Las víctimas de ETA claman por la semilibertad de 'Txeroki': «Es una amnistía encubierta»

Las víctimas de ETA levantan la voz contra la semilibertad de Garikoitz Aspiazu, Txeroki. Tanto el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) como la asociación Dignidad y Justicia han censurado que el Gobierno vasco permita al exjefe de la banda terrorista salir de prisión de lunes a viernes en base al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La organización que preside Carmen Ordóñez considera que la decisión supone «una amnistía encubierta». Fuentes del Departamento de Justicia señalan que no se trata de un tercer grado. El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la medida.

Txeroki podrá salir de la prisión de Martutene, en San Sebastián, de lunes a viernes para trabajar o realizar labores de voluntariado, aunque deberá volver para dormir. Los fines de semana permanecerá en la cárcel. Ha sido el propio centro penitenciario el que ha propuesto la medida aprobada por el Gobierno vasco. El exjefe de ETA fue trasladado aquí desde la prisión francesa de Lannemezan en 2024. Las autoridades le consideraron el mandamás de la banda terrorista hasta su detención en 2008. Tres años más tarde fue condenado a 377 años de prisión por la Audiencia Nacional.

Covite y Dignidad y Justicia le señalan como uno de los dirigentes más sanguinarios de la banda terrorista. Txeroki fue condenado en 2015 por la Audiencia Nacional a nueve años de prisión por ordenar un atentado con coche bomba perpetrado el 26 de agosto de 2007 en Oropesa (Castellón). Tres años más tarde volvió a ser condenado en España a 18 años de cárcel por intentar matar con un paquete bomba en enero de 2002 a una periodista. Para la organización que lidera Ordóñez, la aplicación del artículo 100.2 en este caso constituye «un nuevo fraude en la ejecución de las condenas a los presos de ETA».

La política penitenciaria con ETA

La asociación que preside Ordóñez considera que esta medida prevista por la ley con carácter excepcional se está utilizando de forma sistemática con los presos de ETA para flexibilizar el cumplimiento de sus penas. «Estamos ante una amnistía encubierta absolutamente incompatible con el derecho de las víctimas a la justicia y contraria a nuestro ordenamiento jurídico», denuncia. Para la hermana del concejal del PP Gregorio Ordóñez, asesinado por la banda terrorista en 1995, «esta política penitenciaria del Gobierno vasco supone la culminación de la última exigencia de ETA que queda por cumplir, que es, en palabras de la propia izquierda abertzale, vaciar las cárceles».

«Se está cumpliendo a rajatabla exactamente como ellos quieren: sin exigirles arrepentimiento ni desvinculación del entramado social y político que legitima y vanagloria el terrorismo. Las consecuencias de este final de ETA indigno las estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares», insiste Ordóñez. Covite recuerda que el arrepentimiento es una condición esencial para avanzar en la reinserción de los condenados por terrorismo y que, tratándose de un delito público y de especial gravedad como este, dicho arrepentimiento debería manifestarse también públicamente.

En opinión de Covite, nada de eso concurre en el caso de Txeroki. «Al contrario, la izquierda abertzale continúa exhibiéndolo como si fuera un héroe y tratándolo como a un preso político, lo que demuestra que sigue sin cuestionar su trayectoria criminal en la organización terrorista y, por tanto, que no está arrepentido», subraya Ordónez. Su organización ha advertido de que la extensión del artículo 100.2 a numerosos presos de ETA vacía de contenido el carácter excepcional de esta medida y consolida una política penitenciaria que continúa avanzando, «sin prisa y sin disimulo», en la dirección marcada por la izquierda abertzale.

La asociación denuncia la falta de transparencia del Gobierno vasco en relación con la concesión de determinados beneficios penitenciarios a presos de ETA, como el propio artículo 100.2 o el 117 del Reglamento Penitenciario, ambas vías excepcionales que permiten a reclusos clasificados en segundo grado (que no pueden progresar al tercero por no haber cumplido aún las tres cuartas partes de la condena) disfrutar de beneficios propios de ese régimen.

Falta de transparencia del Gobierno vasco

Según ha denunciado Covite, el Gobierno vasco ha rehusado facilitar tanto el número como la identidad de los presos beneficiados. «No se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante sobre decisiones penitenciarias que afectan directamente al derecho de las víctimas a la justicia», recalca Ordóñez. Pese a que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se comprometió públicamente en noviembre de 2025 a mejorar la información a las víctimas del terrorismo, el colectivo asegura que ese compromiso no se está cumpliendo.

Covite reclama a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ejerza su función y recurra a aplicación del artículo 100.2 a favor deTxeroki para impedir que se consolide esta «amnistía encubierta» contraria a Derecho. «En la fase de ejecución de las condenas las víctimas no podemos estar personadas, por lo que la Fiscalía es la única institución que puede y debe velar por nuestro derecho a la justicia. Avalar decisiones como esta y mirar hacia otro lado supone trasladar un mensaje devastador de impunidad», insiste la asociación.

«El artículo 100.2 está siendo un coladero. Decenas de etarras condenados en firme por delitos de sangre están siendo puestos en semilibertad, no por su buen comportamiento ni porque estén colaborando con la Justicia, sino porque es lo que ha exigido Bildu a Pedro Sánchez para que este continúe en La Moncloa. Mientras tanto, hay 376 asesinatos de ETA sin resolver. La mayoría se resolverían si alguno de esos terroristas que está saliendo en semilibertad, como Txeroki, colaborara con la Justicia», denuncia Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia.