La Fiscalía prevé reclamar a Jésica que devuelva lo que cobró de Ineco y Tragsatec

No existe ningún pacto entre Jésica Rodríguez García y la Fiscalía Anticorrupción. Las sospechas, vertidas por el entorno de José Luis Ábalos y alimentadas este martes por la insólita protección otorgada por el Tribunal Supremo a la ex-escort del exministro de Transportes, han generalizado la sensación de que el Ministerio Público mantenía un pacto secreto con la mujer cuyo testimonio es clave para sostener los indicios incriminatorios sobre Ábalos. Sin embargo, fuentes de la Fiscalía aseguran a THE OBJECTIVE que no solo no hay un acuerdo, sino que ni Jésica ni ninguno de los miembros de su defensa han iniciado un acercamiento con ese propósito.

El hecho de que Jésica Rodríguez no esté imputada —pese a beneficiarse de una estancia de lujo pagada por terceros y ser enchufada en dos empresas públicas sin ir a trabajar— también ha disparado las especulaciones. Y, según las fuentes consultadas, su consideración jurídica seguirá siendo la de testigo y no la de investigada. Sin embargo, en los planes de la Fiscalía a medio y largo plazo sí se contempla que Jésica vaya a tener un reproche penal en el marco de la causa que se investiga en el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional.

Según ha podido saber este periódico, Anticorrupción prevé pedir condenarla como partícipe a título lucrativo del delito de malversación, por beneficiarse de cobrar de dos empresas públicas y el pago de una vivienda de lujo durante dos años y medio. Algo que no ocurriría de manera inmediata, sino en otro procedimiento, cuando concluya la instrucción del magistrado Ismael Moreno sobre la presunta financiación irregular del PSOE y los amaños de obra pública.

La figura del partícipe a título lucrativo conllevaría el reconocimiento de su responsabilidad civil e implicaría que el Ministerio Fiscal reclamaría a Jésica el pago de la cantidad defraudada. Según las fuentes consultadas, Jésica estaría obligada a devolver 44.000 euros por sus remuneraciones en Ineco y Tragsatec, donde estuvo contratada de febrero de 2019 a septiembre de 2021. Otras fuentes creen que incluso se le podría exigir el abono de los cerca de 90.000 euros que el socio de Víctor de Aldama, Luis Alberto Escolano, pagó por el piso de Plaza de España, desde marzo de 2019 a marzo de 2022, durante un total de tres años.

Según regula el artículo 122 del Código Penal, el responsable civil a título lucrativo es una figura que se establece para el beneficiario de un hecho delictivo sin participar en la comisión del mismo y establece que quien «hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación».

La Fiscalía reconoce la ‘colaboración’ de Jésica

Lo que subyace tras el supuesto trato favorable que recibe la joven odontóloga que mantuvo una relación personal y profesional con Ábalos, es la convicción de la Fiscalía de que se le debe dispensar un trato justo por haber brindado información muy útil, explican fuentes de la sala segunda del Supremo. «Fue su confesión la que permitió aflorar un delito desconocido hasta ese momento: que no iba a trabajar a esas dos empresas públicas» en las que fue contratada por la mediación del entonces ministro de Transportes.

Una ausencia en su puesto de trabajo que habían negado las auditorías internas de Ineco y Tragsatec y la propia auditoría realizada por el ministro Óscar Puente en Transportes, que concluían que «no se había detectado ninguna irregularidad de las mujeres contratadas» y que sí habían ido a trabajar.

Tanto el Ministerio Público como los miembros de la Sala Segunda ponen en valor que «Jésica ha confesado el delito», lo cual implica una colaboración con la justicia. Y lo hace pese a que la defensa de Ábalos, Koldo y Joseba García Izaguirre sigue sosteniendo que sí fue a trabajar, que tenía mucha carga de trabajo y que, incluso, ella misma hacía los partes horarios, en contra de la ingente documentación hallada en los dispositivos móviles incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La capacidad financiera de Jésica

Es decir, la Fiscalía está reconociendo de facto a Jésica su colaboración con la Justicia, pero esto no implica que vaya a salir indemne de este proceso. Al menos, no desde el punto de vista económico. Otras fuentes judiciales desvelan a este diario que Jésica Rodríguez García habría manifestado ya su voluntad a instancias judiciales de restituir el dinero defraudado y tiene capacidad financiera suficiente para hacerlo.

La joven, que pactó un «salario mínimo mensual» de 6.000 euros al mes con Ábalos, según consta en los correos electrónicos exclusivos publicados por THE OBJECTIVE, tuvo fondos suficientes para comprarse un inmueble en la exclusiva calle Sor Ángela de la Cruz en Madrid en marzo de 2022, tres días antes de abandonar el piso de Plaza de España y justo cuando acababa de terminar sus estudios de Odontología, sin haber todavía ejercido profesionalmente en ningún puesto de trabajo.

Su voluntad de reponer el dinero presuntamente defraudado pretende además poner de relieve que desconocía que las ubicaciones elegidas por Ábalos como lugar de trabajo mientras estudiaba la carrera eran empresas públicas. Esta es la parte que consideran más endeble y menos creíble de su testimonio, si bien «no se puede demostrar que conocía que lo eran». Por este motivo, no existen más indicios sólidos para realizar una imputación sobre Jésica respecto de los delitos investigados, como tráfico de influencias, cohecho o prevaricación. La única fórmula que contempla la Fiscalía Anticorrupción es la de partícipe a título lucrativo de un delito de malversación, una fórmula que se empleó por primera vez con el PP en la sentencia del caso Gürtel.