Koldo pide al Supremo consultar a Europa la competencia del juicio de las mascarillas

Órdago de Koldo García. El antiguo asesor de José Luis Ábalos ha pedido la suspensión de la vista preliminar del juicio de las mascarillas que se celebra este jueves en el Tribunal Supremo. La defensa argumenta que es necesario elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que decida el órgano competente que debe juzgarle después de que el exministro dejara de estar aforado. Ambos se enfrentan a penas de hasta 30 años de prisión. Ante de que se iniciara la sesión, el Alto tribunal ha rechazado que la defensa de Santos Cerdán participaran y anunciado un nuevo cambio en la composición del tribunal: Susana Polo sustituirá a Vicente Magro, que iba a tomar el asiento de Ana Ferrer.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, presentó este miércoles, un día antes de la vista preliminar que se celebra en el Supremo, un escrito en el que solicita la suspensión del procedimiento para plantear esta cuestión prejudicial. La audiencia ha comenzado pasadas las 11 horas después de que los acusados se negaran a llegar a un acuerdo de conformidad con los escritos de acusación.

Ábalos y su antiguo asesor, que se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 27 de noviembre, siguen la sesión en la sala, después de solicitar sin éxito poder seguir la vista previa de forma telemática alegando problemas de salud. A pocos metros se encuentra el tercer implicado, el empresario Víctor de Aldama, el único que ha reconocido los delitos, que se enfrenta a siete años de cárcel después de que las acusaciones estimaran su colaboración como atenuante.

Koldo y Ábalos alegan indefensión

Las defensas de Ábalos y la de Koldo García pretenden exponer una batería de cuestiones en las que denuncian supuestas vulneraciones de derechos con la intención de anular la causa. El exministro alega que la UCO pudo llevar a cabo una «investigación prospectiva» porque comenzó a investigarle antes de que el caso llegara al Supremo y el Congreso la avalara, ya que entonces era aforado y gozaba de inmunidad parlamentaria. Su escrito de defensa también alude a la «indefensión» que le habría causado que el juez Puente decidiera cerrar la investigación sin practicar distintas pruebas que habrían contrarrestado el relato de la acusación.

La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, comparte algunas quejas de la defensa de Ábalos. Añade que el antiguo asesor ministerial está siendo investigado «simultáneamente» y por los mismos hechos en el Supremo y en la Audiencia Nacional, donde se investiga la parte del caso que no implica directamente al exministro. También sostiene que se ha vulnerado el derecho de defensa de su cliente porque no se han investigado «actores fundamentales», entre los que destaca a Jésica Rodríguez, expareja del que fuese titular de Transportes y que estuvo contratada por mediación de este en dos empresas públicas.

El juez del Supremo Leopoldo Puente abrió juicio oral contra Ábalos, Koldo García y Aldama por el caso mascarillas el pasado 11 de diciembre. Están acusados de integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada.

Puente considera que «existen muy consistentes indicios, a partir de los hechos que se declaran como indiciariamente justificados, de que Aldama hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados Ábalos y Koldo García, al fin y con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos». El magistrado insiste en que existen indicios de que el exministro y su antiguo asesor «recibieron dichas retribuciones económicas en ejecución del proyecto delictivo que a todos les unía y como contraprestación a dichas conductas desleales».

Los pagos de Aldama

Aldama aseguró hace ahora un año en la Audiencia Nacional que entregó un total de 650.000 euros a Ábalos. De esa cantidad, 250.000 euros habrían sido por comisiones de las mascarillas. El empresario también afirmó que había dado otros 300.000 euros a Koldo García, 100.000 por los cubrebocas. El instructor relata que el comisionista suscribió un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana, para garantizar el pago de comisiones al exministro. No obstante, la operación nunca llegó a fructificar. También incluye el alquiler del chalé de La Alcaidesa (Cádiz), que compró una empresa vinculada al comisionista.

El magistrado también constata que Aldama efectuó pagos de 10.000 euros mensuales a Koldo García que se prolongaron desde octubre de 2019 hasta 2021, año en que Ábalos fue cesado. En al menos dos ocasiones, las entregas de dinero se produjeron en República Dominicana, país hasta donde se desplazó el hermano de su asesor para recogerlo. Joseba García aseguró en marzo en el Supremo que sus viajes a la isla caribeña eran de carácter privado. Sin embargo, el empresario Javier Serrano y la empleada de Pronalab Aránzazu Granell reconocieron semanas después que realizaron esos pagos.