Un abogado se querella contra la juez de la dana por incluir a su marido en la instrucción
La acusación particular pide apartar a los magistrados de la carrera judicial y trasladar el caso a la Audiencia Nacional
Varios coches afectados por la dana en Utiel (Valencia). | Diego Radamés (Europa Press / ContactoPhoto)
El abogado Rubén Gisbert, que ejerce de acusación particular en el procedimiento judicial relacionado con la dana de Valencia, representando a ocho familias de víctimas, ha presentado este martes una querella contra la juez del caso, Nuria Ruiz Tobarra, y su marido, Jorge Martínez Ribera, por presuntos delitos de coacciones, revelación de secretos por parte de profesionales obligados a confidencialidad, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario público.
La querella, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se ha presentado tras los audios publicados este martes por Okdiario, en los que se escucha nítidamente a Martínez Ribera interrogando a una víctima de la dana, interesándose por datos clave para la instrucción y dando instrucciones a la funcionaria que levantaba el acta, pese a no tener atribuciones para ello. De este modo, se prueba finalmente la implicación del magistrado: Manos Limpias se querelló contra Ruiz Tobarra por presunta injerencia de su marido, presentando testimonios de víctimas afirmando que el interrogatorio lo realizaba Martínez Ribera, pero fue archivada por falta de pruebas.
La magistrada calificó las informaciones sobre la presunta injerencia de su marido como «una campaña difamatoria» que «destila un machismo atroz», negando la máxima. Es más, Ruiz Tobarra abrió una pieza separada contra el abogado de una de las defensas por denunciar públicamente que su marido le realizaba los interrogatorios.
Un chat de WhatsApp
La prueba que aporta ahora la querella presentada por Gisbert es el audio en el que «se puede escuchar claramente la voz de D. Jorge Martínez Ribera interrumpiendo, preguntando y participando activamente en la declaración», lo que demuestra cómo «no solamente estuvo presente durante toda la declaración, sino que tomó parte activa de la misma preguntando e interviniendo en la transcripción de la misma».
La querella aporta otra prueba nueva, que es un grupo de WhatsApp que aglutina a familiares de víctimas a las que se tomó declaración y «para su estupefacción una gran cantidad de citados a declarar hasta esa fecha manifestaron que efectivamente de D. Jorge Martínez Ribera no solamente había estado presente durante sus declaraciones sino que durante las mismas había dado indicaciones a la instructora y funcionaria de qué apuntar, participó en los interrogatorios e incluso llegó a realizar él solo la diligencia de investigación en sustitución de la magistrada instructora».
En el chat se puede ver a una persona quejándose de cómo el marido de la juez le atendió en la testificación alegando esta estar «hasta arriba de trabajo», a lo que otra responde: «Yo cuando fui, estaban los dos, y su marido me pareció muy agradable, le decía apunta esto, apunta lo otro, pero súper agradables los dos».
El querellante considera que estamos «ante una evidente y palmaria injerencia en la instrucción penal, entendiendo esta como la intromisión, presión o actuación sin habilitación legal por parte de agentes externos —generalmente del poder político, ejecutivo o medios de comunicación— en la fase de investigación judicial (instrucción), acción pone en riesgo la independencia judicial, la imparcialidad del juez y horada la credibilidad del Estado de derecho».
«En atención a todo lo expuesto, resulta claro y evidente que la imparcialidad, independencia, objetividad y en particular el requisito legalmente exigido durante la práctica de la prueba y la adopción de diligencias que debe estar fundamentado por “la sana crítica” está severamente comprometido por Dña. Nuria Ruiz Tobarra al estar actuando colegiadamente en su instrucción con su cónyuge por motivos que nos son ajenos, pero de cuyos efectos están cristalizando en una investigación sesgada y cargada de arbitrariedades que en nada se circunscriben a su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley en el orden jurisdiccional penal», expone la querella.
Por todo lo expuesto, Rubén Gisbert solicita suspender cautelarmente a Nuria Ruiz Tobarra y a Jorge Martínez Ribera de la carrera judicial, proceder a la evaluación psiquiátrica de la juez «con el fin de esclarecer si su actuación y comportamiento ha sido fruto de dolo o de encontrarse mentalmente incapacitada», y trasladar las actuaciones a la Audiencia Nacional. Todo esto, tras haberse declarado la nulidad radical y originaria de la instrucción por «vulneración de los principios básicos de práctica procesal de la instructora, habiéndose practicado diligencias por terceras personas sin perjuicio de que pueda haber más implicadas».