El gobierno vasco se salta la ley penitenciaria al excarcelar al sanguinario etarra 'Txeroki'

La decisión de la consejera de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José López, de conceder al sanguinario jefe de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, una serie de beneficios penitenciarios puede impedir el esclarecimiento de una decena de atentados de la banda terrorista en los que participó o impartió las órdenes. La aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que beneficia al etarra con un tratamiento de régimen carcelario de semilibertad y le permite salir a diario de la prisión para una supuesta actividad de voluntariado, contraviene la Ley Orgánica General Penitenciaria, según todas las fuentes consultadas. 

El dirigente etarra ha sido premiado con un privilegio carcelario sin la opinión del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, a pesar de que, desde su detención en suelo francés en noviembre de 2008, suma condenas en Francia y España de más de 400 años de cárcel. La Audiencia Nacional lo sentenció en 2011 a 377 años de prisión por 20 intentos de asesinatos, mientras que en el país vecino era condenado cuatro veces a penas de 8, 20, 8 y 9 años de prisión. Cuando asumió su decisión la consejera vasca, Txeroki se enfrentaba a la escalofriante cifra de al menos 449 años de condenas, según los cálculos de Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia (DyJ). 

Además, Txeroki —junto a los dirigentes de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera; Mikel Carrera Sarobe, alias Ata; Aitzol Iriondo, alias Gurbit y Aitor Elizarán— fue procesado en 2015 por el juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González González, por un delito de lesa humanidad. En su auto incluía los asesinatos y secuestros perpetrados por la banda desde octubre de 2004, mientras él era uno de los jefes de ETA. La causa sigue abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 3.

Con el nuevo estatus de semilibertad de Txeroki —una especie de indulto encubierto—, la Justicia española pierde la oportunidad de obtener la colaboración del exjefe etarra para el esclarecimiento de los atentados en los que participó u ordenó. Su testimonio, como exigen las leyes que regulan los beneficios penitenciarios, serviría para iluminar, si no los 300 casos sin resolver de la barbarie de ETA, sí los asesinatos de Esther Cabezudo y su escolta, el del magistrado José María Lidón, o los dos agentes de la Guardia Civil en Capbreton (Francia) y el atentado con un paquete bomba contra la delegada de Antena 3 en el País Vasco. además del secuestro de una familia en Las Landas francesas y el robo de su caravana que luego fue explosionada en Marina D’Or, en Castellón.

Así mismo, su colaboración serviría para aclarar las muertes de otros objetivos de ETA mientras él era su jefe: el concejal del PSOE-PSE, Isaías Carrasco; los guardias civiles Juan Manuel Piñuel, Carlos Enrique Sáenz de Tejada y Diego Salvá; el militar Luis Conde; el empresario Ignacio Uribe; el policía Eduardo Puelles; y los dos fallecidos del atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. 

Los conocimientos de Txeroki deberían servir también para aclarar aquellos casos sin resolver de la barbarie de ETA. Muchos de ellos prescribieron, no fueron detectados por los tribunales hasta décadas después o fueron archivados por errores o negligencias de los poderes del Estado. O algo tan sencillo como la falta de colaboración de los etarras excarcelados sin el cumplimiento de la normativa carcelaria.

La citada Ley Orgánica General Penitenciaria, en el apartado sexto del artículo 72, establece que para que un reo condenado por delitos de terrorismo pueda acogerse a los beneficios penitenciarios está obligado a cumplir previamente cinco preceptos: rechazar la violencia, desvincularse de la organización armada, pedir perdón a las víctimas, pagar las indemnizaciones recogidas en las sentencias en mayor o menor medida y colaborar con los investigadores para esclarecer los casos sin resolver. Nadie puede olvidar que ETA anunció su cese definitivo «de la actividad armada» con 300 asesinatos y atentados sin descubrir, en los que los culpables siguen en libertad ante el sonrojo de las víctimas. Algunos de ellos por los acuerdos políticos secretos entre PSOE-PSE, PNV y Bildu. 

Un pacto cruel e ignominioso para las víctimas

Cuando se trasladó a Txeroki de la prisión francesa de Lannemezan al penal de Martutene, en San Sebastián, a finales de agosto de 2024, ya sabía que su estancia entre rejas iba a ser corta. Los pactos secretos suscritos por Pedro Sánchez con PNV y Bildu contemplaban la excarcelación de los presos de ETA, entre ellos uno de los últimos jefes de la banda. El traslado definitivo del etarra a España —antes había sido enviado a Madrid (2018, 2019 y 2022) para declarar en sus procesos judiciales— se efectuaba en función de la ley 23/2014 de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales de la Unión Europea. Era una pantalla ideal para cumplir los acuerdos secretos. Finalmente, la consejera vasca camufló su libertad con unos beneficios penitenciarios que, según los testimonios de Consuelo Ordóñez (Covite) y Daniel Portero (DyJ), no le corresponden. Para los dos familiares de víctimas del terrorismo, la salida de Txeroki de la cárcel supone un indulto encubierto, exento de legalidad.

