El juez pregunta a Interior si Begoña Gómez y su asesora han viajado a Dominicana o Guinea
Peinado también reclama a Presidencia del Gobierno los correos de la esposa de Sánchez
Begoña Gómez y el juez Juan Carlos Peinado. | Ilustración de Alejandra Svriz
El juez Juan Carlos Peinado ha pedido al Ministerio del Interior información sobre los viajes que ha realizado Begoña Gómez y su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, desde julio de 2018 hasta ahora. Quiere saber si se desplazaron a República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Rusia o Congo, entre otros países. El magistrado otorga al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska un plazo «improrrogable» de diez días, después de que la esposa del presidente del Gobierno se haya negado a entregar su pasaporte. El mismo plazo que da a Presidencia del Gobierno para que remita los correos electrónicos de la mujer de Pedro Sánchez.
En un auto a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, Peinado critica la escasa colaboración de Begoña Gómez y del propio Sánchez durante sus respectivas declaraciones y defiende que las peticiones son necesarias y proporcionadas. En su opinión, ordenar el registro de su casa «sí que sería una medida desproporcionada». El juez recuerda que las investigadas han declinado entregar sus pasaportes para la comprobación de los viajes «que hayan podido realizar conjuntamente y el carácter de esos viajes, si lo eran de manera institucional, o para cuestiones meramente privadas».
«Ha de acordarse oficiar a la ONIP (Oficina Nacional de Información del Pasajero), integrada en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para que, tras recabar de las líneas aéreas correspondientes la necesaria información, se facilite a este órgano judicial la información de los viajes realizados por ambas investigadas (…) desde el nombramiento de la investigada María Cristina Álvarez, concretando específicamente los posibles viajes realizados a la República Dominicana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas», especifica el escrito.
Los correos de Begoña Gómez
El juez también advierte a Presidencia de Gobierno de que dispone del mismo plazo, diez días, para remitir al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid «copia de los correos electrónicos recibidos y enviados» por Begoña Gómez desde julio de 2018, cuando se contrató a Álvarez, hasta la actualidad. Peinado ya solicitó los emails en septiembre, aunque sin éxito.
Peinado se apoya en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que en diciembre le avaló para investigar un delito de malversación de fondos por parte de Begoña Gómez y su asistente en Moncloa. Los magistrados revocaron la petición de los emails de Álvarez por cuestión de forma, ya que lo hizo a través de una providencia y este tipo de diligencias deben ser realizadas a través de autos, ya que los jueces están obligados a motivar sus resoluciones.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid avisa tanto a Presidencia como a Interior de que si no facilitan la información reclamada en el plazo determinado podrían incurrir en un delito de desobediencia judicial. El magistrado recuerda que ya reclamó información a Moncloa y le contestaron con «un retraso injustificado», por lo que en esta ocasión ve necesario fijar un plazo con «apercibimientos».
Las nuevas diligencias fueron dictadas el pasado viernes, pero se conocen apenas un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comunicara a Peinado que no existen hechos nuevos sobre el rescate de Air Europa en relación con Begoña Gómez. El juez requirió a los investigadores que le informaran si existían nuevos datos al respecto para continuar investigando, después de que un particular aportara información «sobre presuntas cuentas y depósitos bancarios» de la esposa de Sánchez en Dominicana «que pudieran guardar relación con su posible intervención» en el rescate de la aerolínea.
Situación «excepcional»
Begoña Gómez está siendo investigada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Su asistente, por tres: tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación. El juez sostiene que la esposa del presidente del Gobierno usó a Álvarez, con un sueldo público de 52.000 euros brutos al año, para sus negocios privados, como indicarían los correos aportados por el ex vicerrector de Relaciones Institucionales en la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio.
Peinado admite que las diligencias que pide son excepcionales, pero también considera «excepcional» que Begoña Gómez ostente la condición de esposa del presidente del Gobierno, lo que le hace estar «dotada de una infraestructura que le permite disfrutar de determinadas prerrogativas, a efectos de disponer de posibilidades de evitar que sus comportamientos requieran de un plus de diligencia por parte de cualquier servidor público que, como tal, tenga la obligación de examinar una conducta merecedora de reproche punitivo».