Koldo y Ábalos solicitan un careo con Aldama, polígrafo y recusar a miembros del tribunal
La Sala desestima las recusaciones mientras las defensas insisten en trasladar la causa a la Audiencia Nacional

Ábalos y Koldo García, tapándose, en la vista preliminar del juicio de las mascarillas. | Europa Press
Koldo García va a por todas. La defensa del asesor ha solicitado este jueves en la vista preliminar del juicio por las mascarillas un careo con otro de los acusados, el empresario Víctor de Aldama; someterle al polígrafo; y la recusación de cinco de los siete miembros del tribunal que debe juzgarle. El abogado de José Luis Ábalos se ha adherido a las peticiones. La Sala ha rechazado la última demanda, a la que se había opuesto la Fiscalía, al considerarla «extemporánea». Los letrados del exministro y de su antiguo subordinado señalan que el Alto tribunal ya no sería competente para juzgar los hechos y reclaman trasladarlos a la Audiencia Nacional, donde se demorarían los plazos. La acusación popular ha rechazado una demanda que el Ministerio Público considera «descabellada»
El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha hecho un receso de 15 minutos para dirimir las peticiones de Koldo García y Ábalos. Ha rechazado recusar a cinco de sus miembros (los cuatro que formaban parte de la Sala de Admisión, el propio presidente, Manuel Marchena, Andrés Palomo y Eduardo de Porres, y a Julián Sánchez Melgar, al que el PP nombró fiscal general) al considerarla una petición «extemporánea». Ha explicado que el artículo 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ofrece un plazo de diez días para realizar las pertinentes reclamaciones.
La composición del tribunal se conoció el 14 de enero. No obstante, no ha entrado en el fondo de la cuestión, que se incluirá en el auto. La defensa de Koldo García, que ejerce la abogado Leticia de la Hoz, ha insistido en trasladar la causa a la Audiencia Nacional porque se están investigando «los mismos hechos» y están involucrados «los mismos actores». En su opinión, ambas causas, y las piezas separadas que se han abierto, «derivan del caso de las mascarillas, que se ha desglosado violando el artículo 579 de la LOPJ», ha subrayado.
Cuestión de competencia
«No se trata de dilatar el proceso, sino de una cuestión de orden público». En opinión de la letrada de Koldo García, otros acusados están siendo investigados en la Audiencia Nacional tienen «derecho al doble recurso», lo que genera «indefensión» al antiguo asesor de Ábalos. Martínez Arrieta le ha reprochado que realice «valoraciones» y le ha pedido que se atenga a las cuestiones previas, sin hacer alusión a las que ya constan en los escritos para no demorar la audiencia.
«Esta cuestión (la de la competencia) es tan importante que solicito la suspensión de la vista preliminar», ha insistido De la Hoz. La abogada ha reclamado la «inmediata puesta en libertad» de Koldo García al considerar que el «riesgo de fuga» por el que el juez instructor, Leopoldo Puente, envió a su cliente a prisión en pasado 27 de noviembre ya ha desaparecido. El letrado de Ábalos, Marino Turiel, ha insistido en la cuestión de competencia señalando que su cliente ya no es aforado y, por tanto, «no debe someterse a la privación de doble estancia».
El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, se ha opuesto a que el caso mascarillas se traslade a la Audiencia Nacional. En su opinión, la competencia la determina el auto de apertura de juicio oral, que Puente dictó el pasado 11 de diciembre, por lo que después de eso daría igual cualquier acuerdo o que uno de los acusados pierda su condición de aforado. El representante del Ministerio Público considera que este ha sido «un privilegio» para Ábalos. «Alterar el órgano de enjuiciamiento me parece descabellado», ha incidido.
Previamente a la vista preliminar, De la Hoz había pedido su suspensión para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida el órgano competente que debe juzgarles después de que Ábalos dejara de estar aforado. Luzón lo considera improcedente. El exministro y su antiguo asesor se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión, mientras Aldama siete años al aplicarle un atenuante de colaboración. La defensa del exministro le ha acusado de llegar a un pacto de conformidad, extremo que ha negado tanto su representante como la Fiscalía, que ha rechazado haber premiado su confesión.
Nulidad del juicio
Las defensas de Ábalos y de Koldo García han expuesto una batería de cuestiones en las que denuncian supuestas vulneraciones de derechos. La intención es anular la causa. El antiguo asesor había planteado diez cuestiones, por las siete del exministro. Este último alega que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudo llevar a cabo una «investigación prospectiva» porque comenzó a investigarle antes de que el caso llegara al Supremo y el Congreso avalara las pesquisas. Entonces era aforado y gozaba de inmunidad parlamentaria.
El escrito presentado por el abogado de Ábalos también alude a la «indefensión» que le habría causado que el juez Puente decidiera cerrar la investigación sin practicar distintas pruebas que habrían contrarrestado el relato de la acusación. De la Hoz comparte algunas quejas de la defensa del exministro, pero ha sido especialmente combativa en que están siendo investigados «simultáneamente» en el Supremo y en la Audiencia Nacional. También ha criticado que no se hayan investigado «actores fundamentales», como Jésica Rodríguez, que estuvo contratada en dos empresas públicas mientras era pareja de Ábalos.
Puente abrió juicio oral contra Ábalos, Koldo García y Aldama por el caso mascarillas el pasado 11 de diciembre. Están acusados de integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada. El magistrado considera que «existen muy consistentes indicios» de que el empresario hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero al resto de investigados «con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos».
