Ábalos y Koldo sorprenden al Supremo al pedir pruebas sin precedentes contra Aldama
La defensa solicita un careo con el empresario y el uso del polígrafo, que carece de validez probatoria
Ábalos y Koldo García durante la vista preliminar.
Operación desacreditar a Víctor de Aldama. Las defensas de Koldo García y José Luis Ábalos aprovecharon la vista preliminar del juicio por las mascarillas para cargar contra el tercer acusado. La intención es invalidar la confesión del empresario, que deja a ambos en una situación complicada. La abogada del antiguo asesor, Leticia de la Hoz, propuso este jueves en el Tribunal Supremo un careo entre su cliente y el comisionista, una diligencia permitida por la ley, pero poco habitual. Los magistrados consultados por THE OBJECTIVE no recuerdan precedente alguno. La letrada también planteó realizar la prueba del polígrafo, que carece de validez probatoria. Durante la sesión, el fiscal tuvo que negar la existencia de un acuerdo de conformidad para beneficiar a Aldama.
El juez del Supremo Leopoldo Puente abrió juicio oral contra Ábalos, Koldo García y Aldama por el caso mascarillas el pasado 11 de diciembre. Están acusados de integración en organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental, prevaricación y uso o aprovechamiento de información privilegiada. En la vista preliminar de este jueves, la defensa solicitó trasladar la causa a la Audiencia Nacional porque, de no ser así, generaría «indefensión» a sus clientes al negarles la posibilidad del doble recurso que sí tienen otros acusados.
La acusación popular se negó en redondo y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, tildó la petición de «descabellada». El representante del Ministerio Público alegó que la competencia la determina el auto de juicio oral. Luzón recordó que cuando se dictó, Ábalos seguía siendo aforado, ya que abandonó el acta de diputado el 28 de enero. La defensa también pidió suspender la vista preliminar para elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que determine qué órgano debe juzgarles o anular la causa.
Careo Koldo-Aldama
La defensa es consciente de la dificultad que entraña trasladar el juicio de las mascarillas a la Audiencia Nacional. Por eso activó un plan alternativo, planteando cuestiones y diligencias de cara al juicio. Ya lo habían hecho por escrito (diez en el caso de Koldo García; siete en el de Ábalos). Los abogados aumentaron sus reclamaciones, especialmente De la Hoz, que pidió recusar a cinco de los siete miembros del tribunal. Este lo rechazó por «extemporáneo» y por su «absoluta improcedencia».
De la Hoz también solicitó un careo entre el antiguo asesor y Aldama. La intención es enfrentar a los dos acusados a un cara a cara para que aclaren sus contradicciones ante el tribunal. Los magistrados del Supremo consultados reconocen que se trata de una diligencia permitida, pero poco habitual. De hecho, no recuerdan ningún precedente en el alto tribunal, aunque sí se ha realizado en otras instancias.
La abogada de Koldo García lanzó un órdago al reclamar el uso del polígrafo, un instrumento capaz de medir la frecuencia cardíaca, la presión arterial o la respiración. Los cambios fisiológicos indicarían un indicio de que se estaría mintiendo, pero la prueba carece de evidencia científica y de valor probatorio.
El artículo 336 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que los peritos «pueden incluir informes de polígrafo como elemento auxiliar», pero el 340 señala que «no tiene valor probatorio absoluto». El Supremo ya se pronunció sobre el asunto en una sentencia de 2017, cuando la Sala de lo Penal respondió a un acusado que lo solicitó que ese tipo de diligencias «no forma parte de las pruebas admitidas como concluyentes en derecho español». La defensa de Ábalos redobló la apuesta al reclamar un informe del patrimonio de Aldama.
Atenuante de confesión
La acusación popular reclama 30 años de prisión para Ábalos y Koldo García, mientras que la Fiscalía rebaja la petición a 24 años para el exministro y 19 años y medio para su antiguo asesor. Para Aldama, el único que ha reconocido los delitos, piden siete años de cárcel tras aplicarle el atenuante de confesión. Un escenario que soliviantó al abogado del exministro, Marino Muriel, que acusó al empresario de haber llegado a un pacto de conformidad con la Fiscalía para rebajar su pena. La guerra entre los acusados estaba servida.
El abogado de Aldama, José Antonio Choclán, negó la existencia de un pacto de conformidad y explicó a la Sala que su cliente había realizado «un comportamiento previsto en la ley», que establece rebajar las penas a quienes colaboren «con el desmantelamiento de la organización (criminal) y en la identificación de sus responsables». El penalista insistió en que eso «es lo que ha hecho» el comisionista, negando cualquier «acuerdo opaco».
El propio Luzón salió al paso rechazando la mayor. Explicó que a Aldama se le solicitan menos años porque «no se le atribuyen los mismos delitos ni las mismas conductas» que a Ábalos y Koldo García. Además, subrayó que a Aldama se le aplica el atenuante de confesión. La acusación popular, que ejerce el PP a través del abogado Alberto Durán, pasó de puntillas sobre el tema, pero criticó al exministro por haber «especulado» con su condición de aforado.