El origen del caso se remonta a una denuncia anónima que aseguraba que Equipo Económico operaba como lobby y obligaba a empresas energéticas y de renovables a contratar con ella para «influir» en las decisiones políticas. La Fiscalía Anticorrupción la archivó en 2017. Un año más tarde, los Mossos d’Esquadra localizaron unos correos electrónicos por casualidad durante un registro en la empresa gasística Messer Ibérica, a la que se investigaba por otros delitos.

El despacho de Montoro

El juez Rus abrió diligencias y comenzó a investigar bajo secreto el presunto pago de comisiones al despacho a cambio de la modificación de leyes. La causa permaneció bajo secreto durante siete años, lo que exigió casi 80 prórrogas (en ese caso era necesaria hacerlas cada mes). La última extensión de la instrucción ha soliviantado a Montoro. Su defensa alega que recibió una notificación el pasado 22 de enero y que disponía de cinco días hábiles para formular alegaciones, esto es, hasta el día 29.

El magistrado dictó un auto el 26 de enero acordando la prórroga porque ese día vencía el plazo para hacerlo. La defensa de Montoro presentó su escrito el 28 de enero, esto es, dos días después de que Rus decidiera extender el periodo de instrucción sin haber escuchado a todas las partes. «La omisión del trámite de audiencia expresamente previsto en el artículo 324 de la LECrim supone una vulneración directa del derecho a la tutela judicial efectiva, de defensa y el derecho a un proceso público con todas las garantías consagradas en el artículo 24 de la Constitución», señala el escrito.

«No nos encontramos ante una mera irregularidad formal, sino ante una vulneración manifiesta del derecho de audiencia, que constituye uno de los pilares esenciales del proceso penal y del estatuto de garantías del investigado», sostiene la defensa de Montoro. En su opinión, el momento procesal en el que se ejerce el derecho de defensa resulta determinante, ya que «no es lo mismo ser oído antes de que se adopte una decisión (pudiendo influir en ella) que formular alegaciones una vez que la decisión ya ha sido adoptada y ha desplegado sus efectos».

Montoro señala que esta indefensión cobra especial relevancia cuando la instrucción no se encuentra en su plazo ordinario, sino que viene prorrogándose sistemáticamente desde 2018 y tras permanecer siete años bajo secreto, un hecho sin precedentes en la historia judicial de nuestro país. Tanto la defensa del exministro como Equipo Económico ya habían aludido a este hecho antes y a la falta de competencia territorial del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona para anular la causa.

Siete años bajo secreto

«Conforme al artículo 238 de la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial), los actos procesales son nulos de pleno derecho cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión», destaca la defensa de Montoro. Para esta, el auto de prórroga de instrucción que se dictó el pasado 26 de enero, tres días antes de la finalización del plazo concedido, supone la vulneración de las normas esenciales del procedimiento.

El auto carece de motivación, según la defensa de Montoro. Bajo su criterio, este no se expone «razonadamente» las causas que han impedido finalizar la investigación, abierta en 2018. «Desde entonces, hasta junio de 2025, la causa (de manera irregular a juicio de esta representación) permaneció declarada secreta», explica el documento que firma el abogado Gómez-Ferrer. En su opinión, el juzgado debería haber acordado las diligencias necesarias en los últimos seis meses, algo que no hizo, sugiriendo que se trata de una investigación prospectiva.

La defensa de Montoro también considera «innecesario» acordar la prórroga ante la absoluta falta de indicios racionales de criminalidad del exdirigente del PP. «La instrucción pivota exclusivamente sobre unos hechos que carecen de relevancia penal (y en los que mi representado no tuvo más participación que la de ostentar el cargo de ministro de Hacienda)». El escrito incide en que este no tenía constancia de los hechos y que, si así fuera, «los hechos seguirían careciendo de toda relevancia penal» porque es práctica habitual que asociaciones y ciudadanos trasladen sugerencias al Gobierno.

El juez Rus levantó en julio del año pasado el secreto de sumario tras siete años de investigación. Además de Montoro, están imputadas seis personas jurídicas y 26 físicas, entre ellas nueve ex altos cargos del Gobierno de Rajoy. Las pesquisas revelan la existencia de una compleja maraña de sociedades instrumentales a las que Equipo Económico presuntamente desviaba gran parte del dinero obtenido tras recibir pagos de sus clientes a cambio de reformas legislativas que las beneficiaban. Los investigadores sospechan que estos incluso llegaron a conocer los presupuestos de 2018 antes que el Congreso.