El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha convocado a la oposición a la reanudación del diálogo nacional para el próximo miércoles 27 de febrero, con el fin de buscar una salida a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que ha dejado al menos 320 muertos y cientos de detenidos y ha obligado a miles de personas a salir del país.
El Gobierno de Nicaragua ha ordenado la detención de dos periodistas críticos con el presidente, Daniel Ortega. Asimismo, una reportera ha huido del país por miedo a ser arrestada.
La defensora de derechos ambientales y activista social nicaragüense Mónica López ha denunciado este lunes amenazas de muerte y ha procedido a su salida «forzosa» del país, en el marco de las protestas antigubernamentales que han dejado ya más de 320 muertos desde que estallara la crisis sociopolítica el pasado 18 de abril.
El Gobierno de Nicaragua ha autorizado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar una visita de trabajo para observar la situación de los derechos humanos en el país, que se encuentra sumido en una crisis que se ha cobrado la vida de más de 50 personas.
«Estamos profundamente preocupados por los recientes ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes, que aumentan la presión sobre los medios de comunicación en Venezuela. Esto es especialmente alarmante dada la escasez de alimentos y medicamentos en el país, la crisis económica y las fuertes tensiones sociales y políticas», apuntaron en un comunicado conjunto divulgado en Washington los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, y de la CIDH, Edison Lanza. Las fuerzas de seguridad deben “proteger y no hostigar a los reporteros y periodistas que llevan a cabo su labor legítima de informar al público», ha destacado Kaye en una declaración. También expresaron su preocupación sobre la decisión del pasado 8 de junio del Tribunal Supremo de Justicia de prohibir a las webs La Patilla y Caraota Digital publicar vídeos sobre linchamientos. «Esta reciente resolución del Tribunal Supremo establece una restricción desproporcionada y poco razonable, contradiciendo los estándares interamericanos e internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura», ha apuntado Lanza.
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