La Policía no activó el protocolo de acoso tras una denuncia a mandos de violencia de género

«Una práctica habitual». Esas fueron las palabras que utilizó la Policía Nacional para no tramitar una denuncia interna contra dos altos mandos de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) que interpuso una agente de esa unidad especializada en violencia de género. La presunta víctima demandó entonces a sus superiores por hostigamiento y mobbing durante dos años. Solicita una indemnización de 179.545 euros por daños y perjuicios. El Juzgado de lo Social número 23 de Madrid ha citado a las partes en septiembre para celebrar el pertinente acto de conciliación antes de llegar a juicio. Fuentes de la Dirección General explican que el protocolo se activó, se tramitó y se archivó. La encargada de hacerlo fue la Subdirección General de Recursos Humanos.

La exagente de la UFAM Central comenzó a sufrir el supuesto acoso en 2022, tras la llegada a la unidad del subinspector D.F., «quien mantenía una relación de amistad con la inspectora M.G.Z.», la superior directa de la presunta víctima, ambos demandados. A partir de ese momento se produce «un cambio en el ambiente laboral», que coincidió con que la demandante aceptara convertirse en representante de un sindicato en la escala básica.

Desde ese momento, la agente comenzó a experimentar un trato discriminatorio «consistente en el aislamiento sistemático, la exclusión de reuniones y operativos relevantes, la sustracción de funciones previamente asignadas y la eliminación de oportunidades formativas, hostigamiento directo y personal, persecución y trato vejatorio». Denuncia que el acoso se produjo durante más de dos años y que incluyó varios cambios de destino. En ese periodo, también acumuló diversas bajas médicas.

La respuesta de la Policía

La demanda a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE subraya que la exagente de la UFAM intentó hablar con la Comisaría Principal de la unidad para exponer la situación. Sin embargo, la solicitud de reunión fue rechazada. Esa decisión le llevó a interponer una denuncia interna en octubre de 2023 en la Subdirección General de Recursos Humanos, que también le denegó una audiencia con la entonces comisaria principal, María Cristina Marí García. Quien sí atendió su petición fue Rafael Pérez, en ese momento comisario general de la Policía Judicial.

En los meses posteriores, la presunta víctima intentó abandonar la UFAM, aunque le indicaron que cualquier posibilidad de salida pasaba por una orden general que pidió finalmente en abril de 2024. En mayo, la denunciante, de baja médica, fue citada en el Departamento Sanitario de Servicios Médicos de Canillas, donde fue interrogada por un médico, que le requirió explicaciones sobre la falta de envío de sus partes médicos.

La agente explicó que desconocía esa circunstancia y que no se le había notificado la necesidad de remitir dicha documentación. La demanda precisa que, tras una intervención quirúrgica en noviembre del año anterior, envió el pertinente informe médico «sin recibir notificación de irregularidades en la tramitación».

«Tras revisar conjuntamente los correos electrónicos, se constató que la falta de notificación se debió a un nuevo boicot administrativo presuntamente ejecutado por la inspectora M.G.Z., quien habría obstaculizado deliberadamente la recepción de la documentación. Ante esta situación, el doctor Outeriño señaló que esta acción podría ser constitutiva de acoso laboral, debido a que la omisión de la notificación pudo haber derivado en la incoación de un expediente disciplinario en contra de la denunciante», señala la demanda.

«Una práctica habitual»

La demanda recoge que hubo otros compañeros que también denunciaron a sus superiores de la UFAM Central por acoso por vía interna, pero que todos los casos fueron archivados por una resolución de la Dirección General de Policía porque los hechos relatados constituían «una práctica habitual». Además, subraya que cuando el jefe en el nuevo destino de la presunta víctima, la Comisaría de Policía de Getafe, conoce que había sufrido acoso laboral, lamenta haberla incorporado a su equipo, «revictimizando nuevamente a la demandante». Días más tarde, los dos denunciantes de hostigamiento pasan a formar parte de la unidad de Patrimonio, cuando formaban parte inicialmente de la de Delitos Tecnológicos.

«A lo largo de todo 2024, la Administración no activó ningún protocolo de prevención de riesgos psicosociales ni realizó evaluación alguna de los riesgos laborales en su entorno de trabajo. No hubo intervenciones por parte de Prevención de Riesgos ni medidas de protección para garantizar su bienestar», destaca la demanda interpuesta por el abogado laboralista Roberto Mangas. Este explica que su clienta sigue en tratamiento psiquiátrico y psicológico «sin haber recibido respuesta favorable de la Administración ni garantías de que cesarán las represalias en su contra».

Mangas señala que el servicio de prevención de riesgos laborales de Madrid no ha examinado a la exagente de la UFAM, ni se ha elaborado el preceptivo informe psicosocial en ninguna ocasión. «La Jefatura de la Comisaría, pese a tener conocimiento de todo lo anterior, no ha aplicado medidas para solucionar dicha problemática», insiste la demanda. E insiste: «No es que no se haya adoptado ninguna medida para solucionar el conflicto, sino que este se ha visto agravado a consecuencia de dicha pasividad». Como avanzó este diario, la Policía tampoco habilitó ningún canal interno para atender a la inspectora que denunció la agresión sexual del exDAO José Ángel González Jiménez.

Agentes y sindicatos consultados advierten del peligro de desatender los canales internos de denuncia. Como ya avanzó este diario, la Policía incumplió su propio protocolo y paralizó el proceso interno que debía haber puesto en marcha después de que la inspectora que se querelló contra el exDAO cogiese la baja laboral tres meses después de la presunta violación. En su caso, el Ministerio del Interior ha abierto un canal de comunicación permanente y la actual número dos del Cuerpo, Gema Barroso, tiene contacto casi diario con ella. Mangas, en cambio, reprocha que nadie se haya puesto en contacto con su clienta, aún de baja, ni se haya preocupado de su estado de salud.