El cargo de Ribera detenido aceleró proyectos de Forestalia frente a los de otros promotores

La empresa aragonesa de energías renovables Forestalia recibió un trato de favor en el Ministerio de Transición Ecológica. Los investigadores consideran a Eugenio Domínguez clave para que la empresa consiguiera las licencias que se negaban a otros promotores. Sospechan que el subdirector de Calidad y Evaluación Ambiental durante la etapa de Teresa Ribera, detenido el pasado martes, también aceleraba sus proyectos en detrimento de otros. La firma de Fernando Samper obtuvo el visto bueno para el Clúster del Maestrazgo a través de un procedimiento insólito en julio de 2024, un año antes de que se rechazara el expediente de Matarraña, a pesar de que Green Capital había iniciado los trámites cinco meses antes.

Transición Ecológica tumbó el pasado julio, ya sin Ribera al frente, un macroproyecto de energía eólica en la sierra de Teruel al considerar que los molinos que pretendía instalar Green Capital en la zona del Matarraña eran incompatibles con la supervivencia de la fauna local. Esas instalaciones resultaban «inasumibles» para especies como el buitre leonado o el águila perdicera, en serio peligro de extinción.

La declaración ambiental negativa afectó a una amplia zona en la que solo un año antes se había autorizado el Clúster del Maestrazgo, el mayor parque eólico planeado en España hasta la fecha. Matarraña comprendía la instalación de 87 generadores, por los 122 de Forestalia, una treintena de ellos en la misma ubicación. Las alegaciones en contra de ambos proyectos fueron muy similares: afectación a los espacios naturales, a la biodiversidad y a los usos del territorio. Pero no corrieron la misma suerte.

Asesor de Ribera

Toda instalación que supere los 50 megavatios en España es de competencia estatal, por lo que debe ser tramitada por el Ministerio. Ese escenario afectaba tanto al Maestrazgo como a Matarraña, que tuvieron destinos diferentes. El proyecto de Forestalia obtuvo luz verde a pesar de que la Comunidad Valenciana emitió un informe de impacto ambiental negativo. El dictamen era vinculante. Cuando una región se muestra en contra de este tipo de proyectos, Transición Ecológica paraliza el procedimiento, algo que no ocurrió con el plan de Forestalia, que se remitió al Consejo de Ministros.

En un procedimiento insólito, el Gobierno aprobó el Clúster del Maestrazgo el 23 de julio de 2024 pese al informe desfavorable y la fuerte oposición social. La decisión se tomó un año antes de que se resolviera el proyecto de Green Capital, que había iniciado los trámites cinco meses antes. Los investigadores consideran que detrás de esa maniobra se encontraría, presuntamente, la mano de Domínguez, que hacía unos meses que había abandonado el departamento de Ribera.

Trabajadores de Transición Ecológica revelan que Domínguez exigía que todas las licencias de Forestalia pasaran por él. Las habría aprobado sin poner trabas, presuntamente, a cambio de participaciones en empresas del grupo. No ocurría lo mismo con las solicitudes de otros promotores, a las que incluso habría puesto palos en las ruedas. Green Capital comenzó los trámites para Matarraña el 17 de agosto de 2021, indican a THE OBJECTIVE fuentes de la investigación. Forestalia lo hizo en enero de 2022. A pesar de ello, obtuvo la resolución un año antes que su competidor.

La resolución ministerial rechazó el proyecto de Matarraña, que afectaba a 15 municipios de las provincias de Teruel, Zaragoza y Tarragona, al considerar que suponía afecciones graves a espacios naturales y especies protegidas como el águila perdicera, el alimoche, el milano real y varios tipos de murciélagos. El proyecto habría supuesto alterar hábitats, el sobrevuelo de zonas de especial protección y una fragmentación del paisaje considerada incompatible con la conservación de su entorno natural.

Informes insuficientes

El departamento de Ribera reconoció que los informes que presentó Capital Energy eran insuficientes o estaban incompletos en apartados clave, como el impacto acumulado de otras infraestructuras similares en la zona, los efectos sobre especies de quirópteros y la compatibilidad del proyecto con los planes de gestión de la Red Natura 2000 en Aragón y Cataluña. Unas cuestiones muy parecidas a las que alegó la Comunidad Valenciana para remitir un informe de impacto ambiental negativo respecto al Clúster del Maestrazgo, que acabó viendo la luz.

El proyecto logró los permisos a pesar de que en esa zona es muy amplio el catálogo de especies animales en peligro de extinción, como la alondra ricotí, el milano real y el águila perdicera. También hay otras aves rapaces consideradas «vulnerables» o «sensibles a la alteración de su hábitat». En este caso, las declaraciones de impacto incluyeron que el plan incluía medidas preventivas y correctoras.

Domínguez se jubiló en junio de 2023. Para evitar su salida del ministerio, Ribera, actual comisaria europea, le contrató como asesor hasta diciembre. Solo seis meses después, el Consejo de Ministros aprobó el Clúster del Maestrazgo, que se extiende por las provincias de Teruel y Castellón. Incluye 20 parques eólicos con un total de 122 aerogeneradores de más de 200 metros de altura. De ellos, 84 se sitúan en la Red Natura 2000, creada para proteger la biodiversidad en ciertas áreas, y varias decenas dentro de una Zona de Sensibilidad Ambiental Máxima.

El Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Teruel investiga delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La causa tiene su origen en la posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, a favor de Forestalia y otras 30 instalaciones solares y eólicas de Teruel. Con el Clúster del Maestrazgo, la empresa de Samper habría dado un pelotazo de 500 millones de euros con su venta al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).