Impulso Ciudadano recurrirá ante el Supremo la cesión de la Seguridad Social al País Vasco

La entidad Impulso Ciudadano ha informado este miércoles que está preparando la interposición de varios recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo frente a las normas aprobadas por el Gobierno que transfieren al País Vasco la gestión de las prestaciones por desempleo, determinadas prestaciones familiares no contributivas del sistema de Seguridad Social y el seguro escolar.

Los recursos se dirigirán frente a los correspondientes reales decretos de traspaso de las competencias al País Vasco y las órdenes ministeriales que publicitan los convenios de transferencia. Según lo previsto, el traspaso tendrá eficacia a partir del 1 de enero de 2027.

La entidad, que preside Rafael Arenas, considera que estas transferencias quiebran «principios esenciales del sistema constitucional de Seguridad Social y generan un precedente institucional extremadamente grave». «El artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos deben mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos. Este mandato constitucional se ha construido históricamente sobre tres pilares básicos: la unidad del sistema, la solidaridad financiera de todos los ciudadanos y la igualdad en el acceso a las prestaciones», abundan.

Sobrefinanciación

A juicio de Impulso Ciudadano las transferencias aprobadas por el Gobierno ponen en riesgo este modelo constitucional, al introducir mecanismos que pueden conducir a una progresiva territorialización de prestaciones del sistema de Seguridad Social.

En particular, es especialmente preocupante que los convenios de transferencia vinculen el coste de determinadas prestaciones al mecanismo de cálculo del cupo del concierto económico, conectando así el sistema de Seguridad Social con el sistema de financiación territorial del País Vasco.

«Si atendemos a los datos estadísticos oficiales de la Seguridad Social, relativos a las prestaciones no contributivas, la aplicación del cupo supondrá una sobrefinanciación en porcentajes que superarán en muchos casos el 200% y que incluso llegarán al 1000% en las prestaciones de hijo a cargo mayores de 18 años con discapacidad del 75%», denuncian.

Competencias estatales

En su comunicado, sostienen que la sobrefinanciación pasará a ser soportada por el sistema de Seguridad Social, «que sufrirá la detracción de unos recursos que, además, no tendrán ya por objeto financiar prestaciones del sistema». Y creen que «plantea serias dudas sobre su compatibilidad con el principio de unidad de caja y con la competencia exclusiva del Estado sobre el régimen económico de la Seguridad Social, prevista en la Constitución».

A la espera de que concreten su recurso, advierten de que las normas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez no constituyen una mera «reorganización administrativa”, sino que pueden suponer «una alteración estructural del modelo de Seguridad Social diseñado por la Constitución de 1978″.

«La Seguridad Social se basa en un principio fundamental de solidaridad territorial e intergeneracional: todos los ciudadanos contribuyen al sostenimiento del sistema y todos tienen derecho a recibir protección en condiciones de igualdad, sin que sus recursos puedan destinarse a otros fines ni servir a otros objetivos», concluyen a este respecto.

Preocupación por la «deriva» de los pactos políticos

Impulso Ciudadano lamenta que la política de pactos entre el PSOE y el nacionalismo vasco esté impulsando decisiones que afectan a uno de los pilares fundamentales del Estado social: «La Seguridad Social constituye una de las instituciones que mejor reflejan la solidaridad entre los españoles y la cohesión del país. Alterar su arquitectura institucional y sus principios rectores por razones coyunturales de estabilidad parlamentaria supone, a juicio de esta asociación, un grave error político».

Los recursos contencioso-administrativos están siendo preparados por el equipo jurídico de Impulso Ciudadano con la colaboración de la Fundación Impulso y Cooperación que ya anunció en su acto de presentación en el Congreso de los Diputados que promovería la interposición de acciones judiciales si las normas de transferencia no respetaban el marco constitucional.

Ambas entidades consideran que los traspasos de competencias vulneran los artículos 41 (régimen público de Seguridad Social), 149.1.1 (condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles) y 149.1.17 (legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social) de la Constitución.