La acusación popular en la causa contra Íñigo Errejón incide en que debe ir a juicio

La asociación de víctimas que ejerce la acusación popular en la causa contra Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouilaá se ha opuesto al último recurso del expolítico, argumentando que sí debe ir a juicio porque se trata de un delito público y el proceso podría seguir adelante aún solo con esta acusación.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, el abogado Jorge Piedrafita impugna el recurso que presentó el pasado 13 de febrero la defensa de Errejón, en el que se oponía a varias providencias del juez Adolfo Carretero y pedía que se tenga por renunciada en el proceso a Mouliaá y, por consiguiente, se archive la causa.

Para esta defensa, la renuncia a ejercer la acusación particular que la denunciante envió al juzgado hace unas semanas, y que luego no ratificó con las firmas pertinentes, asegurando que sí quería seguir el proceso, sí es efectiva legalmente, en una causa en la que además no acusa la Fiscalía y no es posible abrir juicio oral solo con la acusación popular, como plasmó la denominada «doctrina Botín».

En su escrito, la letrada de Errejón pidió que se suspendiera la citación para comunicar al investigado la apertura de juicio oral, prevista para el 17 de febrero, hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre su recurso, lo que fue aceptado por el magistrado.

Ahora el letrado de la Asociación Defensa Integral Víctimas Delito Especializada (Adive), que ejerce la acusación popular, se opone al recurso de Errejón en un extenso escrito en el que concluye que «tratándose de un delito público y habiéndose superado el filtro instructor con el dictado del auto de apertura de juicio oral, la acusación popular está plenamente legitimada para mantener viva la acción penal de forma autónoma».

«El proceso debe continuar inexcusablemente hasta el dictado de la correspondiente sentencia, garantizando así que no se generen espacios de impunidad al margen del control de los tribunales», añade.

El abogado de la acusación popular cita jurisprudencia para argumentar, en contra de lo que sostiene la defensa de Errejón, que el juez instructor actuó adecuadamente cuando pidió a Mouliaá que presentara su renuncia debidamente, con firma de su abogado, ya que «la intervención letrada es la garantía ineludible para la validez del proceso penal».

«Otorgar validez a una renuncia o a actos procesales ejecutados sin verdadera asistencia letrada equivaldría a revictimizar a la perjudicada, consolidando el daño causado por el actuar delictivo del abogado y privándola definitivamente de su legítimo derecho al resarcimiento por las graves secuelas padecidas», concluye.

Tras los giros vividos en las últimas semanas, la causa se centra ahora en la decisión que tome la Audiencia Provincial de Madrid sobre el recurso del exdiputado de Sumar contra su procesamiento por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mouliaá. Un recurso sobre el que los jueces iban a deliberar hace dos semanas, pero que dejaron en suspenso hasta que el juez instructor les aclarase si la actriz se mantenía o no en el caso.

El abogado de Jorge Piedrafita es también el letrado de la inspectora de la Policía Nacional que ha denunciado por agresión sexual al ex director adjunto de la Policía (DAO) José Ángel González.