Antecedentes para explicar lo sucedido no faltaban. Nada más convertirse Sánchez en el inquilino del palacio presidencial el 26 de junio de 2018, compareció ante los medios, tras una sesión del Consejo Europeo, y afirmó: «ETA fue derrotada por la democracia y, en consecuencia, tenemos que revisar la política penitenciaria y adecuarla a una nueva realidad, siendo empáticos, por supuesto, con las víctimas del terrorismo». 

Y con esa promesa, que beneficiaba a los terroristas de ETA y a Bildu, no mintió. Sí, en cambio, cuando se refería a la empatía. El nuevo presidente, nacido de una moción de censura Frankenstein —copyright Alfredo Pérez Rubalcaba—, rescindió la política de dispersión de presos etarras, trasladó a sus asesinos a cárceles vascas o navarras y, a partir de 2021, cedió la competencia en materia de prisiones a Euskadi. Esa decisión política de la Moncloa propició un coladero que benefició a los reos etarras. El resultado: en la actualidad, 66 de sus presos, de un total de 125 que permanecen en prisión, cumplen sus condenas con salidas o en regímenes flexibles. O, lo que es lo mismo, más de la mitad de los presos de ETA salen todos los días de prisión o directamente cumplen su condena fuera de los muros carcelarios eludiendo penas de decenas o cientos de años.

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite y hermana de Gregorio Ordóñez, el concejal de San Sebastián asesinado por ETA en 1995, no ceja de protestar por los privilegios ilegales de los reclusos etarras desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó las medidas de reinserción de los presos de ETA si mostraban arrepentimiento y pedían perdón a las víctimas. Las medidas del Gobierno socialista fueron avaladas por el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, que las mantuvo tras llegar a la Moncloa en 2011. Aquello fue un pacto de Estado fallido porque los etarras ni pedían perdón ni se arrepentían. Y aún peor: no colaboraban con la Justicia. 

Eso sí, aquel acuerdo provocó que un exiguo colectivo de presos de ETA, denominados «los disidentes de ETA de Nanclares», por el nombre de la cárcel alavesa en la que cumplían condena, se manifestaran públicamente contra la violencia y se declararan «arrepentidos». Para contribuir al final de la banda terrorista, plantearon encuentros con familiares de sus propias víctimas. 

Pero en la práctica, tras el gesto de los reclusos de la vía Nanclares, las autoridades penitenciarias solo exigían a los etarras la firma de un modelo oficial de carta de arrepentimiento que no se hacía pública. Con solo ese simple paso, el reo etarra podía acceder a los beneficios del segundo y tercer grado carcelario. Según Consuelo Ordóñez, su asociación protestó por ese sistema trufado, pero se quedó «sola clamando en el desierto, incluso durante los siete años de Gobiernos de Rajoy». Otras asociaciones de víctimas no comparten la visión de Covite. 

La presidenta de Covite insiste en su análisis de la situación e incluso se muestra excitable cuando me recrimina por teléfono: «A los políticos y los periodistas solo os ha interesado este asunto de los presos etarras cuando ha salido de la cárcel Txeroki. Vivíais años en el olvido». Ordóñez subraya: «El arrepentimiento debe ser público, como sucedió con los afectados de la vía Nanclares, porque se están concediendo terceros grados fraudulentos como churros. Si el terrorismo es un delito público, también lo debe ser el arrepentimiento. ¿Por qué otras asociaciones de víctimas han estado calladas durante tanto tiempo y nos han dejado solas? ¿Por qué hay unas víctimas que son mediáticas y otras no?».

Ordóñez se queja de otras asociaciones de víctimas del terrorismo en las que los tratos de favor a los etarras con excarcelaciones y traslados han sido abordados como «un asunto de Estado, tras el pacto entre Rodríguez Zapatero y Rajoy», según la literalidad de sus palabras. Covite, según ella, siempre defenderá una motivación más honesta: «La memoria, la justicia y la verdad. Y con las víctimas hasta el final».

La reivindicación de Ordóñez poco difiere de los postulados de Dignidad y Justicia, que además obtuvo de un juez de la Audiencia Nacional la inculpación de Txeroki y ETA por un delito de lesa humanidad. Su argumentación se basaba en la principal motivación de la existencia de la organización terrorista: la eliminación sistemática de parte de la población civil (políticos, jueces, miembros de la seguridad del Estado, militares, policías y periodistas, entre otros). Según DyJ, la acusación encajaba en la definición de la ONU sobre los delitos de lesa humanidad.

En 2022, la Audiencia Nacional admitió otra querella de DyJ contra Txeroki y otros tres miembros de ETA por la explosión de un coche bomba con 100 kilos de amonal en Ondárroa (Vizcaya) en 2008 que provocó 18 heridos, trece de ellos ertzainas. Txeroki, según las investigaciones, habría dado la orden para perpetrar el atentado. Para DyJ era el inductor y autor intelectual del crimen al tener el control absoluto de una banda que actuaba con una disciplina absoluta. Ese atentado forma parte de los 300 casos sin resolver, al menos, al cien por cien. 

