La 'vía Txeroki' amenaza con beneficiar a medio centenar de etarras en las cárceles vascas

Las víctimas de ETA alertan de una «amnistía encubierta». El Gobierno vasco permitió la semana pasada que el exjefe de la banda Garikoitz Aspiazu, Txeroki, salga de prisión de lunes a viernes en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La decisión ha encendido todas las alarmas al tratarse de una medida «excepcional» que se concede siempre que los presos no disponen de los requisitos para obtener el tercer grado y en situaciones muy concretas. Las asociaciones advierten de que esta fórmula podría beneficiar a medio centenar de terroristas que aún cumplen condena en las cárceles de País Vasco y Navarra.

Txeroki ya disfruta del régimen de semilibertad. El etarra, condenado a más de 377 años de cárcel por la Audiencia Nacional, puede abandonar la prisión de Martutene, en San Sebastián, de lunes a viernes para trabajar o hacer labores de voluntariado. Debe regresar para dormir y permanecer en las instalaciones los fines de semana. Fue el propio centro penitenciario el que propuso la medida a la Consejería de Justicia y de Derechos Humanos que dirige la socialista María Jesús San José López.

Desde que el Gobierno autonómico posee las competencias en materia penitenciaria (octubre de 2021), ha permitido que 35 reclusos se beneficien de beneficios en virtud del artículo 100.2 del Régimen Penitenciario. La mayoría de ellos, 30, son miembros de ETA, según los datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. La banda terrorista anunció el cese definitivo de la actividad armada en octubre de 2011 y, siete años más tarde, el desmantelamiento de todas sus estructuras.

Presos de ETA

Las asociaciones denuncian que desde entonces han prevalecido los intereses de los terroristas frente a los de las víctimas. En estos momentos, 18 etarras disfrutan de beneficios en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, según datos del Gobierno vasco. Otros 12 terroristas que obtuvieron dicha prebenda desde octubre de 2021 ya han cumplido su condena o han conseguido el tercer grado.

El artículo establece que, «con el fin de hacer el sistema más flexible, el Equipo Técnico podrá proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los mencionados grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado».

La propia normativa señala que se trata de «una medida excepcional» que supone que el reo pase a un régimen de semilibertad a pesar de no poseer un tercer grado ni cumplir los requisitos. No es la única particularidad: tampoco es obligatorio comunicar la decisión a las víctimas, por lo que estas no pueden recurrir. Las asociaciones critican que se haga «con nocturnidad y alevosía» y lo califican como una «amnistía encubierta».

El precepto puede favorecer a medio centenar de terroristas que aún cumplen condena. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) señala que en la actualidad existen 58 etarras que no pueden salir de prisión, mientras que otros 66 disfrutan de diferentes beneficios. La mayoría, 54, disfrutan de un tercer grado, mientras que otros 12 gozan de un régimen de semilibertad gracias al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

«Nocturnidad y alevosía»

La AVT ha pedido cambiar la normativa penitenciaria para evitar que más etarras se acojan al artículo 100.2, un paso intermedio entre el segundo y el tercer grado, aquel que permite a los internos salir de prisión para trabajar o realizar actividades de resinserción. Un privilegio del que goza desde esta semana Txeroki y que el Gobierno vasco también aprobó para otros jefes de ETA como Ainhoa Mújica y miembros con un amplio historial criminal como Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi y Juan Ramón Carasatorre.

«El 100.2 está pensado para presos que no cumplen los requisitos para un tercer grado y tienen que salir por razones excepcionales, como recibir un tratamiento médico. Estamos comprobando cómo a los miembros de ETA se les está concediendo salir a trabajar o hacer voluntariado, lo cual no es ninguna razón excepcional. Esa fórmula, a diferencia del tercer grado, no tiene que comunicarse a las víctimas, por lo que no podemos recurrirla de ninguna manera. Se está dando con nocturnidad y alevosía», critica Maite Araluce, presidenta de la AVT.

En esa misma dirección apunta Daniel Portero, de Dignidad y Justicia. «Se está tratando a los etarras mucho mejor que a cualquier preso común. Este trato especial demuestra una intención política. Jamás un Gobierno había concedido este nivel de libertad a etarras tan sanguinarios. Es una obscena cesión a las pretensiones de Bildu», asegura el hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) asesinado en octubre de 2000. También arremete contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de traicionar a las víctimas y «a toda la sociedad» a cambio de «un puñado de votos».

«La política penitenciaria del Gobierno vasco avanza, con mucha prisa y sin disimulo, en la dirección exigida por Sortu (heredero de Batasuna): vaciar las cárceles de etarras sin exigirles arrepentimiento ni desvinculación del entramado social y político que vanagloria el terrorismo. Las consecuencias de este final de ETA indigno las estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares», señaló el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) tras la concesión del artículo 100.2 a Txeroki.