La jueza imputa por homicidio por imprudencia a los responsables de la mina de Cerredo
Como medida cautelar, el juzgado ha ordenado el embargo de 1.150.000 euros de las cuentas de los investigados
Tres miembros de los Tedax de la Guardia Civil, delante de la mina de Cerredo, tras su clausura por el accidente en el que murieron cinco trabajadores. | José Luis Cereijido (EFE)
El juzgado de Cangas del Narcea (Asturias) mantiene como investigados a cuatro personas por cinco delitos de homicidio por imprudencia. A esto se le suma una investigación a otros cuatro de lesiones por el accidente de la mina de Cerredo en el que el pasado 31 de marzo murieron cinco trabajadores a causa de una explosión de gas grisú.
Según ha avanzado RTPA y han confirmado a EFE fuentes judiciales, los cuatro investigados son el empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes; su mujer Ana María Rodríguez y su hijo Adrián Rodríguez, y el director facultativo y por tanto máximo responsable de la seguridad de la mina en el momento del accidente, José Antonio Fernández Casillas.
El juzgado ha levantado el secreto de sumario unos días después de que finalizara el grueso de las comparecencias programadas en la comisión constituida en el Parlamento asturiano para investigar las causas del accidente, en la que los cuatro investigados optaron por no responder a las preguntas de los diputados ante la causa judicial abierta.
El empresario Chus Mirantes era el apoderado de Combayl, empresa que un tiempo antes del accidente había traspasado los derechos mineros de la explotación a la sociedad Blue Solving, que forma parte del mismo entramado empresarial. Ana María Rodríguez, mujer de Mirantes, figuraba como administradora de Combayl, mientras que su hijo Adrián Rodríguez lo hacía en Blue Solving, aunque el juzgado considera que el empresario era la persona que actuaba como administradora del entramado empresarial. El cuarto investigado es el director facultativo de la explotación en el momento del accidente, la figura sobre la que recae la seguridad en la mina.
A los cuatro se les investiga por cinco delitos por imprudencia, tal y como interesaba el sindicato SOMA-FITA-UGT, designado por el juzgado para dirigir las acusaciones populares. Igualmente, el juzgado mantiene a estas cuatro personas como investigadas por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Como medida cautelar, el juzgado ha ordenado el embargo de 1.150.000 euros de las cuentas de los investigados, de acuerdo a la información adelantada por la RTPA.
Las pesquisas desarrolladas tras el accidente apuntan a que el siniestro se produjo por una explosión de gas grisú registrado en el nivel tercero de esta mina de montaña del suroccidente asturiano cuando once trabajadores se encontraban extrayendo carbón de su interior a pesar de que la empresa titular en ese momento, Blue Solving, carecía de permiso para hacerlo y solo podía retirar chatarra y acopios viejos de mineral.