La Fiscalía recurre el tercer grado a uno de los etarras que asesinó a López Lacalle
El Gobierno vasco permite a Asier Arzalluz Goñi salir de prisión y cumplir la condena de 30 años en su casa
El etarra Arzalluz Goñi en 2009 tras ser extraditado a España. | Ministerio del Interior
La Fiscalía de la Audiencia Nacional levanta la voz ante el excarcelamiento de presos etarras. El Ministerio Público ha interpuesto un recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria contra el acuerdo del Gobierno vasco para conceder el tercer grado penitenciario al etarra Asier Arzalluz Goñi, que cumple una condena de 30 años por participar en el asesinato del periodista José Luis López de Lacalle en 2000. El Ejecutivo regional también ha permitido que el exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki, salga de prisión de lunes a viernes contraviniendo la Ley Orgánica General Penitenciaria, como avanzó este diario. De momento, la Fiscalía no ha recibido comunicación de que se le aplique el artículo 100.2 de dicho reglamento.
La Consejería de Justicia vasca decidió el pasado 10 de febrero otorgar el tercer grado a uno de los etarras que asesinó a López Lacalle. Tres días más tarde, la Fiscalía recibió una notificación en la que se explicaban los motivos para otorgar tan excepcional medida. El Ministerio Público ha pedido al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que se revise la legalidad de la resolución y se acuerde la clasificación en el segundo grado del interno, ya que no puede gozar de otro régimen más favorable hasta octubre de 2030.
«Se valora favorablemente por la Administración aspectos como la petición de perdón a las víctimas y su posicionamiento hacia la reparación del daño, aceptando su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA. No obstante, el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario (normativa que alega el Gobierno vasco) permite adaptar el segundo grado, pero su eficacia se evalúa en función de un uso sostenido, vinculado siempre a un programa de tratamiento», especifica la Fiscalía de la Audiencia Nacional en una nota de prensa.
Presos etarras
El Ministerio Público señala que la doctrina penitenciaria muestra que su aplicación requiere periodos prolongados de observación para constatar resultados reales. El escrito que firma el fiscal Carlos García Berro-Montilla insiste en que «el Tribunal Supremo exige que la evolución tratamental tenga consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente». La Fiscalía explica que en ese caso, una sentencia del alto tribunal en 2022 justifica «la cautela, el control judicial reforzado y la prohibición de progresiones rápidas basadas en periodos cortos».
En opinión de la Fiscalía, un periodo breve de tres o cuatro meses no acredita estabilidad, no muestra evolución prolongada, no permite verificar cambios consolidados ni cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves. «De ahí que se haya considerado procedente el recurso contra la resolución de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco», insiste el comunicado.
Las asociaciones de víctimas de ETA denunciaron el pasado jueves que el Ejecutivo que preside Imanol Pradales (PNV) otorgara el tercer grado a Arzalluz Goñi. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) calificó la medida como «fraudulenta». «Demuestra que la política penitenciaria del Gobierno vasco con los etarras continúa avanzando a toda velocidad en la dirección marcada por la izquierda abertzale: flexibilizar el cumplimiento de las condenas sin exigir el arrepentimiento real que establece la ley para progresar en grado», denuncia el organismo que preside Consuelo Ordóñez.
La hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado en 1995 por ETA, reclamó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurriera la medida de manera inmediata para evitar la consolidación de una «amnistía encubierta». «Avalar decisiones como esta y mirar hacia otro lado supone trasladar un mensaje devastador de impunidad», sostiene Covite. La asociación denunció días más tarde que el Gobierno vasco permitiera la salida de la cárcel de otro etarra, en este caso Txeroki, un antiguo jefe de la banda terrorista.
Sin arrepentimiento
Arzalluz Goñi fue condenado por el asesinato de los guardias civiles Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas en 2000. Ese mismo año fue considerado autor material del asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado Carrera, por el que se le condenó en 2020. A finales de 2024, se le impuso una pena de 30 años de prisión por el asesinato López de Lacalle que está cumpliendo en estos momentos.
Covite ha constatado que Arzalluz Goñi no solo no ha mostrado arrepentimiento, sino que continúa vinculado al mismo entorno. De hecho, figura en la última lista actualizada de Etxerat (30 de diciembre de 2025), organización que agrupa a los presos de ETA adscritos a la órbita política de Sortu y a los que siguen presentando como «presos políticos». Además, su imagen continúa siendo exhibida públicamente en actos a favor de la excarcelación de presos etarras.