El juez del 'caso Errejón' considera que la renuncia de Mouliaá carece de validez jurídica

Tirón de orejas para Elisa Mouliaá. El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, requiere a la actriz que presente el escrito de desistimiento del caso Errejón firmado por su procurador y su abogado, Alfredo Arrien, que ya mostró sus discrepancias con la decisión. Sin su firma, la petición carece de efecto jurídico, por lo que el procedimiento continúa su curso sin suspensión de plazos. De hecho, este mismo viernes el juez ha citado a Íñigo Errejón el próximo 10 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral por agresión sexual.

En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Carretero reclama a Mouliaá que subsane los errores del escrito de desistimiento que registró hace dos días. «En vista de que su escrito para retirarse de la acusación particular carece de firma de abogado y procurados, como es preceptivo, se le requiere para que subsane ese defecto para dar trámite a su petición de archivo, pues si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado la peticionaria escrito de acusación firmado por abogado y procurador y existir otro escrito acusatorio de la acusación popular».

Carretero informa a Mouliaá que, si el escrito no lleva la firma de sus representantes legales, continuará adelante con el procedimiento, en el que la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE) ejerce como acusación popular. El magistrado envió a Errejón al banquillo el pasado 7 de enero por una supuesta agresión sexual. Lo hizo sin esperar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que aún debe resolver los recursos presentados por el acusado. También le obligó a pagar una fianza de 30.000 euros con los que «asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele».

Balón de oxígeno para Errejón

Tanto Mouliaá como la acusación popular han solicitado tres años de prisión para el exportavoz de Sumar. La Fiscalía, en cambio, aboga por la libre absolución de Errejón. En el informe remitido el pasado 22 de enero, el Ministerio Público señala que «los hechos señalados no son constitutivos de delito» y que «no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal» tras escuchar al acusado, los testigos y practicar diferentes diligencias.

Mouliaá se bajó del carro el pasado miércoles, cuando anunció en sus redes sociales que «desiste de forma total, libre, consciente e irrevocable de la acusación particular». La actriz registró en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid un escrito de desestimiento en el que explica que su decisión responde a cuestiones «estrictamente» personales y a razones de salud. No obstante, insistió en que su decisión «no obedece a una retractación de los hechos denunciados», sino que marca «un límite».

La actriz explica en su escrito que durante la tramitación del procedimiento contra Errejón «ninguna de las demás personas afectadas ha decidido personarse ni ejercer acción penal, habiendo quedado esta compareciente como única acusación particular, lo que ha incrementado su sensación de exposición y desgaste personal». El exdiputado de Sumar ha sido citado el 10 de febrero a las 9.30 hora para notificarle el auto de apertura de juicio oral por agresión sexual, por lo que de momento el procedimiento sigue su curso.

A pesar de la renuncia de Mouliaá a seguir con la acusación particular, dejó abierta la puerta a que la Justicia siga investigando la presunta agresión sexual que sufrió porque, en su opinión, los hechos son «públicos». La actriz recuerda en su escrito que la Fiscalía «determinó la veracidad de los hechos» y que el magistrado «apreció indicios de criminalidad» enviando al banquillo a Errejón. 

La doctrina Botín

Las agresiones sexuales son delitos semipúblicos, por lo que necesitan de la denuncia de la víctima para que se abra una investigación. Retirarla no supone su archivo automático, ya que existe jurisprudencia que permite continuar con las pesquisas aunque solo esté personada la acusación popular si se demuestra que existe un interés público. Será lo que tendrá que determinar la Audiencia Provincial de Madrid.

Los juristas consultados por este diario sostienen que la renuncia de Mouliaá otorga un balón de oxígeno para el exdiputado de Sumar. Estos avanzan que el caso se archivará la causa en aplicación de la denominada doctrina Botín, que sostiene que no puede abrirse juicio oral contra una persona si ni la Fiscalía ni el perjudicado directo acusan. Sin embargo, la existencia de una acusación popular podría cambiar ese horizonte, ya que el Tribunal Supremo matizó esa decisión en 2008 con la doctrina Atuxa, por lo que cuando un delito afecta a intereses generales y no hay perjudicado concreto, sí puede mantenerse el procedimiento sin Fiscalía o acusación particular.