Ábalos y Koldo maniobran para llevar el juicio a la Audiencia Nacional y dilatar los tiempos
La Fiscalía considera «descabellada» la propuesta y las defensas reclaman consultar la Europa la competencia
Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo. | JJ Guillén (EFE)
Una mudanza de pocos metros, pero muy significativa. Las defensa de Koldo García y José Luis Ábalos han pedido este jueves al Tribunal Supremo que remita el juicio de las mascarillas a la Audiencia Nacional, donde se demorarían los plazos. En caso de no ser atendida la demanda, proponen consultar la competencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La acusación popular ha rechazado la petición y la Fiscalía ha ido más lejos, al considerarla de «descabellada». La abogada del antiguo asesor ministerial, Leticia de la Hoz, también había solicitado la recusación de cinco de los siete magistrados que componen el tribunal, pero se le ha denegado por «extemporánea».
La defensa de Koldo García ha insistido en trasladar la causa a la Audiencia Nacional porque se están investigando «los mismos hechos» y están involucrados «los mismos actores». De la Hoz considera que ambas causas, y las piezas separadas que se han abierto, «derivan del caso de las mascarillas, que se ha desglosado violando el artículo 579 de la LOPJ». Ha justificado el cambio de órgano en que Ábalos ha dejado de ser aforado, tras renunciar a su acta de diputado el pasado 28 de enero.
El paso a la Audiencia Nacional, donde se acumulan procedimientos, demoraría los plazos para juzgarles. Sin embargo, De la Hoz ha rechazado que ese sea el motivo de su petición: «No se trata de dilatar el proceso, sino de una cuestión de orden público». La abogada considera que los investigados por estos hechos en ese órgano tienen «derecho al doble recurso», lo que genera «indefensión» a Koldo García y, por extensión, a Ábalos.
El aforamiento de Ábalos
«Esta cuestión (la de la competencia) es tan importante que solicito la suspensión de la vista preliminar», ha insistido De la Hoz. En esa misma dirección se ha expresado el abogado de Ábalos, Marino Turiel, que también ha denunciado la falta de competencia del Supremo para juzgar el caso de las mascarillas porque su cliente ya no es aforado y, por tanto, «no debe someterse a la privación de doble estancia». «No es una táctica dilatoria, sino una legítima salida».
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha opuesto a trasladar la causa a la Audiencia Nacional. En su opinión, la competencia la determina el auto de apertura de juicio oral, que el juez Leopoldo Puente dictó el pasado 11 de diciembre, por lo que después de eso daría igual cualquier acuerdo o que uno de los acusados pierda su condición de aforado, como ha sido el caso. El representante del Ministerio Público considera que este ha sido «un privilegio» para Ábalos. «Alterar el órgano de enjuiciamiento me parece descabellado», ha incidido.
El representante de la acusación popular, el abogado Alberto Durán, ha criticado que los acusados estén «provocando» que el Supremo no se competente para enjuiciar a Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. En su opinión, el exministro estuvo «especulando» con su condición de aforado hasta el pasado 15 de enero, cuando el Alto tribunal revisó la entrada en prisión de este y su antiguo asesor: «Atacar ahora que los no aforados se sometan al mismo tribunal es una pretensión intempestiva».
Previamente a la vista preliminar, De la Hoz había pedido su suspensión para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida el órgano competente que debe juzgarles después de que Ábalos dejara de estar aforado. Luzón lo considera improcedente. La letrada también ha reclamado la «inmediata puesta en libertad» de Koldo García al considerar que el «riesgo de fuga» por el que el juez instructor, Leopoldo Puente, envió a su cliente a prisión en pasado 27 de noviembre ya ha desaparecido.
Ábalos y Koldo García han seguido la vista previa del juicio en la sala, después de solicitar sin éxito poderlo hacer de forma telemática alegando problemas de salud. Se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel. A pocos metros se encontraba Aldama, el único que ha reconocido los delitos Se enfrenta a siete años de cárcel tras aplicársele un atenuante de colaboración. La defensa del exministro le ha acusado de llegar a un pacto de conformidad, extremo que ha negado tanto su representante como la Fiscalía, que ha rechazado haber premiado su confesión.