Según la hermana del concejal del Partido Popular asesinado en San Sebastián, no existe ni arrepentimiento ni delación para aclarar los 300 casos sin resolver: «Los presos salen de la cárcel con la ayuda de Sortu, que pretende vaciar las celdas de etarras, y están todos los días con ellos. Reciben ayudas de la organización, mientras los arrepentidos de Nanclares que cumplieron con la ilegalidad y fueron expulsados de ETA, viven en la calle como homeless». 

Sortu («Nacer», traducción del vasco al español), es el partido que creó en 2011 la izquierda abertzale para sustituir a la ilegalizada Batasuna. No hay que confundirlo con EH Bildu, una coalición de varias formaciones vascas como Eusko Alkartasuna o la propia Sortu, que supone el aliado con mayor influencia política y capacidad organizativa. Su coordinador general es Xabier Iraola, un joven de 32 años que milita en los movimientos juveniles abertzales desde la época en que ETA daba sus últimos suspiros. 

La indignidad para algunos políticos

Entre los presos de Nanclares, mencionados por Ordóñez, se encontraba Valentín Lasarte, el asesino del concejal Gregorio Ordóñez. Lasarte, tras el atentado de la T-4 de Barajas, mandó una carta al entonces jefe de ETA, Txeroki, para anunciarle que dejaba la banda. Esa comunicación se producía fechas antes de la detención del dirigente etarra en Francia en noviembre de 2008. A partir de ese momento, Lasarte pasó a formar parte de un programa de reinserción. El etarra le confesó a Consuelo Ordóñez, en un encuentro que mantuvo con ella, que tras su arrepentimiento nadie le impuso la «obligación de colaborar en el esclarecimiento de los atentados sin resolver» para conseguir los beneficios penitenciarios. Solo le recordaron la exigencia de pedir perdón por escrito.

En una de las plataformas televisivas se puede ver una serie, Presunto culpable, ambientada en un pueblo del País Vasco, en la que un terrorista de ETA logra la libertad tras firmar la carta de arrepentimiento con el compromiso de Instituciones Penitenciarias de que no se difunda. Los guionistas del thriller esgrimen dos motivos: evitar la estigmatización del preso de ETA y la respuesta violenta de sus excompañeros.  

Entre los antecedentes criminales de Txeroki destaca un caso que debería provocar urticaria en la militancia socialista: el asesinato de Isaías Carrasco, de 41 años, concejal socialista en el Ayuntamiento de Mondragón (Guipúzcoa) entre 2003 y 2007. El ciudadano vasco fue acribillado a tiros a bocajarro por un comando de ETA dos días antes de la celebración de las elecciones generales de marzo de 2008 en las que Rodríguez Zapatero renovó la presidencia del Gobierno con mayoría absoluta. 

En su entierro, el actual portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso, Patxi López, fue uno de los militantes de su partido que portó el féretro. Durante el cortejo fúnebre, el entonces secretario general de los socialistas vascos recriminaba a Mariano Rajoy por sus palabras durante el debate televisivo con Zapatero en que lo acusaba de convertirse en un traidor con las víctimas del terrorismo. Un año después, López era elegido lehendakari del Gobierno vasco con los votos del PP.

Tras el caso Txeroki, sorprende la doctrina programática que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José López, sigue exhibiendo este texto en la página web oficial de su departamento: «Es mi deber que el sistema vasco de gestión penitenciaria refuerce las políticas resocializadoras y promueva una política integral de reparación del daño causado… Buscamos establecer un marco compartido de deslegitimación de la violencia que sirva de base para la construcción de una cultura democrática plena. En ese sentido, mi prioridad es consolidar una convivencia plural, integradora y comprometida con los derechos humanos, orientada a una memoria crítica con el pasado y solidaria con las víctimas».

Dudo que el caso Txeroki —su nombre de guerra (el original es Cherokee y en español, Cheroqui) ya delata su perfil—, de 52 años y nacido en Bilbao, sea un ejemplo para las líneas programáticas «resocializadoras» y de «deslegitimación de la violencia» de la consejera vasca. El jefe del aparato militar de ETA entre 2004 y 2008 era el responsable de impartir los cursillos de adiestramiento, señalar los objetivos, ordenar los atentados y facilitar el armamento para perpetrar las acciones terroristas. Así mismo, estaba considerado en la organización terrorista como el dirigente más fundamentalista, que se oponía a cualquier proceso de negociación.

Tras la detención de Txeroki en 2008, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE felicitó a la Guardia Civil y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por los éxitos en la lucha antiterrorista. Los socialistas destacaban en un comunicado que Garikoiz Aspiazu era el jefe de ETA que mandaba matar y era un sanguinario terrorista. El PSOE se mostraba convencido de que todos «los terroristas y activistas de ETA acabarían detenidos y en la cárcel».

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión de Interior y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Antonio Hernando, en la actualidad secretario de Estado en el Gobierno sanchista, aseguraba: «Todos los terroristas van a tener el mismo fin que ha tenido Txeroki». No mentía. Solo quedan 59.