Colapso en los juzgados de la Audiencia Nacional por la escasez de funcionarios

La Audiencia Nacional vive una situación crítica. Fuentes jurídicas aseguran que los juzgados sufren una «alarmante» falta de personal. Los titulares de algunos de ellos, como Antonio Piña y Santiago Pedraz, incluso han remitido una providencia en las causas que instruyen para advertir a las partes de que los asuntos se pueden dilatar, algo frecuente en este órgano por la vasta carga de trabajo y la recurrente falta de «medios humanos y materiales». Unos términos que ya utilizó el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, para quejarse al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la reunión que mantuvieron en mayo del año pasado. Los magistrados llevan meses advirtiendo de un posible colapso.

«Se notifica a las partes la situación derivada de falta de personal ocasionada como consecuencia del proceso de consolidación de plazas, estabilización por concurso, acordado por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre (BOE de 27 de diciembre)», exponen ambos jueces en las providencias a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Justicia activó hace cuatro años un plan para reducir la interinidad en las administraciones públicas a través de un proceso extraordinario para la consolidación de plazas que debía estar resuelto en diciembre de 2024.

El departamento que dirige Bolaños convocó a finales del año pasado un proceso selectivo extraordinario a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia para reducir la temporalidad en el empleo público. Una cuestión que la Comisión Europea lleva reclamando años bajo amenaza de imponer sanciones a España. Se estima que el procedimiento puede durar semanas, lo que deja a la Audiencia Nacional en una situación complicada.

Macroprocesos en la Audiencia Nacional

Piña alerta a acusaciones y defensas de que en su juzgado «se ha producido el cese, hasta la fecha, de seis funcionarios, los cuales, previo a su cese, han tomado las vacaciones que les correspondían, produciéndose un periodo temporal de aproximadamente 45 días hasta la nueva cobertura de estas plazas». En el caso de Pedraz, el número de profesionales se eleva a siete. Todos ellos son trabajadores interinos que tramitaban asuntos en instrucción, por lo que los procedimientos se demorarán hasta los nombramientos de los titulares.

«La situación actual de este órgano judicial sobrecargado con múltiples macroprocesos hace imposible la asignación de estos procedimientos a los funcionarios actuales, lo que va a conllevar que cualquier consulta que se realice sobre los mismos provoque demoras en su resolución», reconocen Piña y Pedraz. Sus escritos subrayan que se van a mantener las declaraciones ya señaladas y que se tratará de dar respuesta a cualquier petición, especialmente las de carácter urgente.

Las fuentes consultadas en la Audiencia Nacional revelan que la situación de estos juzgados es extensible a otros, que también habrían enviado estas providencias a las partes de los casos que investigan. La Sala de Gobierno ya alertó el pasado 30 de enero al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de que el órgano judicial estaba a punto de colapsar por falta de medios. Para evitarlo, solicitó «con carácter urgente» la creación de dos nuevos juzgados centrales de instrucción que permitieran aliviar la situación.

El último juzgado de instrucción que se creó data de 1997. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional reclamó estas medidas después de que los magistrados denunciaran que la actual plantilla es insuficiente para asumir la carga de trabajo que existe, especialmente tras el aumento de órdenes europeas de detención, de las estafas masivas a través de internet, de los delitos informáticos y la llegada de procedimientos de la Fiscalía europea.

Escasez de funcionarios

Muchas de ellas son macrocausas con una vasta documentación, como casos de terrorismo, estafas de criptomonedas, narcotráfico y corrupción. La Audiencia Nacional instruye procedimientos tan mediáticos como el de los hidrocarburos, el caso Koldo, la trama SEPI de la exmilitante socialista Leire Díez y el presunto amaño de obras públicas a cambio de mordidas por el que se investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Otras fuentes de la Audiencia Nacional señalan que el problema no se resuelve solo con más jueces. En su opinión, hay escasez de funcionarios de la Administración de Justicia, donde deben concentrarse los esfuerzos. Consideran que, para que la situación mejore, sería necesario ampliar la plantilla con medio centenar de estos profesionales. También reclaman más personal para las salas con el objetivo de que algunos juicios no se demoren una década.

Las quejas por la situación que vive la Audiencia Nacional vienen de atrás. Su presidente trasladó a Bolaños la precaria situación en mayo del año pasado, un mes después de haber tomado posesión. Fernández expuso al ministro de Justicia «las necesidades de medios humanos y materiales». Pero no solo. También compartió los problemas derivados del alto porcentaje de interinidad y de la movilidad existente de los funcionarios, la implantación de las nuevas tecnologías y de la Ley Orgánica en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que entró en vigor en abril de 2025.