La Justicia admite a trámite el recurso de la Fundación Franco contra su extinción
La FNFF asegura que no emplea ninguna expresión humillante o vejatoria para las víctimas del franquismo
Detalle de la placa de entrada en la sede de la Fundación Francisco Franco. | EP
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) contra la resolución del Ministerio de Cultura que insta su extinción. El Ministerio de Cultura comenzó a tomar acciones legales para instar judicialmente a la extinción de la FNFF en junio de 2024, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y la ley de Fundaciones.
En el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM acuerda estudiar el recurso de la FNFF contra la decisión del Gobierno. La Fundación Franco ha alegado la caducidad del procedimiento administrativo, la inexistencia de presupuesto legal habilitante para la extinción y la vulneración del derecho de defensa.
En su recurso, al que ha tenido acceso esta agencia, la fundación asegura que no emplea ninguna expresión humillante o vejatoria para las víctimas del franquismo, sino que interpreta el problema desde una perspectiva distinta. Además, niega hacer apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado o la dictadura ni a sus dirigentes, ni que haya menosprecio o incitación al odio o la violencia.
La fundación reclama la suspensión del procedimiento y alega daños irreversibles como su propia extinción, un daño reputacional institucional y la alteración irreversible de la situación jurídica de la entidad. La FNFF señala que el procedimiento administrativo en su contra implica la desaparición de su personalidad jurídica, la liquidación de su patrimonio y la frustración definitiva de sus fines fundacionales.
Además, la entidad asegura que su prohibición no es una mera actuación administrativa de control, sino un procedimiento sancionador. La fundación afirma que es la «primera vez en democracia» que está «en juego» su extinción, alegando que es un organismo que funciona desde «hace 50 años». Por lo que considera que su ilegalización «viola el artículo 34 de la Constitución» y los derechos fundamentales de la libertad de expresión ideológica.